Ancud: molestia genera fallida formalización por vertimiento
Exjefe de Directemar no llegó ayer al tribunal para ser encausado por su eventual responsabilidad en la autorización para vaciar salmones podridos al mar. En la audiencia se confirmó la competencia jurídica en Chiloé.
Invocando la existencia de 1.300 kilómetros de distancia y lo tardía de la notificación, el extitular de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (Directemar), Osvaldo Schwarzenberg Ashton, se justificó de comparecer ayer a la audiencia de formalización en su contra en el Juzgado de Garantía de Ancud.
El retirado vicealmirante oriundo de la Región de Valparaíso era esperado por dirigentes del mundo pesquero artesanal, huilliche y ambientalistas en el tribunal, donde sería encausado por el delito de prevaricación administrativa.
La audiencia buscaba por parte de la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público de la Región de Los Lagos, representada por la fiscal Pamela Salgado, abrir una indagatoria contra el exfuncionario naval por su participación en el permiso otorgado para vaciar 4.600 toneladas de salmón en descomposición en marzo de 2016 frente al sector Faro Corona.
Este hecho, como han señalado los movimientos sociales y de pescadores ancuditanos, estaría asociado a la crisis ambiental desatada en la zona.
Uno de los dos juristas que defienden a Schwarzenberg se excusó de la presencia de su cliente por encontrarse a más de mil kilómetros de distancia y por haber sido notificado recién el lunes pasado por el tribunal ancuditano.
Con tal justificación, la magistrada María Angélica Islas junto con reconocer la tardanza en la entrega de la notificación reagendó la audiencia para el 14 de diciembre.
En tanto, la fiscal Salgado enunció que el imputado en su momento autorizó el vertimiento de masa salmonídea en descomposición carente de una serie de aspectos técnicos que hacían inviable su vaciamiento a las aguas del mar en Chiloé.
"Hubo una resolución manifiestamente injusta, arbitraria, en cuanto toma una decisión sobre la base de un informe técnico que carecía de todo fundamento y particularmente sobre la base de que la materia que se iba a verter estaba libre de todo tóxico químico que pudiera generar algún tipo de perjuicio al mar en este caso y una contaminación", dijo la fiscal.
Voces
Molestia generó la ausencia del exdirector de la Directemar, principalmente entre dirigentes sociales y de la pesca.
"Estábamos sospechando que no iba a llegar porque suelen hacer esto", dijo Marcela Ramos, del Movimiento Defendamos Chiloé.
En tanto, Pablo Oyarzo, presidente comunal de la Mesa de Marea Roja, se mostró satisfecho en primera instancia ante la competencia que le cabe al tribunal para continuar adelante para formalizar en Ancud. Este fue un tema que se trató en la audiencia de ayer, confirmando la sentenciadora local que los eventuales actos punitivos tienen como epicentro esta jurisdicción.
"Como dijo la jueza todos los hechos se produjeron acá, lo último que se hizo fue la firma que dio el imputado (...) creemos que esta vez no va a poder decir que no va a venir", enfatizó el dirigente.
A su vez, el abogado que patrocina dos demandas civiles contra el Estado por el vertimiento, Allan Leonard, sumó que "estimamos que es importante que la causa se mantenga en el Juzgado de Ancud".
El jurista manifestó que la defensa va a apelar a esta resolución en su intento por trasladar la causa a Valparaíso.
Los abogados defensores Juan Rivera y Roberto Goldenberg no hicieron declaraciones a la prensa.
"Aquí hubo una resolución manifiestamente injusta, arbitraria en cuanto a la toma de la decisión".
Pamela Salgado, fiscal."