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Dictan 6 años de cárcel a chonchino por violación

La defensa del condenado ya evalúa recurrir de nulidad tras el fallo del tribunal.
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Luis Contreras V.

A una pena efectiva de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo fue condenado un poblador chonchino por el delito de violación a mayor de 14 años en un fallo entregado por el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.

La sentencia fue dada a conocer por los sentenciadores una vez que el Ministerio Público hizo presente los medios de prueba que inculpaban al imputado en los sucesos registrados la madrugada del 31 de diciembre de 2016 en la casa de la propia víctima, ubicada en la localidad de Mocopulli, comuna de Dalcahue.

En la etapa probatoria se estableció que el ahora condenado de iniciales V.A.G.C. (22) originario del sector Palihue, comuna de Chonchi, utilizando la fuerza llevó hasta un dormitorio a la menor de 15 años, quien además se encontraba bajo los efectos del alcohol. En ese lugar procedió a ultrajarla.

En forma posterior la adolescente solicitaría ayuda junto con formalizar la denuncia por los sucesos acontecidos en su hogar.

Al momento del proceso de enjuiciamiento el chonchino se encontraba en prisión preventiva por incumplimiento del arresto domiciliario, medida revocada a partir del 1 de agosto de este año.

Testimonios e informes periciales fueron fundamentales para que los jueces desvirtuaran la presunción de inocencia que amparaba al encartado, determinado su autoría en los hechos. Los antecedentes probatorios fueron entregados a la sala por el fiscal Enrique Canales, quien instruyó las diligencias del caso.

Entre otros recursos se dio a conocer el informe médico legal y pericial sicológico de credibilidad y daño respecto de la víctima.

A estos antecedentes se sumó un set fotográfico que fijó las lesiones sufridas por la adolescente y del sitio del suceso más tres prendas de vestir.

El abogado indicó en su momento que el tribunal "acogió la tesis planteada" por el ente persecutor, quien inicialmente solicitó una condena de 10 años de presidio.

En tanto, el defensor Rodrigo Zamorano, recalcó que "nosotros vamos a recurrir porque el imputado estaba colaborando para el esclarecimiento de los hechos y la pena es excesiva".

El profesional estaba solicitando una sanción de 3 años y 1 día de presidio para su representado.

Para recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt existe un plazo legal de 10 días.

22 años de edad tiene el chonchino condenado por el delito de violación.

10 días es el plazo para la presentación de un recurso de nulidad por este juicio.

Osornina asume hoy como defensora regional

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La abogada osornina, María Soledad Llorente, asume hoy como nueva defensora regional en Los Lagos.

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral en 1999, la profesional llega a dicho puesto luego de participar en el concurso público y reemplazar a Erwin Neumann.

La abogada que fue parte activa del proceso de instalación de la Defensoría Penal Pública en la provincial del Rahue se mantuvo hasta el momento de su nombramiento como defensora local jefe en esta zona.

"Esos 15 años representaron un espacio de aprendizaje invaluable, porque no solo implicó ejercer la defensa donde antes el proceso no lo permitía en la forma en que hoy se ejerce, sino que también exigió abrir nuevos espacios para el trabajo de la defensa pública", explicó la jurista.

Desde su perspectiva el sistema penal cumple con un buen funcionamiento en la región, agregando que existen desafíos pendientes en que deben involucrarse todos los actores del aparato judicial.

María Soledad Llorente esgrimió que "hoy pareciera ser que estamos frente a un nuevo desafío, que consiste más bien en afinar el trabajo de todas las instituciones para mejorar la respuesta a la necesidad de resguardar las garantías fundamentales de las personas. La prisión preventiva no es sinónimo de éxito en la persecución penal. Una pena justa sí lo es".

Cifras

La abogada aseveró que es de real importancia la cifra de personas a quienes se le ha aplicado la cautelar de prisión preventiva.

Solo el 2017 hubo 1.800 personas privadas de libertad y que más tarde fueron absueltas o no condenadas. "Como sociedad, debemos hacernos cargo de ese costo humano para las personas, precisamente para minimizarlo, y ahí, como Defensoría, tenemos mucho que aportar", subrayó.