Con 84 medios de prueba buscan acreditar salvaje crimen
Fiscalía logró la admisibilidad de toda la evidencia presentada en la acusación contra un adolescente, sindicado como el autor de los delitos de violación con homicidio y hurto reiterado, en perjuicio de líder social de Chonchi.
Con la presentación de 84 medios de prueba la Fiscalía de Castro como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) buscan acreditar la participación de un menor en el horrendo crimen de una dirigente social de Chonchi. Una causa por la cual el imputado arriesga la pena máxima dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
En el Juzgado de Garantía de la capital chilota ayer se fijaron las evidencias que se expondrán en el futuro juicio oral, que aún no se programa, pero que debe llevarse a cabo antes de 30 días.
Esta será la fase procesal decisiva por la muerte de Jacqueline Oliva Carrillo (51), registrada el 17 de octubre pasado, al interior de su hogar emplazado en calle Sargento Candelaria. En su dormitorio fue hallada con 14 estocadas en el rostro, cuerpo y extremidades, como también múltiples traumatismos producto de una golpiza. Además fue estrangulada en su propia cama y se le constataron lesiones sexológicas.
El estudiante de iniciales B.A.C.C. (17) es acusado por los delitos de violación con homicidio y hurto reiterado, ya que también se le asocia a la sustracción de diversas especies a la víctima y a uno de sus compañeros de pensión, por un monto superior a los 200 mil pesos.
Preparación
Para acreditar estos cargos, los acusadores expondrán sus antecedentes probatorios que este jueves fueron introducidos en la audiencia de preparación de juicio, donde todo el cúmulo de evidencia fue visado y podrá ser vertido en sala ante los sentenciadores.
18 testigos, 9 peritos, 31 documentos, 18 elementos materiales y otros ocho medios de prueba podrán ser utilizados, más allá de la oposición de parte del defensor Luis Mora, quien solicitó la exclusión de numerosa evidencia.
El abogado invocó el rechazo de cinco declarantes, al considerarlos "impertinentes por entregar datos ajenos a los hechos de la causa", acotó, insistiendo también en la eliminación de 27 pruebas documentales, argumentando la misma causal y que estas constituyen informes periciales.
A ello, el jurista sumó el rechazo de una evidencia material y la depuración de la introducción de otras tres. Y en definitiva solo este último punto fue recogido por la magistrada Jesica Yáñez, quien acogió todo el resto de la prueba.
Esta situación fue valorada por el fiscal de la causa, Luis Barría, quien recalcó que "toda la prueba que se incorporó pasó la admisibilidad de la jueza de garantía, estimamos que era todo pertinente en base a la gravedad de los delitos por los cuales se acusó".
El persecutor explicó que todos los testigos van a declarar por estos ilícitos, agregando que la prueba documental que fue cuestionada por la contraparte, "también tiene relación a estos hechos delictivos como sus alcances dentro de la causa, lo mismo que los antecedentes anteriores respecto del imputado".
Asimismo, la fuente especificó que con esta prueba de cargo "se espera dejar suficientemente claro al tribunal todos los datos que se reunieron y no dejar duda por la participación del imputado en este caso".
En tanto, el abogado querellante, Marcelo Urra, quien representa al Sernameg Los Lagos, explicó que la extensa evidencia reunida y que se logró fijar en esta reciente audiencia tiene como objetivo no solo acreditar la existencia de los ilícitos y la autoría del adolescente, sino también sustentar las cinco agravantes que invocaron.
Estas circunstancias son la alevosía, el ensañamiento, el abuso de la superioridad de las fuerzas, el abuso de confianza y el ejecutar el hecho con desprecio del respeto por la dignidad y sexo de la ofendida.
"La investigación duró varios meses, lo que permitió reunir una numerosa prueba y creemos que con todos estos antecedentes acreditaremos los delitos, las penas y las agravantes", expuso el profesional que al igual que el persecutor solicitó la pena máxima, 10 años de internación en régimen cerrado, como también 541 días por el hurto reiterado.
Familia
Justamente, a este rigor legal aspiran familiares y amigos de "Jacqui", como era conocida la dirigenta quien por muchos años lideró la Agrupación de Mujeres Jefas de Hogar de Chonchi. No transan una pena menor.
Como resaltó Marina Núñez Oliva, hija de la víctima fatal, es positivo que se haya considerado toda la prueba reunida en esta investigación. "Esperamos que con todos estos datos se puedan acreditar los delitos y la participación del imputado. Hay informes contundentes que dan cuenta de la existencia del delito sexual y los otros cargos", acotó.
A su vez, la joven aseguró que espera contar con todo el apoyo de la comunidad y sus cercanos al momento del juicio oral. "Queremos que se haga justicia", concluyó.
"Toda la prueba que se incorporó pasó la admisibilidad de la jueza de garantía".
Luis Barría,, fiscal de la causa."
Cautelar
En la audiencia se revisó la internación provisoria contra el menor, medida que no era analizada desde febrero pasado, cautelar que se confirmó. El defensor Luis Mora invocó el arresto domiciliario total, argumentando que "en estos momentos de la causa no se han considerado aminorantes y que las agravantes por las que se acusó no se sustentan". Agregó que su representado "tiene contención familiar" y que por un tema de salud puede optar a una medida en el medio libre. El fiscal Luis Barría se opuso a este cambio, recalcando que el imputado "nunca ha mostrado arrepentimiento", añadiendo que constituye un peligro para la sociedad y que existe riesgo de fuga. Mientras que el querellante Marcelo Urra señaló que "no se han incorporado datos nuevos que cambien las circunstancias expuestas en la formalización".
"Se mantuvo la internación provisoria porque se estimó que es un peligro para la sociedad".
Marcelo Urra,, abogado querellante."
10 años de internación en régimen cerrado invocan los acusadores por el delito principal.