Carolina Larenas Faúndez

Observaciones entregó la Contraloría General de la República tras una revisión a la subfase de diseño del Puente Chacao en materias como supervisión del contrato, plazos y examen de cuentas.

Para los dirigentes de los grupos que se oponen al proyecto el resultado de esta investigación reafirmar su planteamiento sobre la "ilegalidad" de la obra y respalda los cuestionamientos en contra del proyecto que han evidenciado en los últimos tres años.

En los últimos días fue entregado el informe que consideró el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2017 y tuvo por finalidad verificar si en la subfase de diseño la inspección fiscal y entes del ministerio con competencia en la materia intervinieron en la oportunidad y condiciones previstas.

Entre los principales resultados, la Contraloría detalla que en las indagaciones en el Departamento de Proyectos de Estructuras de la División de Ingeniería y en los departamentos de Puentes y Laboratorio de Vialidad se concluyó que para la revisión del diseño definitivo entregado por el consorcio constructor, las aludidas áreas no recibieron instrucciones específicas por parte de la inspección fiscal respecto de qué materias o sobre qué antecedentes debían efectuarla, situación que da cuenta de que en respecto a este punto dicho funcionario no desarrolló cabalmente sus funciones establecidas en las bases de la licitación.

De mismo modo, el informe señala que "la Dirección de Vialidad deberá instruir a quienes encomendó la obligación de fiscalizar el cumplimiento del contrato, que lleven un control oportuno del mismo, de acuerdo con lo mandatado en las bases de licitación, emitiendo solicitudes detalladas de los requerimientos que se generen y velando por la pertinente participación de las distintas unidades y profesionales que conforman la estructura dispuesta para la ejecución de este proyecto".

Además, entre las conclusiones está que "la inspección fiscal no había requerido al contratista una actualización de su programa de trabajo aunque para las correcciones del diseño le ha otorgado 340 días en total -250,60 y 30 días, respectivamente, prórroga que ha extendido la subfase de diseño -no ahí el plazo del contrato- a un período en el cual, según el mismo programa, el contratista ya debiera encontrarse realizando faenas en terreno.

Así, agrega que "se evidenció que carecía de un documento actualizado que refleje el desarrollo real del contrato y las actividades en ejecución y que evidencie de qué manera este último logrará recuperar en la subfase de construcción el tiempo que ha sido utilizado en efectuar las correcciones requeridas al diseño, pese a que inicialmente fue previsto para realizar trabajos en terreno".

Arbitrar

Junto con ello, la Contraloría establece que "la entidad auditada deberá arbitrar las medidas que sean necesarias para evitar la reiteración de situaciones como las descritas, llevando un control permanente y oportuno del plazo de cada etapa y del total del contrato, dada su envergadura y complejidad, tomando decisiones en base a análisis detallado de los antecedentes completos, adecuados y actualizados para exigir su fiel y oportuno cumplimiento".

También la Contraloría evidenció situaciones vinculadas al desarrollo de este proyecto que se generaron fuera del período que considera la auditoría y comprobó que el inspector fiscal aprobó un programa oficial de trabajo de 18 meses para la subfase de diseño definitivo, lapso superior al período de 12 meses definido en la oferta adjudicada, situación que se contrapone a lo dispuesto en las bases de licitación.

Por ello, la Contraloría da cuenta que "procederá a instruir un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones anteriores".

Tras analizar el informe de la Contraloría desde la organización Defendamos Chiloé, se expuso que "tal como lo señaló la Asociación de Ingenieros de Obras Públicas de Chile, en cartas públicas, el MOP no cuenta con la competencia profesional-técnica para desarrollar las funciones que la ley exige ante este tipo de obras públicas".

De lo anterior, sumó que "se desprende que funcionarios encargados de fiscalizar el cumplimiento del contrato no están exigiendo el cabal cumplimiento de este, no cuentan con mecanismos de control adecuados, ni cuentan con antecedentes idóneos ni fundamentos adecuados para ejercer su labor, lo que es altamente peligroso para los intereses de todos los chilenos y chilenas y el uso adecuado de dineros del Estado, según mandata la Constitución de la República".

Igualmente, el movimiento argumenta que "es de extrema gravedad que tampoco se estén cursando las multas que exige el contrato, reglamento MOP y la ley chilena. Con tres años de retraso reconocido por el ministro y los nuevos antecedentes, tenemos la certeza que se cumplen todos los requisitos para poner fin al contrato".

"Dado todo lo expuesto por más de tres años, solicitamos al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que ponga fin al contrato del Puente Chacao e inicie un dialogo serio, responsable y respetuoso con nuestros habitantes", cierra la organización.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se indicó que está analizando técnicamente el documento entregado por la Contraloría en los últimos días.

Una situación similar se informó desde la Gobernación, dando cuenta que mañana lunes, una vez que sea revisado el informe del órgano contralor, la representación del Ejecutivo en la provincia emitirá un pronunciamiento sobre el tema.

"Comprobado, teníamos razón una vez más, al igual que en el vertimiento de salmones".

Juan Carlos Viveros,, vocero de Defendamos Chiloé."