El Presidente Sebastián Piñera, en compañía de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmó ayer el proyecto de ley denominado "Aula Segura".

El mandatario afirmó que la iniciativa que se enviará al Congreso busca proteger a profesores, alumnos y directores de actos de violencia en colegios municipales y particulares subvencionados.

La iniciativa establece que los directores podrán expulsar -o cancelar la matrícula- de forma inmediata a los alumnos por uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas de fuego y bombas molotov.

Se sumarán las agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. Los alumnos expulsados podrán apelar dentro de un plazo de cinco días desde que reciban la notificación escrita del director.

El Ministerio de Educación deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo.

"(Se va a perseguir) Con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas disfrazados de estudiantes", expuso Piñera.

El proyecto fue enviado luego de que el 1 de septiembre profesores y auxiliares del emblemático Instituto Nacional de Santiago fueran rociados con un líquido acelerante tras la manifestación de encapuchados vestidos de overol blanco.

Una situación similar ocurrió el jueves pasado, cuando desconocidos -con la misma vestimenta- lanzaron bombas molotov hiriendo a cinco carabineros, tras una protesta en el Liceo Aplicación, otro establecimiento en la Región Metropolitana.

Michael Seguel P. - Medios Regionales

Una pena de hasta 15 años de cárcel arriesga Enzo Cancino Rodríguez, de 41 años, quien ayer llegó al país desde Italia, tras ser extraditado. El chileno estaba prófugo desde 2015 por el femicidio frustrado de su expareja y conviviente, Carolina Álvarez, a quien disparó mientras ella tenía 40 semanas de embarazo.

Matías Rodríguez Maldonado, fiscal de la Zona Metropolitana Oriente, relató que el crimen ocurrió el 2 de marzo de 2015, cuando la víctima iba a un control por su embarazo al Hospital Sótero del Río en la comuna de Puente de Alto, desde su casa en el sector de La Florida, en Santiago.

"Es interceptada por el imputado, Enzo Cancino, quien con un arma de fuego la amenaza. El hombre dispara en el lado izquierdo, ella alcanza a correrse y (Cancino) apunta directamente a su abdomen, donde ejecuta otro disparo", precisó ayer el persecutor.

Rodríguez detalló que ese día vecinos del sector y sus familiares llevaron a la mujer al servicio de urgencia del hospital, donde le practicaron una cesárea de emergencia. Tras el procedimiento, tanto la madre como la hija permanecieron con vida.

El motivo del disparo, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, es que Cancino "no creía en la paternidad que tenía con la hija de la víctima. Por lo tanto, le señaló que le iba disparar porque no quería que tuviera esa guagua, que no iba a ser de él. Él cuestionó su paternidad, en definitiva (...) había muchos celos de por medio", sumó el fiscal.

Historia en Italia

El subprefecto de la PDI Ricardo Quiroz, jefe de Interpol Chile, detalló ayer que el imputado tenía antecedentes por robo, hurto y lesiones en Italia, luego de que en 2015 se fugara a ese país por un paso no habilitado.

"Se advirtió su presencia en Italia luego de que cometiera otro delito en ese país (...), un caso de violencia intrafamiliar (con su actual pareja), donde intentó incendiar el lugar donde ellos habitaban", reveló Quiroz.

Añadió que "la policía italiana lo detuvo. En 2017 nosotros pudimos obtener noticias de que él se encontraba en ese país. Nuestras autoridades judiciales pidieron la extradición".

Tras ser formalizado por femicidio frustrado, Enzo Cancino quedó en prisión preventiva durante los 60 días de plazo que se dio a la investigación.

"No creía en la paternidad que tenía con la hija de la víctima (...) había muchos celos de por medio".

Matías Rodríguez, fiscal."

La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó ayer la prisión preventiva del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, y ordenó su arresto domiciliario total, previo pago de $5 millones.

El sacerdote está acusado de estupro, abuso sexual y violación contra siete menores.

Muñoz estaba en prisión preventiva desde el 13 de julio, tras ser formalizado por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, encargado de las investigaciones por presuntos delitos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica.

El abogado del clérigo, Gabriel Henríquez, dijo ayer que "esperemos que a la brevedad, dentro de lo posible, se pueda reunir ese dinero", consignó Cooperativa.