Pedro Bárcena González
"Ahora resta poco... con esta audiencia nos estamos acercando al juicio, donde esperamos encontrar justicia". Así de expectante se encuentra Silvana Abrigo, hermana de la víctima que habría sido ultimada por su pareja en Dalcahue, después de realizarse ayer la fijación de la prueba que se expondrá en la sala donde se determinará la responsabilidad del acusado en los delitos de femicidio y desacato.
En el Juzgado de Garantía de Castro se efectuó la preparación del juicio contra el sujeto de iniciales M.H.V.A. (34), sindicado como el autor del asesinato de Paola Villalobos Mancilla (42), quien falleció el 7 de abril del 2017 producto de al menos 18 lesiones generadas con un objeto contundente y cortante, las cuales se concentraron en su cabeza, tórax y extremidades superiores.
En la sesión judicial el fiscal Fabián Fernández buscó la incorporación de los 86 medios de prueba que presentó en su acusación. Un cúmulo de evidencia que fue admisible en su gran mayoría por parte de la jueza Jesica Yáñez, quien solo estimó la exclusión de cuatro testigos y dos documentos.
Sobre el detalle, el defensor Rodrigo Zamorano centró sus alegaciones en causales de vulneración de garantías fundamentales para intentar el rechazo de cinco declarantes, otros cinco peritos, diez evidencias documentales y las 28 pruebas materiales.
El abogado enfatizó que algunas actuaciones policiales fueron ilegales. "El ingreso al domicilio del imputado no tenía acta de autorización, tampoco para la entrada y registro del mismo, solo existía (autorización formal) para la detención", aclaró.
La magistrada no acogió estos argumentos y mantuvo esta prueba, a diferencia de otros tres testigos de contexto que fueron excluidos. "Estas personas no declararon en la investigación, solo fueron empadronadas", señaló el defensor con relación a estos testigos separados por vulneración al debido proceso.
Asimismo, por economía procesal el jurista buscó el descarte de 15 testigos, aduciendo que "ellos entregan antecedentes de los mismos puntos expuestos en el resto de la prueba". Sin embargo, el fiscal replicó que este grupo lo conforman familiares que "darán cuenta de hechos distintos respecto al caso", como también funcionarios de la Brigada de Homicidios, "que realizaron diligencias diversas", acotó.
Esta presunción sobre abundancia de prueba no fue considerada por la sentenciadora, quien sí determinó eliminar dos pruebas documentales por impertinentes.
La consideración de la mayoría de los antecedentes probatorios para el juicio fue valorada por el abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) de Los Lagos, Marcelo Urra, quien actúa como querellante en la causa en representación de la hermana de la víctima.
"La prueba señalada por la Fiscalía y esta parte ingresó en gran parte para sustentar nuestra pretensión de condena de presidio perpetuo calificado por el femicidio consumado, mientras que por el desacato pedimos 5 años de presidio", manifestó la fuente, quien se adhirió a la acusación del Ministerio Público.
El abogado destacó el rol que jugará su representada en el futuro juicio oral, detallando que "ella podrá dar cuenta de la dinámica de violencia que sufrió Paola, la cual comenzó con agresiones sicológicas en Osorno y físicas, las cuales se traspasaron a Dalcahue donde finalizaron en este femicidio".
Máxima
Justamente, la pariente de la víctima espera que los tiempos se acoten para intervenir en la audiencia, que será la instancia clave en su lucha por encontrar justicia.
"Todo esto se ha alargado mucho, pero ya estamos llegando a la fase del juicio donde esperamos que se decrete la pena máxima, ya que este hombre no tiene derecho a nada", apuntó Silvana Abrigo, domiciliada en Arica, quien agregó que el acusado no ha tenido ningún acercamiento con su familia.
6 casos de violencia contra Paola se le judicializaron al obrero.
466 días privado de libertad permanece el acusado.
