Michael Seguel P. - Medios Regionales

Con indignación reaccionó ayer parte de la comunidad de Coronel a la decisión del juez Jorge Henríquez de suspender el procedimiento en contra de Humberto Pereira González (84), autor confeso del asesinato de su señora Elba Roa Fica (71) y enviarlo a un hospital psiquiátrico a realizarse exámenes mentales.

Durante la audiencia de formalización de cargos, en la cual se reveló que él comenzó a mutilarla estando viva, la defensora pública Marcia Soto argumentó que el octogenario hombre no estaría en condiciones de enfrentar un juicio "por existir antecedentes que puedan presumir una enajenación mental del imputado", detalló tras la audiencia.

Precisó que se solicitó un informe a la psiquiatra Paola Castelli que arrojó un "trastorno delirante paranoide y probable demencia que afectaron severamente el día del delito". Añadió que el imputado "actuó privado de razón".

Soto sostuvo que será el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción el que realizará los exámenes para determinar la salud mental del exminero y evaluar su inimputabilidad. El SM no tiene fecha para entregar los resultados.

Humberto Pereira fue detenido el jueves de la semana pasada por la Brigada de Homicidios de la PDI, luego de que fuera encontrado parte del cuerpo descuartizado de su mujer en el patio de unos vecinos. Otros restos fueron encontrados en un vertedero de cercano.

El fiscal coronelino Luis Cruz se mostró contrario a la decisión del tribunal.

En la audiencia detalló que la mujer "estaba con vida al momento de ser cercenada y (...) puede establecerse la invocación de una causal agravante como el ensañamiento".

Cruz añadió que revisará los fundamentos del tribunal para evaluar si apelará.

La nuera de la víctima, Jeanette Boqué, contestó que en vida ella "no podía ni salir a comprar, muchas veces yo tenía que ir a comprarle, porque él no la dejaba salir, la perseguía por todos lados", consignó SoyChile.

"(La mujer) estaba con vida al momento de ser cercenada y puede establecerse la invocación de ensañamiento".

Luis Cruz,, fiscal."

20 años llevaba conviviendo la pareja. En 2015 los ancianos contrajeron matrimonio.

Luego de ser sindicados miembros de la iglesia mormona -de acuerdo a la investigación que llevó finalmente al reencuentro de dos familiares que no se veían desde hace 41 años y 10 meses- como responsable de la separación de madre e hijo, la entidad religiosa emitió una declaración.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comunicó que "como institución, la iglesia promueve normas de conductas que incluyen el 'obedecer, honrar y sostener la ley' y el 'ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres' ('Artículos de Fe' 12 y 13)".

Blanca Gallardo no veía, hasta la semana pasada, a Jeremy Pixton, quien viajó desde Estados Unidos para conocer a su mamá, en Ancud. Ella creyó todo el tiempo que su primogénito había muerto en el parto, ocurrido en Santiago, en circunstancias que realmente fue adoptado de manera ilegal y sacado del país, a Estados Unidos.

Evitar trámites innecesarios, modernizar otros y también abaratar costos para el usuario fueron los argumentos dados ayer por el Presidente Sebastián Piñera para presentar el proyecto de reforma al sistema de notarios.

La propuesta detalla la eliminación de trámites como el certificado de supervivencia o de soltería; la implementación de trámites online y la reducción de precios.

"Vamos a crear la figura del fedatario (...) facultado para dar fe de ciertos hechos como, por ejemplo, autorizar firmas, finiquitos, cartas de renuncia, salvoconductos para el cambio de domicilio, firmas para la suscripción de contratos de arrendamiento", dijo Piñera.

La Asociación de Notarios criticó que el proyecto se realizara "sin las asesorías especializadas", manifestó.

Los profesores del Instituto Nacional (IN) de Santiago denunciaron ayer que fueron rociados con bencina durante la recuperación de clases que realizaron el sábado en el establecimiento.

Rosa Flores, jefa del Departamento de Lenguaje del IN, dijo a 24 Horas que "había clases de recuperación, y un grupo de aproximadamente 15 encapuchados entraron y empezaron a seguir a los profesores".

El rector del IN, Fernando Soto, acotó que "no nos van a amedrentar, pero no es primera vez que suceden estos actos de violencia contra profesores, funcionarios y alumnos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para identificarlos".

En una declaración, el centro de alumnos expuso que no comparte lo ocurrido porque "el grupo organizado no presenta ni genera con su manifestación un código que nos comunique su alternativa".

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables del hecho.