Michael Seguel P. - Medios Regionales

La pareja de chilenos detenida el sábado en el aeropuerto internacional de Lima, al intentar salir de Perú con dos mellizos de cuatro meses que afirman tuvieron a través de un vientre de alquiler, arriesgan entre ocho y 15 años de cárcel, de acuerdo a la legislación de ese país.

De acuerdo al diario La República del vecino país, Jorge Tovar (48) y Rosario Madueño (46) son investigados por el delito de trata de personas, luego de que presentaran documentación falsa a la policía en el control migratorio, haciendo pasar a los bebés como sus hijos, pese a que estos habían nacido un día antes a su arribo al país.

El Código Penal de Perú dice que las personas condenadas por este delito arriesgan como mínimo una "pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 15 años". Como agravante, la pareja tendría en contra que los mellizos son recién nacidos. Esto, porque los chilenos arriesgarían una "pena privativa de libertad no menor de 25 años" cuando "la víctima es menor de 14 años".

El caso

Tovar y Madueño ingresaron a Lima -desde Santiago- el 29 de julio, en condición de turistas. De acuerdo al programa "El dominical" de Perú, pagaron la suma de 14 mil dólares por un procedimiento de reproducción subrogada, en la Clínica Concebir, ya que Madueño no podía ser madre.

"Ellos (la clínica) nos contactaron con 'Isabel' y a ella le hacen un examen físico y psicológico y determinaron la idoneidad para la transferencia embrionaria, y durante ocho meses estuvimos en contacto con ella y corriendo con todos los gastos médicos y alimentación. El parto estaba planificado entre el 12 y 15 agosto", declaró Madueño a la Policía, de acuerdo al diario La República.

Los chilenos, hasta ayer, se mantenían detenidos en la División de Trata de Personas de la Policía de Lima, a la espera de la revisión de las partidas de nacimiento, documentos de identidad de los bebés y los detalles del acto, investigación que lleva a delante la Fiscalía del Callao.

La clínica descartó tener alguna vinculación con algún proceso ilícito, consignó el noticiero 24 Horas de Perú.

"A ella (la madre subrogante) le hacen un examen físico y psicológico y determinaron la idoneidad para la transferencia embrionaria".

Rosario Madueño,, chilena detenida en Lima."

Hasta el momento no habrá reajuste del sueldo mínimo, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial que proponía insistir con su propuesta y aumentar el sueldo mínimo a $301 mil en marzo y establecer una fórmula de reajuste plurianual, según la cual el monto subiría automáticamente de acuerdo al crecimiento económico del país. El rechazo se produjo por 55 votos a favor y 64 votos en contra.

"Lamento profundamente que la oposición haya rechazado el reajuste del salario mínimo, era un reajuste que aumentaba de $276 mil a $301 mil", manifestó Piñera.

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo ayer que espera que un nuevo proyecto sea presentado por Gobierno.

El Presidente Sebastián Piñera visitó ayer el Hospital de Quintero, en medio de las protestas de vecinos de la comuna de la Región de Valparaíso, por los episodios de contaminación de estos días que dejaron a 301 personas afectadas.

El malestar de la gente se reflejó en banderas negras y gritos contra el mandatario a la salida del recinto donde anunció mejoras en la infraestructura y el reforzamiento de la atención de urgencia para afrontar la alerta amarilla por emergencia sanitaria, que hasta ayer se mantenía en la zona. En la protesta intervino personal de Fuerza Especiales de Carabineros, donde al menos dos menores de edad fueron detenidos, detalló 24 Horas.

"Pondremos en práctica el plan de descontaminación, mejoraremos servicios de Salud y monitorearemos en forma independiente para asegurar calidad agua y aire", dijo Piñera en Twitter.

Luego se registraron nuevos incidentes en el paso del vehículo del Presidente por un colegio de Puchuncaví. Tras la intervención de Carabineros, cuatro personas más fueron detenidas.

El Noveno Juzgado Civil de Santiago determinó indemnizar con 2.840 millones de pesos a 31 de los 33 mineros que fueron rescatados de la mina San José en 2010, en la Región de Atacama, tras permanecer 69 días enterrados a casi 700 metros de profundidad.

Esto, luego de que ellos presentaran una demanda contra el Estado alegando daño moral y lucro cesante.

La jueza Lidia Poza Matus estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento, según consignó Radio Bio-Bío.