Una prueba de ADN confirmó que Jorge Tovar (48) es el padre los mellizos dados a luz en Lima mediante un vientre de alquiler. El chileno y pareja, Rosario Madueño (46), fueron enviados el lunes a prisión por un período de 12 meses, luego de ser formalizados por trata de personas, delito por el cual arriesgan 25 años de cárcel.

De acuerdo a información del medio peruano RPP, el abogado Luis Felipe Cortez dijo que ayer "salió el resultado de medicina de la prueba de ADN hecha por un laboratorio privado y en este resultado sale un claro positivo de que Jorge Tovar es el padre biológico". Un segundo examen solicitado a un laboratorio público tardará un mes en arrojar resultados.

Los chilenos fueron detenidos el 25 de agosto por la policía de Extranjería del Aeropuerto de Lima luego de, presuntamente, presentar documentos falsos al intentar sacar del país a los mellizos.

Tras conocerse ayer los resultados, la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables de Perú solicitó que se revise la prisión preventiva de los chilenos.

De acuerdo al diario La República, una enfermera de una clínica privada aportó su vientre para la gestación de los mellizos. Para ello se "introdujo un embrión formado por el semen del esposo, Jorge Tovar, y un óvulo donado de manera anónima a una clínica de fertilidad".

En Santiago, María Eugenia Atalaya, abuela de la chilena, solicitó la intervención del Presidente Sebastián Piñera. En un video difundido ayer, el canciller Roberto Ampuero dijo que se está apoyando a la pareja a través del consulado: "Esperamos y confiamos en que tengamos un desenlace positivo".

Michael Seguel P. - Medios Regionales

Como un modelo de negocios de falsas asesorías, donde invertía dinero en supuestas corredora de bolsas extranjeras, calificó ayer el fiscal José Morales el modo de operar del ingeniero comercial Rafael Garay, acusado de estafa reiterada en contra de 29 víctimas por cerca de $1.800 millones, tras la primera jornada de alegatos del juicio oral.

El proceso se inició pasadas las 9 horas de ayer, en el Segundo Tribunal de Juicio Oral de Santiago, donde tres jueces escucharon los alegatos del Ministerio Público y la parte querellante. La Fiscalía solicita una pena de seis años de presidio y $1.500 millones de multa contra el imputado que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Capitán Yáber, en la capital.

El persecutor José Morales precisó que "el modus operandi" de Garay "consistía en simular un negocio por falsa asesoría a través de la sociedad que él tenía (Think & Co), donde supuestamente invertía en acciones extranjeras. Garay les remitía (a sus presuntas víctimas) una cartola con un supuesto interés y ganancias y, como consecuencia de esto, las personas mantenían su inversión".

Añadió que "la Fiscalía acreditó que ningún peso, ni siquiera cinco pesos se invirtió en ninguna inversión (...), ni siquiera era cliente de alguna corredora de bolsa. Había un engaño dedicado, pormenorizado y casi personalizado de cada una de las personas".

El 22 de mayo, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó llevar adelante un juicio abreviado en la causa, lo que hubiera implicado una pena de cinco años para Garay.

El defensor Daniel Celis detalló tras la audiencia que este ha sido un "proceso bastante duro y largo" para su representado, quien ayer lució más delgado y vistió el chaleco amarillo de los acusados. El abogado precisó que se aceptará el delito de estafa y que se cuestionará el carácter de reiterado.

"Hay imprecisiones respecto al relato y mucha suposición respecto a estos alegatos", sostuvo Celis.

"Había un engaño dedicado, pormenorizado y casi personalizado de cada una de las personas (afectadas)".

José Morales, fiscal."

1.500 millones de pesos de multa es lo que solicita la fiscalía y los querellantes.

Seis estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago fueron expulsados luego de protagonizar desmanes y agredir al director del establecimiento, Humberto Garrido, a fines de junio y principios de julio de este año.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, manifestó que se aplicó el Manual de Convivencia y que los "actos de violencia, cargando y lanzando bombas molotov no se pueden normalizar, lo que es generar el caos, la destrucción o elementos explosivos".

El edil, además, dijo que a otros cuatro alumnos se les canceló la matrícula por lo que serán reubicados en otros liceos.

Lo anterior ocurre la misma semana en que el Ministerio de Educación anunció un proyecto de ley que facilita la expulsión de alumnos violentos.