Secciones

Formalizan a exfuncionaria y médico por licencias "falsas"

El Ministerio Público de Ancud abrió investigación formal por uso malicioso de permiso médico. La parte defensora argumenta que los documentos de salud tienen fundamentos.
E-mail Compartir

Luis Contreras Villarroel

Un plazo de 60 días fijó el Juzgado de Garantía de Ancud para que el Ministerio Público investigue a una exfuncionaria municipal quemchina y una médico general por la figura de falsificación de instrumento público.

La decisión judicial fue adoptada la mañana de ayer en el tribunal garante, donde la fiscal de turno del Ministerio Público, María Paz Parada, formalizó la indagación en contra de la exempleada municipal Alba Muñoz por la figura de uso malicioso de licencia médica falsa y la galena Pamela Iglesias por el otorgamiento de licencia médica falsa.

Ambas acusadas que llegaron a la audiencia se presentaron junto a sus abogados particulares Claudio Sanhueza y Matías Sandoval, quienes escucharon atentamente los cargos que se le imputan por el persecutor.

Fiscal

Para el fiscal a cargo de la causa, Javier Calisto, la indagatoria apuntará a establecer responsabilidades por la extensión de los documentos médicos como por la utilización misma de ellos.

"Está en cuestión si las licencias se emitieron con respaldo de una atención médica real y también si la persona o profesional que emitió la licencia tenía la competencia para emitir el diagnóstico que emitió", afirmó el abogado.

Calisto sostuvo que en forma previa la Superintendencia de Seguridad Social aplicó una sanción a la profesional de la salud "producto de esta misma situación, entonces igual hay un antecedente al respecto".

El persecutor arguyó que durante estos dos meses se verificarán las versiones que entreguen las imputadas y complementarlas con las versiones originales que constan en la carpeta de investigación de la Fiscalía.

ORIGEN

A la salida del tribunal la abogada de la municipalidad quemchina, Cinthia Chandía, quien ofició en calidad de denunciante, evocó que este caso se remonta a noviembre de 2016 cuando la ahora exfuncionaria consistorial se acogió a licencias médicas entregadas por la médico igualmente encausada por el Ministerio Público.

Tal documentación fue revisada por la jurista, aseverando esta que tales documentos se extendieron a la ahora excandidata del Partido Socialista a esta alcaldía chilota.

El hecho fue pesquisado en marzo de 2017, ya bajo la administración del actual alcalde, Gustavo Lobos (UDI).

"Constaté que la funcionaria había hecho uso de licencias médicas por más de seis meses y en este caso faculta al alcalde a declarar la vacancia del cargo (…); al revisar la carpeta me llamó la atención de quién emitía las licencias, ya que la doctora trabajó un tiempo en Quemchi", declaró la jurista.

Las imputaciones tuvieron eco en el abogado Claudio Sanhueza, quien representa a la facultativa que justificó la extensión de los permisos.

"Lo que puedo señalar es que las tres licencias emitidas por la doctora Iglesias tienen fundamento médico, están acreditadas con los informes que hemos entregado ante la Superintendencia de Seguridad Social, estas tres licencias no fueron impugnadas por la Compin respectiva; sostenemos que la doctora es la médico tratante de la paciente", arguyó el defensor.

Sanhueza reconoció, sin embargo, la existencia de "un error administrativo" basado "en no haber presentado los informes correspondientes ante la Superintendencia de Seguridad Social, eso se puede reconocer, no se presentaron en su oportunidad".

A su vez, Alba Muñoz declinó formular declaraciones al respecto manifestando escuetamente "estar tranquila" luego de ser formalizada en el juzgado ancuditano y retirarse en compañía de su abogado.

Las dos acusadas quedaron solo con las medidas cautelares de firma periódica en Carabineros y arraigo nacional mientras se desarrolla el curso de la indagatoria.

"Está en cuestión si las licencias se emitieron con respaldo de una atención médica real".

Javier Calisto,, fiscal del Ministerio, Público de Ancud."

SANCIONES

La legislación establece diferentes penas -todas bajas- tanto para el facultativo que incurre en la falsedad como quien hace uso de licencia médica. El fiscal Javier Calisto dijo que "las sanciones son todas de reclusión menor, se llega al grado medio en caso del facultativo más una multa y en el caso de la persona que lo utiliza es reclusión menor en su grado mínimo".

2 meses tiene la Fiscalía para cerrar el caso vinculado a la extensión de licencias.