El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió ayer dejar con arresto domiciliario total al general (R) Gonzalo Blu, exjefe de Inteligencia de Carabineros, y a Alex Smith, creador del programa "Antorcha", en el marco del denominado caso Huracán. El tribunal decidió en cambio que quedara en prisión preventiva el capitán (R) Leonardo Osses.

Esta medida cautelar se aplicó luego de que los tres fueran formalizados por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

El juzgado tomó la determinación pese a que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los tres imputados. El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dijo en relación a las cautelares de Blu y Smith que son "insuficientes".

La decisión de la jueza Marcia Castillo ocurrió tras una semana de audiencias en el caso en que se indaga la presunta implantación de pruebas falsas en la denominada "Operación Huracán, que terminó con la detención en septiembre de 10 comuneros, entre ellos, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La jueza sumó en la audiencia que tanto Smith como el exjefe de inteligencia colaboraron con la investigación y se rechazó un posible peligro de fuga. En el caso de Osses, se acreditó "una participación más directa en los hechos", por lo que cumplirá reclusión en la Segunda Comisaría de Temuco, lo que fue criticado por representantes de los comuneros.

Ayer, Gonzalo Blu sumó que "no soy parte de esta asociación ilícita y menos jefe de la misma". El general director de Carabineros, Hermes Soto, acotó que "espero que en el futuro no nos vuelva a ocurrir una situación de esta índole".

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, manifestó ayer a T13 Radio que el Ministerio Público investiga un presunto encubrimiento en el caso del excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, quien quedó en prisión preventiva el 13 de julio tras ser formalizado por abusos a menores. El sacerdote ejerció esa función durante el mandato del cardenal Ricardo Ezzati.

"Nuestra investigación busca determinar si hubo otras denuncias y si esas denuncias fueron conocidas o no por el obispo. Acá también puede ser un tema de encubrimiento", expuso Arias.

Por su parte, el fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, quien indaga abusos en la Congregación Marista, aseveró a Radio Biobío que solicitará al Vaticano el "Informe Scicluna".

Michael Seguel P. - Medios Regionales

En internación provisoria en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la capital quedó ayer un menor de 16 años, acusado de robar y violar a una mujer de 38, en el Parque Los Reyes de Santiago. Así lo resolvió el tribunal tras formalizarlo por el delito de robo con violación en el Centro de Justicia capitalino.

La teniente Paulina Ardiles, oficial de ronda de la Prefectura de Carabineros, precisó ayer que son cuatros los integrantes de la banda que perpetraron el crimen. Todos serían menores y, de acuerdo a la investigación, intimidaron a la víctima con armas blancas, que no fueron encontradas en el lugar.

"Una pareja estaba compartiendo en el parque cuando llegan cuatro individuos a rostro descubierto. Al hombre lo sacan del lugar y a la mujer la llevan a un sector de matorrales, donde es violada", dijo Ardiles en un punto de prensa, donde añadió que la víctima fue trasladada al Servicio Médico Legal (SML) para ser examinada.

Sumó que fue la pareja de la mujer quien llamó a Carabineros, cuyo personal detuvo a un menor de 16 y a otro de 13. Hasta ayer por la tarde no habían sido capturados los otros dos.

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el fiscal Roberto Alarcón agregó que el Tribunal de Familia se hará responsable del joven de 13, por ser inimputable ante la ley. El adolescente quedó bajo la custodia de sus padres.

Con respecto al adolescente de 16, Alarcón manifestó que "está sujeto a una escala de sanción especial de manera que puede llegar a una privación de libertad, pero con un límite de 10 años". Detalló, además, que en el caso de que la persona fuera mayor de edad, la penalidad podría alcanzar la cadena perpetua.

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, declaró a Canal 13 que "vamos a tomar todas las acciones legales y a perseguir este delito para poder sancionar a los culpables".

"(La pena) Puede llegar a una privación de libertad, con un límite de 10 años".

Roberto Alarcón,, fiscal."