Sernac
El Ministerio Público y los clientes insatisfechos no son los únicos que están detrás de Latinoamericana de Comercio y SyF.
Desde el 2016, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) también le sigue los pasos, por las particulares cláusulas de la hipoteca y el mandato con que realiza sus operaciones.
El Sernac, según la demanda colectiva presentada en el Juzgado Civil de Castro, cree que tanto la hipoteca como el mandato contienen "cláusulas abusivas" y cobros de intereses "ilegales que superan la tasa máxima convencional permitida, obteniendo ganancias ilegítimas".
Según el servicio público, la hipoteca y el mandato "dan cuenta de cláusulas donde se permite al acreedor -en caso de incumplimiento por parte del deudor- la ejecución directa del inmueble que cauciona el crédito, a través de mandatos irrevocables".
El Sernac estima que con dichas cláusulas la empresa está tratando de eludir las normas sobre ejecución de hipotecas -las que se efectúan en pública subasta en un juicio ejecutivo en el que la persona tiene la posibilidad de pagar-, sino que además imponen "una renuncia anticipada a los derechos de los consumidores".
De acuerdo a la entidad, la firma suscribe con sus clientes un contrato de hipoteca el que contiene un mandato especial, el que otorga un amplio poder a SyF, para vender la propiedad hipotecada, en caso de incumplimiento en el pago del crédito.
Las facultades de ese mandato -que es irrevocable- son tan amplias que incluso autorizan a autocontratar a la empresa. Incluso, SyF no tiene siquiera la obligación de rendir cuentas de sus gestiones al deudor.
Ley del consumidor
Sernac cree que estas operaciones implican una serie de infracciones a la Ley del Consumidor.
El Ministerio Público -y el Tribunal Oral en Lo Penal- no es el único que estima que la empresa presta dinero aplicando un interés que supera el máximo convencional.
De hecho, el Sernac presentó ante el Juzgado Civil de Castro al menos cuatro pagarés que darían cuenta de intereses que superan la norma legal.
Por ejemplo, el pagaré número 003009 de fecha 22 de junio de 2011, da cuenta de una obligación por 11 millones 432 mil pesos; mientras que el monto otorgado fue de 5.5 millones de pesos.
Pero la esperanza de quienes perdieron sus propiedades está fijada en que el Juzgado de Castro termine por decretar la nulidad de la cláusula del mandato, con lo que se abriría una luz de esperanza, en el sentido de poder recuperar sus viviendas.
Durante el juicio en su contra, Alberto Velásquez Triviño renunció a su derecho a guardar silencio. En su declaración, descartó las acusaciones de la Fiscalía, las que según dijo se basaban en fotocopias de los pagarés y no en los originales. Del mismo modo, descartó que haya cobrado intereses por sobre el máximo permitido, aunque reconoció que "puede haber un error, son cosas pequeñas.... Son errores mínimos".
La redacción de este reportaje se contactó telefónicamente con Alberto Velásquez, gerente de Latinoamericana de Comercio, para tener su versión de los hechos. Sin embargo, declinó referirse al caso y dijo que no autorizaba publicación alguna al respecto.