El diputado de la UDI Javier Macaya no descartó que su partido acuda al Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación por parte del Gobierno de un nuevo reglamento de objeción de conciencia en el marco del proyecto de Ley de aborto en tres causales.
El parlamentario que además integra la comisión de Salud de la Cámara dijo: "Lo vamos a revisar y lo vamos a conversar de que podamos recurrir al TC, de que podamos hacer alguna presentación jurídica porque creemos que la Contraloría se equivocó, el Gobierno estaba de alguna manera forzado también a dar cumplimiento de un dictamen de la Contraloría".
Macaya sostuvo que esta materia se conversó hace tres semanas en un comité político con sus pares de RN, recalcando que es algo que tienen que revisar al ser una alternativa razonable pero que no significa ir en contra del Gobierno.
"De alguna u otra manera está obligado a cumplir lo que la Contraloría le ha señalado y en ese sentido se ha visto forzado a dictar un protocolo, en este caso un reglamento que es bastante similar al que había dictado en su momento la Presidenta Bachelet", agregó.
Significativo
En tanto, el diputado PS y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, enfatizó que el reglamento "es bastante significativo porque creo que ha triunfado la democracia".
A su juicio, con esta decisión, La Moneda dio "un paso en falso" de tal magnitud que hizo perder casi seis meses la implementación de la ley de aborto y que además se acabará el "doble estándar" con las clínicas privadas.
"Nosotros decimos este protocolo es correcto. Esto es lo que nunca debió haberse modificado y el tiempo nos dio la razón y le dio la razón a la Presidenta Bachelet cuando dictó su protocolo en enero pasado. Que ahora aparezcan sectores de Chile Vamos cuestionando o insinuando ir al TC a mí me parece sospechoso", acotó el legislador.
Agregó que "lo que yo quiero ver hasta dónde esta prueba de la blancura hace que el Gobierno ordene sus filas y definitivamente sea éste el reglamento y no sea impugnado y llevado a ninguna otra instancia para poder dirimirlo".
En el documento se restablece la restricción para ser objetores de conciencia a las instituciones privadas que reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología que se incluía el primer escrito presentado por el Gobierno anterior y que éste derogó.
"Las instituciones no debieran tener conciencia porque no tienen ¿Cómo una institución va a ser conciente? La objeción de conciencia si uno la aplicara es excepcionalisima porque significa que algunos chilenos tienen el privilegio de no cumplir con la ley porque tienen que hacérsela todos los chilenos", manifestó el senador Guido Girardi (PPD).
Ministro
El ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó que los servicios de salud pueden tener convenio con instituciones privadas bajo el Decreto de Fuerza de Ley 36 y, a partir de eso, el Servicio de Salud contrata la atención en ese lugar privado, para que atienda a los pacientes del Servicio Público y se paga por esa atención. "Han existido acuerdos que son amplios y que incluyen todo tipo de patologías, entre ellos, aquellos que involucrarían la interrupción del embarazo en tres causales. Y eso es lo que generó, a partir del dictamen de la Contraloría, que estas instituciones no pudieran ser objetores de conciencia", subrayó.
