Redacción - Medios Regionales
El caso Huracán cayó ayer como una tormenta contra dos de los principales imputados en el caso, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco revocara las medidas cautelares de arresto domiciliario que tenían el exdirector de Inteligencia de Carabineros, general (r) Gonzalo Blu, y el denominado profesor Alex Smith, y resolviera que ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras continúe la investigación de la Fiscalía por la presunta implantación de pruebas que llevó a la detención de ocho comuneros, en septiembre del año pasado.
La causa por implantación de pruebas es liderada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien este mes formalizó a Blu y a Smith por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. También fueron formalizadas otras nueve personas por el caso.
La Corte de Apelaciones ratificó además, en forma unánime, que el capitán Leonardo Osses deberá permanecer en prisión preventiva durante los 10 meses de investigación.
antorcha
De acuerdo al tribunal de alzada, el general (r) Blu fue el líder de la asociación ilícita que indaga la Fiscalía, creada para inventar pruebas valiéndose del sistema Antorcha creado por Alex Smith, consignó T13.
En la causa hay 10 querellantes entre los que están el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), consignó Radio Agricultura. Todos adhirieron a las solicitudes de prisión preventiva realizadas por la Fiscalía, sostuvo la misma radio.
La abogada de Leonardo Osses, Marisa Navarrete, confirmó que recurrirá a la Corte Suprema. "Se confirma la total falta de fundamento que existía en garantía respecto de los fundamentos que se hicieron valer por esta defensa respecto de mi imputado. La ilustrísima Corte tampoco hace un fundamento respecto de estas múltiples omisiones que pudimos observar en el juez de garantía", sentenció ayer la abogada, consignó Radio Cooperativa.
8 comuneros fueron detenidos en septiembre tras la falsa interceptación de mensajes.
10 meses son los que dio el tribunal de primera instancia al Ministerio Público para indagar el caso.
