Carolina Larenas Faúndez

Revisando las conclusiones del informe entregado por la Contraloría sobre la auditoría a la subfase de diseño del Puente Chacao se encuentra el Ministerio de Obras Públicas para responder a las observaciones realizadas a algunos aspectos del proceso.

En este sentido, el seremi de Obras Públicas, James Fry, sostuvo que "frente al informe de la Contraloría General de la República recibido el viernes por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas es necesario señalar que las observaciones indicadas serán analizadas por nuestros equipos y se responderá al ente fiscalizador en los tiempos estipulados para ello".

Además, comentó que "por lo pronto, abordaremos las medidas correctivas pertinentes para seguir adelante con el proyecto Puente Chacao".

El período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2017 analizó la Contraloría, el que tuvo por finalidad verificar si en la subfase de diseño la inspección fiscal y entes del ministerio con competencia en la materia intervinieron en la oportunidad y condiciones previstas.

La Contraloría, entre otros aspectos, determinó observaciones a la supervisión y plazos de etapas de esta fase del contrato, proponiendo a la vez medidas.

Comité

Para Selim Barría, presidente del Comité Pro Puente Chacao, la construcción de la megaobra es un proceso en marcha que no tiene vuelta atrás.

"Estas son observaciones que pueden ser subsanadas en el proceso y no significa una paralización de las obras como algunas agrupaciones como Defendamos Chiloé plantean", relató el dirigente.

Junto con ello, Barría mencionó que "en este país tenemos todos los mecanismos para participar de este tipo de proyectos tanto por la vía administrativa como judicial y en estas dos instancias esta institución ha chocado con un pared y lamentamos que nuevamente quieran hacer noticias con esto".

A fines de febrero pasado comenzaron las obras definitivas del proyecto Puente Chacao, las que deberían concluir terminando el 2022 o a principios de 2023.

Una inversión de 360 mil 134 millones de pesos considera esta megainiciativa.

Dirigentes de pescadores artesanales de distintas partes del país se reunieron con el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), en Santiago para analizar el proyecto del Gobierno que busca modificar la Ley de Pesca.

Aunque en el encuentro los pescadores expresaron distintas posturas frente a la iniciativa de La Moneda, manifestaron su intención para impulsar la incorporación de diversas disposiciones al proyecto de ley que aborde las demandas más urgentes del sector.

En ese sentido, los pescadores destacaron que para ellos resulta fundamental abordar en la iniciativa legal: la propiedad pública de los peces, la modificación del Registro Pesquero Artesanal, el fraccionamiento de las cuotas de industriales y artesanales, la plataforma social, la perforación por parte de los industriales de las cinco millas exclusivas de la pesca artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre y la disminución del plazo de las licencias transables de pesca.

A la cita asistieron representantes de las diferentes confederaciones y de federaciones de cada una de las regiones del país.

Una moción para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura presentó el diputado Gabriel Ascencio (DC) tras el trabajo que realizó la Comisión de Pesca de la Cámara Baja en distintas comunas de la Región de Los Lagos, en la que estuvieron dirigentes chilotes.

Variantes como la propiedad de los recursos hidrobiológicos, así como de aquellas de carácter ambiental, económica y sociales, con un enfoque ecosistémico pesquero, que incluye área de reserva para la pesca artesanal, registro artesanal y varias otras materias forman parte del documento.

"La actual Ley de Pesca solo aborda la competencia del Estado desde el punto de vista de la jurisdicción, pero ha omitido pronunciarse sobre la naturaleza de los recursos sobre los cuales ejerce la jurisdicción, la soberanía o derechos de soberanía, por lo que la ley debe indicar que los recursos hidrobiológicos pertenecen al Estado", explicó.

Además, el parlamentario por la zona incorporó en su propuesta las variables sociales y económicas para el manejo, administración y conservación de los recursos.