Enmarcado en instructivos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), en la capital chilota se realizó un inédito operativo de fiscalización. OS-9 de Carabineros, Aduanas y el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) abordaron el control que terminó en la incautación de 10 especies de tridacna, almejas gigantes de origen tailandés.

El dispositivo tuvo su génesis en un masivo caso de contrabando detectado en el puerto de San Antonio (Región de Valparaíso), donde habría ingresado de manera ilegal un container con ejemplares marinos protegidos.

Así lo detalló el director regional de Sernapesca, Eduardo Aguilera, enfatizando que se logró determinar que algunos productos llegaron a Chiloé.

"Dentro de nuestro rol está la protección de estas especies y apoyar a entidades en caso que se detecte el contrabando. Estas especies necesitan una serie de autorizaciones y el cumplimiento de procedimientos", apuntó el personero.

Incumplimiento

Estos requerimientos no fueron cumplidos por un sujeto de 51 años, a quien se le halló en su poder esta decena de moluscos bivalvos de la familia Cardiidae.

Como recalcó el teniente Alexis Tapia, de la unidad OS-9 de Carabineros de Puerto Montt, el decomiso de estas especies se realizó en el marco de los allanamientos que se realizaron en Castro, tanto a domicilios particulares como en la Feria Lillo.

"El imputado por el delito de contrabando quedó apercibido y puesto en libertad", apuntó el oficial.

En tanto, estos ejemplares de tridacna fueron entregados a Sernapesca, previa instrucción del Ministerio Público, con el objetivo que sean periciados, tanto en peso, tamaño y origen.

A su vez, como indicó Aguilera, al tratarse de conchas que no tienen materia orgánica, "eventualmente quedan en poder de la autoridad y en algunos casos se pueden enviar a museos o instituciones educaciones bajo cesión. No pueden circular de manos de particulares", aseveró.

Pedro Bárcena González

Perdió su libertad, se le tildó como depravado, pero nunca se llegó a comprobar su participación en un supuesto ataque sexual a una adolescente en Dalcahue. Tan escasa fue la prueba en su contra, que el Ministerio Público decidió no perseverar en la indagatoria en su contra.

Meses de angustia vivió un joven de 28 años después de ser sindicado como el responsable de los ultrajes contra una isleña, en medio de un confuso incidente cuando se realizaba una fiesta en la 'Ciudad de las Dalcas'. Incluso, la propia víctima notificó el episodio el 23 de enero pasado cuando se encontró en el minibús con el sospechoso de este delito.

El imputado fue formalizado por violación el 26 de enero y, como dijo en la ocasión el fiscal Luis Barría, "se decretó la prisión preventiva y un plazo para investigar de 60 días".

Es más, en la audiencia se describió el episodio de violencia con el sustento de la declaración de la afectada de 18 años, quien habría indicado que despertó con un desconocido sobre ella, al quien le propinó un golpe con un cenicero para zafarse.

Justamente, este testimonio fue la base para que se determinara la cautelar más gravosa, siendo remitido el encartado hasta la cárcel castreña.

El joven con domicilio en Castro siempre alegó inocencia, ante lo cual su defensor Juan Manuel Castro recurrió ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, logrando la modificación de la medida a arresto domiciliario nocturno. Siete días llegó a cumplir el encartado tras las rejas.

El abogado no dudó en señalar que la "causa era débil", insistiendo en sus recursos para lograr un nuevo cambio de precautoria: una firma periódica.

Con esta medida el imputado enfrentó las últimas semanas de investigación, pero la evidencia nunca llegó a sustentar una eventual acusación en su contra. Por ello, el Ministerio Público terminó por notificar en audiencia que no seguirá indagando el caso.

Suficiente

De acuerdo a lo manifestado por el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, se procedió a encausar la indagatoria en un comienzo "gracias a las primeras diligencias que fueron suficientes para estos efectos, sobre todo considerando las circunstancias de la denuncia".

Sin embargo, como explicó el persecutor, toda esta información introducida por la afectada no logró ser corroborada con las pericias que efectuaron detectives de la Brigada investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme). Uno de los puntos contradictorios emanó con la declaración de las personas que estaban en el inmueble al momento de los hechos.

Con ello, se procedió a cerrar la causa y dejar sin efecto la formalización, como también todas las cautelares que pesaban sobre el joven.

De acuerdo al defensor Castro, nunca se llegó a recoger antecedentes contundentes, primero sobre la existencia del delito y menos sobre la supuesta autoría del imputado. "En el sitio del suceso había más personas, todo se habría dado en el contexto de una fiesta, pero no existió prueba ni testimonios que sustentaran los hechos", aclaró.

A su vez, el profesional describió que dentro de las diligencias que se alcanzaron a realizar y tal como lo había relato su cliente, "nunca existió acceso carnal para sostener esta figura legal", acotó. Además, recalcó que un examen sexológico determinó evidencias de penetración pero más antiguas a la fecha de ocurridos los hechos.

Bajo este escenario, el isleño buscará retomar su vida normal, sabiendo que arriesgaba una severa pena de crimen -sanción por violación parte en los 5 años y un día de presidio- si se hubiesen comprobado los cargos, los que siempre negó.