Michael Seguel P. - Medios Regionales

Con arresto domiciliario total quedó ayer un menor de 16 años y con firma mensual quedó otro joven de 18, luego de que ambos fueran detenidos el jueves por la mañana por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, en medio de las violentas manifestaciones registradas en el emblemático Liceo de Aplicación de Santiago. Durante la protesta se lanzaron piedras, pupitres y hasta bombas molotov, que alcanzaron a dos policías.

En total hubo cinco efectivos lesionados.

El fiscal Felipe Poblete, de la Zona Metropolitana Centro Norte, formalizó al joven de 18 años por porte ilegal de armas y maltrato de obra a Carabineros, mientras que al menor de 16 se le imputó el delito de lanzamiento de artefacto explosivo, en la audiencia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital.

Respecto del mayor de 18 años, el persecutor dijo que "se pidieron las ordenes respectivas para la incautación de las vestimentas y tomar las muestras de hidrocarburos. No dio positivo la presencia de combustible. Por lo tanto, no se pudo acreditar que los imputados hayan portado un artefacto explosivo".

Ayer también se interpuso la querella criminal anunciada el jueves por el Gobierno.

Tras los incidentes del jueves, el general director de Carabineros, Hermes Soto, mencionó que un grupo de aproximadamente 30 encapuchados "intentaron quemar vivos (a los policías)".

El hecho generó un rechazo transversal, que incluyó a la dirección del Liceo de Aplicación, al alcalde de Santiago y sostenedor del plantel, Felipe Alessandri, y hasta al Presidente Sebastián Piñera.

A ese rechazo se sumó ayer la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Amanda Opazo. "Repudiamos completamente los hechos de violencia que se están dando dentro de esos liceos y sentimos que es necesario empezar a generar diálogo con las comunidades educativas", expuso, según consignó el sitio Emol.

"Repudiamos completamente los hechos de violencia que se están dando dentro de esos liceos".

Amanda Opazo,, vocera de Cones."

Ítalo Miranda Delgado, de 64 años, quedó ayer en prisión preventiva luego de ser formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo en Santiago por los delitos de estupro, abuso sexual y amenazas contra cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años.

La teniente Javiera García del OS-9 de Carabineros dijo a La Estrella que la detención se realizó ayer en la madrugada, en el domicilio del imputado en San Bernardo, luego de tres meses de seguimiento.

En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, pasta base y cocaína. García detalló que el detenido utilizó la modalidad del "grooming" para cometer los delitos, que es cuando un adulto usa internet para ganarse la confianza de un menor y luego extorsionarlo para obtener beneficios sexuales.

"(El imputado) Captaba víctimas en situación de vulnerabilidad, específicamente en situación de calle, con dependencia a las drogas", dijo la teniente García. Añadió que "les ofrecía comprarles drogas, alcohol y además entregarles dinero a cambio de servicios sexuales".

De acuerdo a lo expuesto por la teniente, Miranda tenía antecedentes policiales por estafa y uso malicioso de instrumento público.

Añadió que "se logró configurar la prostitución, las amenazas que él realizaba a sus víctimas, además de grabarse con menores de edad", mientras abusaba de ellas.

La teniente sostuvo que, al ser detenido, Miranda dijo que mantenía "una relación sentimental" con las adolescentes.

El tribunal ordenó que las últimas fueran enviadas al Servicio Nacional de Menores (Sename).

El excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo (56), fue reformalizado ayer en el Juzgado de Garantía de Rancagua, por el delito de violación.

El clérigo se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua desde el 13 de julio, luego de que fuera detenido y posteriormente formalizado por abuso sexual y estupro a menores de edad.

Su defensor Gabriel Henríquez solicitó audiencia al tribunal para revisar la medida cautelar del imputado.

En la instancia, el juez Luis Barría, decidió mantener la reclusión para Muñoz Toledo por considerar que había un inminente "peligro de fuga". El caso es indagado en paralelo por la Iglesia Católica.