Pedro Bárcena González

Colocando el foco en las víctimas, el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, realizó ayer su séptima cuenta pública consecutiva. Atención no solo centrada en potenciar una mejor persecución penal hacia ellas, sino también en reforzar el acercamiento, darles alternativas de seguimiento y protección.

La "vocación de servicio" fue considerada por el abogado como el motor de la labor que desempeñan. Un trabajo exhaustivo que se vio graficado con el alza en el ingreso de causas en la temporada (de enero al 30 de septiembre).

En cuanto a cifras, en este período se analizaron 3 mil 792 denuncias, un 4% más que en el mismo lapso del 2017. Los delitos de mayor ocurrencia fueron las lesiones (615) y amenazas (540), correspondiendo 309 de ellos a ilícitos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

Además, hasta la fecha se han dictado 91 prisiones preventivas y una internación provisoria, llegando la judicialización a un 61,8% del total de las causas, que equivale a 4,65 puntos porcentuales más que en 2017.

Las sentencias definitivas y salidas alternativas llegaron a un 47,94% del total de causas (3,45% más que el año pasado), mientras que las condenas el 2018 constituyeron el 97% del total de los juicios orales.

A su vez, el fiscal se enfocó en cinco delitos como aquellos donde se ha priorizado la persecución penal. Por los abigeatos indicó que existe una cifra negra graficada en las apenas 22 denuncias registradas este año; por los ilícitos de droga, recalcó que el mayor levantamiento de información y el buen trabajo policial incrementó la judicialización (124% más denuncias este año), y por los robos dijo que la labor se ha focalizado, destacando el despliegue de la SIP de Carabineros.

Por los delitos sexuales y la VIF, Canales fue más crítico, insistiendo en la necesidad de reforzar las coordinaciones y recursos. No dudó en instar a los legisladores a crear marcos legales que "protejan a los niños", considerando que el 67,8% de las víctimas de ultrajes son menores en la jurisdicción, y por el maltrato doméstico sostuvo que "faltan recursos para intervenciones sicológicas".

Compromiso

Mayor contacto con las víctimas, más medidas de protección directa, atención personalizada, programas de seguimiento y convenios son algunas de las estrategias que enumeró el fiscal para ejemplificar el foco de vocación con sus usuarios. Y el compromiso asumido está con las personas, más en una jurisdicción como la insular.

"La realidad en Chiloé es general y transversal. La lejanía y la precariedad de recursos es manifiesta. No tenemos policía experta aparte de la Brisexme, el personal y los recursos policiales son escasos. Son dificultades tremendas al enfrentar este trabajo, pero esto no es causa de inmovilidad, sino que fuente de energía para superar estas falencias y apoyar a las víctimas", aclaró Canales.

El persecutor no dudó en señalar que "el Estado de Chile tiene una cuenta al debe con la provincia para enfrentar estos fenómenos delictivos en su conjunto".

Por su parte, el fiscal regional Marcos Emilfork ratificó que sus lineamientos están direccionados a las víctimas. "En ellas tiene que estar el centro de nuestro trabajo", acotó, sumando que la dinámica impuesta tiene que ser humanizada y que confluya a la paz social.