Redacción

De poco sirvieron las "disculpas públicas" que ofreció ayer el ingeniero comercial y excomentarista económico Rafael Garay, en la audiencia en que se conoció el veredicto del juicio en su contra realizado en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Ante un salón lleno, el juez Raúl Díaz comunicó que los tres jueces lo condenaron, en forma unánime, por estafar reiteradamente a 29 clientes, por un monto de $1.300 millones, entre agosto de 2011 y junio de 2016.

"Estos sentenciadores han estimado que la conducta de Rafael Garay ha configurado 29 delitos reiterados de estafa y no un delito continuado como pretendía su defensa", expuso el sentenciador, como consignó T13.

El veredicto detalló cómo Garay utilizó sus relaciones interpersonales para captar clientes para su empresa Think & Co, a quienes prometía invertir su dinero con una rentabilidad anual de un 18%, cuando en realidad no realizaba ninguna inversión, sólo devolvía a sus clientes la supuesta utilidad que obtenía y se quedaba con el resto, haciéndoles creer que estaban enriqueciéndose.

"(Garay) no se limitó a aparentar prestar los servicios contratados, sino que más aún, construía relaciones de cercanía con quiénes creían ser sus clientes preferidos y hasta amigos, factor que sin duda resultó decisivo para que el acusado consumara las acciones delictivas", recalcó el juez, como reprodujo T13.

El 18 de octubre se conocerá la sentencia contra el hombre que volvió a Chile en marzo de 2017, tras escapar a Europa para tratarse un supuesto cáncer. La fiscalía pide para él seis años de cárcel.

Garay ayer pidió usar la palabra. "Quiero decir que, claramente, le pido perdón a las víctimas, que estoy avergonzado de mis propios actos", afirmó.

Añadió que "quiero ofrecer disculpas públicas por haber mentido respecto de una enfermedad que no tenía, a las personas enfermas de cáncer".

"Quiero ofrecer disculpas públicas por haber mentido respecto de una enfermedad que no tenía".

Rafael Garay"

6 años de cárcel pide la fiscalía para el ingeniero comercial Rafael Garay.

El denunciante de abusos Abel Soto sostuvo ayer que el exobispo de La Serena, Francisco José Cox, está en condiciones de enfrentar a la Justicia. Así lo aseguró luego de que 24H difundiera una breve entrevista con el religioso de 84 años en Vallendar, Alemania, donde reside desde 2002.

Consultado sobre las indagaciones eclesiásticas y penales en su contra, Cox dijo que "eso no es problema mío en estos momentos". Añadió que "en este momento hay un enredo en Chile enorme". Al respecto, Abel Soto dijo a Cooperativa que Cox "está súper lúcido para enfrentar a la Justicia, tiene coherencia en sus palabras". Mientras, en Alemania, el vocero de la oficina de prensa de Schoenstatt, Heinrich Brehm, dijo a 24H que "estamos dispuestos a colaborar con las autoridades".

Una nueva jornada tuvo ayer el juicio a los dos chilenos presos en Malasia acusados de causar la muerte por asfixia de un trabajador sexual en el país asiático, en agosto de 2017.

La audiencia de este lunes se desarrolló luego que la abogada Venkateswari Alagendra, defensora de Fernando Candia y Felipe Osiadacz, rechazara el ofrecimiento de la fiscalía de pasar seis años en la cárcel, si aceptaban su responsabilidad en la muerte.

En la jornada de ayer declaró la toxicóloga forense de la policía, quien sostuvo que no encontró rastros de alcohol o drogas en los jóvenes tras su detención, mientras que la víctima dio positivo a alcohol, anfetaminas y metanfetaminas.

La fiscalía comunicó ayer al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que cerró el caso Penta, que en 2014 partió las investigaciones por financiamiento irregular de la política en Chile. Ahora el ente persecutor deberá acusar a los imputados, entre ellos el exalcalde Pablo Zalaquett y al excandidato presidencial Laurence Golborne.

Así comienza a llegar a su fin un caso que partió como una investigación tributaria, pero donde el testimonio del ahora fallecido gerente de Penta, Hugo Bravo, expuso una nueva hebra. Él mencionó a los controladores de la empresa, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el pago de dineros a políticos, desatando el escándalo.

Ambos fueron condenados por delitos tributarios, a pagar penas en libertad, mediante procedimientos abreviados. La misma suerte corrió el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner.

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, ayer afirmó a Radio Cooperativa que esta vía sigue abierta. "Hay situaciones que perfectamente, por los rangos de pena que señala la ley, pueden ser objeto de un procedimiento abreviado", afirmó.