Romina Pérez Vilches

Desde este domingo comenzó a regir la Ley 21.100 que prohíbe a las grandes tiendas del retail y supermercados entregar bolsas plásticas, luego de una marcha blanca de seis meses en que se retiraron paulatinamente para acostumbrar a los usuarios a esta nueva medida.

Según la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en este medio año se dejaron de entregar mil millones de unidades de bolsas plásticas, lo que equivale a ir de Arica a Punta Arenas unas 100 veces.

Frente a este cambio trascendental, Manuel Oyarzo, administrador del supermercado Talcahuano, comentó que su local restringió la entrega de bolsas plásticas hace unos meses atrás, entregando solo un par por cliente.

El dirigente del comercio detallista castreño sumó que ha "escuchado a algunas autoridades que el negocio pequeño y mediano seguirá entregando bolsas por un año más. Nosotros somos una empresa mediana, por lo tanto, estaríamos todavía dentro de la ley entregando bolsas plásticas, pero cuando sea estrictamente necesario".

A su vez, la supervisora de cajas de Unimarc, Alejandra Gallardo, contó que al principio la gente se molestaba porque no entendía que era una ordenanza municipal y después una ley, pero con el tiempo -aseveró- los clientes ya se han acostumbrado, tanto así que ya no quedan bolsas reutilizables en stock y se espera la llegada de un nuevo pedido.

Los que se han visto más afectados con la medida son los "empaques". Daniel Roa trabaja hace dos años en el Lider Express del mall castreño, y cuenta que antes era más fácil para ellos dar este servicio, acusando que ahora la gente no los solicita, pues muchos clientes guardan solos sus productos, lo que ha disminuido los cupos para este trabajo.

Plazos

Por su parte, Klaus Kosiel, seremi de Medio Ambiente, resaltó que "para los pequeños comerciantes esta misma normativa comenzará a regir el 3 de agosto del año 2020, es decir, a dos años de publicada la ley en el Diario Oficial. Es importante señalar que la ley establece como mediana empresa a aquel negocio que no exceda las 100 mil Unidades de Fomento en el último año calendario".

La fiscalización de esta normativa será responsabilidad de cada municipio y las multas irán en su propio beneficio. Estas alcanzarán un máximo de 5 UTM ($241.525) por cada bolsa que haya sido entregada. Pero no todas las bolsas serán retiradas: las consideradas "envase primario", por estar en contacto directo con el producto, como las de panadería, frutas y verduras, se seguirán entregando.

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Eduardo Burgos Sepúlveda

Una multa de 415 Unidades Tributarias Mensuales ($20.046.575) aplicó la Dirección General de Aguas a un empresario castreño que el 11 de septiembre del 2018 fue denunciado por movimiento de tierras en el cauce del río La Chacra, en Castro.

Según el organismo público, se detectó una "intervención del cauce natural en ambas riberas, mediante el movimiento o acumulación de tierra, cuyos deslizamientos afectan el escurrimiento natural de las aguas, con riesgo de colapso de material".

Así dicta la resolución de la DGA, dando cita a la fiscalización efectuada en septiembre del 2018.

La misma resolución indica que ahora el amonestado puede interponer recursos de reconsideración y reclamación, a lo cual Carlos Saldivia, el empresario aludido, respondió que "el dictamen parte de una premisa falsa, donde dice que en el recorrido de la alcantarilla hay muchas casas y podría ocasionar un riesgo para la vida humana, pero lo único que hay es un basural al lado y sale al mar".

Agregó la fuente que "lo otro es que el caudal de ese río no es de más de 30 centímetros", insistiendo que "yo no trabajé en el río, sino más arriba y, según la ley, yo puedo mover 100 mil cubos de ripio mensuales sin pedirle permiso a nadie".

Reconoció el empresario que "lo que hubo ahí fue un derrame de más o menos 30 metros cúbicos que cayeron a la alcantarilla y yo personalmente lo evacué, fue trasladado de inmediato con maquinaria mía, propia, no de la municipalidad".

"La multa podría aplicarse y se paga, pero después yo tengo derecho a una instancia judicial", recalcó Saldivia, no descartando iniciar acciones legales por el fallo en su contra.

Reconoció Saldivia que existe a lo menos otra denuncia en su contra por movimientos de tierra, desestimando haber afectado a un vecino del sector Carpe Diem con su trabajo.

El alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, se refirió a la resolución, indicando que "en septiembre del 2018 procedimos a presentar una denuncia ante la Dirección General de Aguas, perteneciente al MOP, por los trabajos que se estaban realizando en forma irregular, sin autorización de ningún tipo, por parte de un empresario local, removiendo tierras, generando una transformación en un cauce natural".

Subrayó el edil que las obras se desarrollaron de forma "irregular" y que "siempre vamos a hacer respetar la ley y no hay persona alguna en nuestra comuna que esté por sobre la legislación y hoy día la Dirección General de Aguas ha multado a este irresponsable empresario".

La resolución también consigna que si no se revierten las intervenciones para volver el lugar a su forma natural podría multarse hasta por 579 millones de pesos.