Largas filas se registraron ayer en un centro médico de Francisco Bilbao, en Santiago, con personas que necesitaban vacunarse contra la fiebre amarilla antes de viajar a los países donde la enfermedad está presente. Esta imagen se ha repetido durante el verano ante la escasez de las dosis en los consultorios y vacunatorios privados.

Para tranquilizar a los viajeros, ayer la ministra (s) de Salud, Paula Daza, confirmó que a fin de mes llegará al país un nuevo stock de más de 100 mil vacunas, según ratificó a la cartera el laboratorio encargado del medicamento, Sanofi Pasteur.

"Le pedimos a las personas que van a viajar más adelante que se esperen, porque cuando ocurren estas situaciones se produce una alta demanda pensando que va a haber una falta de stock", señaló la autoridad.

Según afirmó la personera, pese a las complicaciones para conseguir una dosis actualmente y durante el verano, no ha existido una falta de medicamento, ya que se han distribuido unas 30 mil vacunas en el sector privado, que ha debido administrarlas para dar abasto a la demanda.

Sobre una posible injerencia del Gobierno para aumentar la oferta del producto, Daza descartó mayor acción que el monitoreo y reuniones con el laboratorio, ya que "la fiebre amarilla no es una enfermedad endémica en el país, por lo tanto, no es un problema de salud pública en Chile".

Diego Gotelli C. - Medios Regionales

El sistema automatizado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) arrojó una alerta. En su fiscalización de licencias médicas que ingresan al organismo se detectó una sospechosa anomalía, ya que había firmas de médicos que se repetían demasiadas veces en los documentos.

Según el sistema, hay 28 especialistas que emitieron más de 3 mil licencias cada uno durante el 2018, e incluso algunos entregaron 4.500 documentos, cuando el promedio para los profesionales de la salud es de 150 a 200 certificaciones anuales.

Por ello, ayer el Ministerio de Salud y Fonasa se querellaron contra este grupo que habría incurrido en los delitos de emisión de certificaciones falsas y obtención de subsidios de manera irregular, los que se suman a otros 13 profesionales que fueron denunciados en noviembre.

"La modernización del Compin nos permite tener mucha más información y monitoreo de la emisión de las licencias médicas, así que probablemente vamos a tener más querellas", señaló la ministra (s), Paula Daza.

De acuerdo a Fonasa, en pagar las licencias emitidas por los 41 médicos indagados se gastaron casi $25 mil millones, que hubieran alcanzado para construir cuatro centros de salud familiar (cesfams). "Son cifras sumamente altas. El gasto es brutal y afecta a todos los chilenos", criticó el director (s) del organismo, Luis Brito.

En los antecedentes entregados en el Centro de Justicia se constata que las licencias eran principalmente por cuadros traumatológicos, osteomusculares y de salud mental, pese a que 23 de los indagados son médicos generales. Además, sus clientes rondan entre los 20 y 30 años, quienes pagarían particularmente por el certificado al profesional.

Desde el Colegio Médico, su presidenta Izkia Siches enfatizó que pese a que quienes incurren en esta mala práctica son un grupo "bastante pequeño" de los facultativos en Chile, es algo que se debe erradicar con penas y revocándoles la profesión a los culpables.

"Los médicos no pueden ganarse la vida vulnerando las licencias", cuestionó la líder de la orden.

41 son los médicos que están siendo indagados con la nueva acción judicial.

23 de los denunciados son médicos generales, pero licencias son por cuadros especiales.

25 mil millones fue el costo de todas las licencias que están siendo investigadas.