11 testigos, tres peritos, siete documentos y otras cinco pruebas materiales fueron fijadas recientemente en audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Castro, con motivo de la preparación del juicio contra un joven, sindicado como el responsable del atraco en la vivienda del alcalde Juan Eduardo Vera.

El propio jefe comunal castreño, como su pareja deberán comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal de la capital chilota, ya que son dos de los declarantes clave para el Ministerio Público.

El fiscal Fabián Fernández instruyó la indagatoria y solicitó una pena de 5 años de presidio contra el acusado de iniciales V.G.C.C. (27), quien enfrenta cargos por robo con fuerza en lugar habitado en carácter de frustrado.

El persecutor indicó que agrava la responsabilidad del encartado en los hechos registrados el 9 de mayo pasado en el sector Nercón Alto, "que tiene reincidencia específica", aclaró.

Defensa

En tanto, el defensor Nelson Troncoso, enfatizó que "incorporamos toda la prueba de la Fiscalía". Agregó que "invocamos la absolución", pero -en su defecto- pedirá en el juicio que fue programado para el 3 de enero del 2019, una recalificación del delito.

"Seguimos sosteniendo otra figura penal. No hubo ingreso al domicilio para sustraer especies. No se hallaron especies acopiadas para sustraerlas, a lo más fue una violación de morada", apuntó el abogado, explicando que de esa forma la penalidad recae.

Hace más de cinco meses que el joven está en prisión preventiva, por lo cual el defensor aclaró que solicitará que ante una eventual condena se le dé por cumplida, si los magistrados acogen una recalificación en esos términos.

Pedro Bárcena González

Utilizando el mismo modus operandi, una segunda mujer en menos de una semana fue sorprendida por personal de Gendarmería ingresando sustancias ilícitas al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro. La joven no solamente fue detenida por este delito, sino también fue condenada y se le prohibirá el ingreso a unidades penales del país.

El dispositivo se gestó tras el seguimiento realizado a la sospechosa de estas prácticas. Información la sindicaba como una de las responsables de introducir droga y dinero dentro del recinto de calle Monjitas. Y los datos se comprobaron.

Pese a superar los controles externos, como la máquina de rayos X, la inspección con la paleta detectora de metales y la revisión superficial de sus vestimentas, la imputada de iniciales Y.B.M.G. (37) no salvó de las últimas fiscalizaciones de los uniformados.

Siempre apoyados por el sistema de cámaras de seguridad, se esperó que la visita se reuniera con el recluso, identificado como H.G.O.M. (33). Al finalizar este encuentro activaron los protocolos de allanamiento.

Al sujeto que cumple condena por el delito de lesiones graves gravísimas se le encontraron tres bolsas de nailon que mantenían en su interior marihuana. Tras esta inspección fue remitido a la guardia interna del penal, donde esperó la llegada de personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), que se encargó de las primeras diligencias.

Los detectives desarrollaron el narcotest arrojando la prueba positivo para Cannabis sativa. En total, se incautaron 17,9 gramos de la hierba. Ante el peso de estas pruebas, la mujer fue detenida y puesta disposición de la justicia.

Como aclaró Carlos Olavarría, alcaide del CDP castreño, el dispositivo realizado al interior del centro carcelario "respondió a los protocolos diseñados para estos casos, en los cuales se manejan antecedentes provenientes de los mismos internos, las visitas y hasta las policías, para seguir a quienes buscan introducir sustancias ilícitas y dinero a la unidad".

Audiencia

Todas las evidencias recogidas fueron remitidas al Ministerio Público para judicializar la causa. La abogada asistente Katherine Fierro se encargó de formalizar por microtráfico a la encartada, quien reconoció su participación en los hechos y hasta prestó colaboración en las diligencias, ante lo cual accedió a un requerimiento verbal simplificado.

Tal como expuso el defensor Juan Manuel Castro, su representada entregó autorización voluntaria para el registro de su domicilio en la capital chilota. Al interior de la vivienda se incautaron otros 45 gramos de marihuana.

"Junto a la irreprochable conducta anterior se suma como atenuante la cooperación en el esclarecimiento de los hechos. Por ello, accedió a una pena rebajada de 61 días de presidio remitido", acotó el abogado.

La magistrada Alejandra Varas dictó el fallo que implicará que la mujer firmará mensualmente por un año ante el Centro de Reinserción Social de Castro.