El Ministerio de Salud buscaba ayer a los cerca de 200 pasajeros del vuelo 639 de la aerolínea Latam, que llegó a Santiago proveniente de Lima el 8 de noviembre, y donde estaba una mujer de nacionalidad colombiana contagiada con sarampión.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, enfatiza en su cuenta de Twitter que "se confirmó un caso de sarampión importado y la persona ya está aislada". Pidió a los pasajeros de ese vuelo contactarse con el Minsal para hacer el seguimiento del grupo.

La subsecretaria explicó ayer que el sarampión es una enfermedad erradicada de Chile, y que el último caso se remonta a 2015, también a través de un caso catalogado como "importado", consignó Radio Bio-Bío.

El fiscal de Alta Complejidad de la Región de O'Higgins, Sergio Moya, dijo ayer que citará a declarar al cardenal emérito y exarzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, en calidad de imputado por encubrimiento de los abusos sexuales presuntamente cometidos por el presbítero Jorge Laplagne.

El Arzobispado de Santiago instruyó una investigación en 2010 que no acreditó la verosimilitud de la denuncia por los hechos presuntamente ocurridos en 2005.

"Sostuvimos (una reunión) con el abogado del señor Errázuriz, Juan Domingo Acosta, y ya está en conocimiento de los antecedentes de la carpeta de investigación, y se le planteó que (Errázuriz) va a ser citado a declarar. La fecha no está fijada", sumó Moya.

El persecutor confirmó la cita el mismo día en que circulaban versiones de que Errázuriz había dejado de pertenecer al grupo asesor del Papa Francisco, conocido como C9.

"Al terminar los cinco años, es decir, el período para el cual fui nombrado miembro del Consejo de Cardenales en representación de Sudamérica, fui a Roma a despedirme del Papa y agradecerle el fecundo trabajo que nos confió para reformar la Curia Romana", mencionó Errázuriz a Radio Cooperativa, descartando que haya sido una renuncia o expulsión del cargo.

Por otra parte, el fiscal Moya tomó ayer declaración al obispo emérito de Osorno, Juan Barros Madrid, por el delito de encubrimiento de los abusos sexuales presuntamente cometidos por el excapellán de la Fueza Aérea de Chile (FACh) Pedro Quiroz mientras Barros era el obispo castrense.

Michael Seguel P. - Medios Regionales

En libertad, pero con firma mensual y prohibición de manipular cualquier tipo de armamento quedó ayer Ignacio Larraín Bastías, de 19 años, tras ser formalizado por desórdenes graves en el Centro de Justicia de Santiago.

El joven causó alarma pública este martes en la capital al percutar al menos 12 tiros con una pistola a fogueo de nueve milímetros, desde el cuarto piso de un edificio del centro, y luego parapetarse al interior de su domicilio.

Los disparos derivaron en la evacuación de un jardín infantil y un operativo especial del GOPE de Carabineros, que incluyó el corte de tránsito.

Al quedar en libertad, Larraín aseveró a la prensa mientras salía caminando del Centro de Justicia que "es algo legal. Estaba en mi casa. No le hice daño a nadie. Fueron ruidos, nomás. Disparé porque puedo, porque me compré con mi dinero el arma, porque es legal tener una arma".

Añadió SoyChile que "no le disparé a los vecinos, yo disparé en mi propiedad privada (…). El miedo de los vecinos no me importa, la verdad es que me da lo mismo".

Sobre las críticas que ha recibido por su actuar, manifestó que "la gente puede decir lo que quiera, me da lo mismo. Estoy tranquilo, soy un tipo sano, trabajo, me lavo las manos. Si ellos se asustaron es su problema, yo ahora salgo libre".

Tras la audiencia, el fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, Sergio Ortiz, detalló que de acuerdo al relato del imputado habría preguntado a Carabineros si podía utilizar este tipo de arma.

"Carabineros le habría indicado que podría hacer uso (del arma), pero en su domicilio. Sin embargo, esta persona se puso a disparar hacia la calle, creando conmoción", aseveró Ortiz.

Además, explicó que si el arma hubiese sido real, el escenario hubiese sido diferente, debido a que en ese caso se dan penas que podrían ir desde los tres años y un día de cárcel.

El tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días para el caso.

9 milímetros tiene la pistola a fogueo incautada por Carabineros.

12 disparos o más efectuó el imputado antes de parapetarse en su domicilio.