Eduardo Burgos Sepúlveda

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Jorge Alarcón y Abdón Barría, exdirectivos de la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, luego de ser sentenciados en primera instancia en el Juzgado de Garantía local por el delito de giro doloso de cheques.

La sentencia contra el exjefe de personal y exjefe de finanzas del ente municipal corresponde a cheques sin fondo emitidos a tres profesoras jubiladas a fines del 2016, días antes de dejar sus puestos con el cambio de administración municipal, entonces a cargo de Soledad Moreno.

Alarcón y Barría fueron condenados a penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena y una multa de 9 UTM cada uno (cerca de 430 mil pesos). El presidio finalmente se conmutó por pena remitida un año.

La defensa de los sentenciados había argumentado que "la querellante no acreditó que con posterioridad al giro de los cheques los querellados hayan retirados los fondos existentes en la cuenta corriente de la Corporación Municipal de Ancud, además de estar mal realizada la gestión preparatoria, lo que llevó a una falta de emplazamiento válido de parte de mis representados".

Sumó que tales "cuestiones (fueron) debatidas en audiencia por la defensa y que el tribunal no expone durante el desarrollo de su sentencia y, de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusión, cometiendo así infracción al art. 297 del Código Procesal Penal".

fallo

Ante ello el tribunal de alzada se pronunció rechazando de forma unánime el recurso.

El veredicto recogió, entre otros puntos, que el profesor Luis Ampuero, exsecretario general de la Corporación Municipal de Ancud, testimonió que en "dichos cheques que se le exhibieron en la audiencia de juicio se encuentran estampadas las firmas de los querellados y reconoce las fechas, los montos y los beneficiarios correspondían a los documentos incorporados por las querellantes y agrega que en fecha que no recuerda se recibieron fondos del Mineduc".

Eduardo Burgos Sepúlveda

Nuevos ataques de perros asilvestrados a animales de granja en distintas localidades chilotas han puesto en alerta a productores, quienes solicitan a la autoridad tomar cartas en el asunto, con medidas concretas y sostenidas en el tiempo.

Solamente en Quellón se cuentan más de 60 ovejas y corderos muertos en los últimos días, la gran mayoría en Yaldad y cerca de una decena en Santa Rosa. Dalcahue, otra comuna afectada, a los más de 200 muertos en los últimos dos meses en Calen y San Juan, se añadió el fin de semana cerca de 10 cabezas perdidas en Dallico. Tales animales eran parte de rebaños de pequeños productores que tienen a la ganadería como uno de sus principales ingresos económicos-

Las medidas solicitadas por los criadores van desde un seguro del Estado ante la muerte de los ovinos (como existe uno en Magallanes), programas de crianza de perros mestizos cuidadores de ganado y hasta la creación de una mesa que articule las distintas instituciones para enfrentar en conjunto el problema.

Alfredo Quintupurray es hijo de una de las afectadas y además presidente de la organización indígena Newen Mapu. Comentó que "a nosotros nos mataron más de 40 ovejas y corderos (cerca de 2 millones 400 mil pesos en pérdidas), a uno de los vecinos le mataron 12 y a otro, 8, y esto no es un tema de ahora, sino que viene de varios años atrás".

"Estos son perros que atacan en la noche o de amanecida y no se sabe si tienen o no dueños", agregó el dirigente, recalcando que "sabemos que existe la 'Ley Cholito', pero tiene muchos vacíos y hemos conversado muchas veces con las autoridades de la comuna y no tienen recursos para hacer caniles para perros asilvestrados, abandonados, que viven en la calle".

La fuente contó que varias veces se ha propuesto desde su organización realizar mesas en que confluyan todas las instituciones involucradas en la solución del problema, pero "cuando hemos pactado reuniones solo ha llegado Carabineros y parte del municipio, así que esto pasa por una decisión política y voluntades".

gobernador

Frente a ello, el gobernador de Chiloé, Fernando Bórquez, adelantó que hoy abordará el problema en una reunión en Dalcahue, donde debe llegar representantes de diversos organismos, entre ellos el SAG e Indap, más algunos parlamentarios.

"Vamos a comenzar a trabajar con los afectados para ver desde qué punto podemos ayudarles, sobre todo a los que están en Prodesal, en PDTI o algún programa, porque ya sabemos que especialmente la 'Ley Cholito' en este tipo de situaciones tiene la protección de los perros, específicamente", argumentó el representante del Ejecutivo en Chiloé.

"Lo que se pretende es que existan caniles como corresponde en cada municipio y que haya preocupación por los perros que lleguen, y hay que ver cuánto recurso tienen los municipios y que los animalistas nos ayuden a dar esos perros en adopción, en un trabajo conjunto", apuntó Bórquez.

El personero acotó que también se quiere tratar con Indap si es que se pueden lograr compensaciones por las pérdidas. "Hay que ver si existen los recursos para eso", recalcó.