Eduardo Burgos Sepúlveda

El Juzgado de Garantía de Castro decidió el sobreseimiento total y definitivo del exalcalde Nelson Águila (DC) y dos exfuncionarios de la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro (Corpocas), denunciados en el 2017 por la actual administración consistorial, de varios delitos relativos al uso inadecuado de caudales públicos que ascendían -según la imputación- a más de 300 millones de pesos.

El viernes se desarrolló una audiencia de no perseverar en el Juzgado de Garantía de Castro, solicitada por la Fiscalía Local, que llevó durante casi dos años una indagación desformalizada.

"Teniendo presente principalmente el último informe señalado por el Ministerio Público donde se da cuenta de que no existen antecedentes que den cuenta de la existencia de algún delito, se concluye que los hechos se tratarían de una mala administración o mala rendición de cuentas en cuanto a los gastos, pero en ningún caso constitutivos de delitos señalados en la querella y por los cuales se investigó", reza parte de la decisión del tribunal.

Tras esto, el juzgado declaró "sobreseimiento total y definitivo" en el caso de Nelson Águila; el exsecretario general de la Corpocas, Carlos Delgado, y la exfuncionaria María Adriana Olivares de malversación de caudales públicos, otros delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones, infidelidad en la custodia de documentos, exacciones ilegales cometidas por funcionario públicos y fraudes al fisco y organismos del Estado.

Al respecto, el exalcalde Águila manifestó su satisfacción por la resolución, indicando que "la justicia ha determinado que nunca hubo ningún delito, ni en la corporación ni en ninguna parte por parte de mi persona, porque siempre fuimos transparentes y nuestra corporación se autofinanciaba", resaltando que "es extraño el hecho que nosotros salimos y se descubrían supuestos delitos y faltantes de plata".

Agregó el exedil que "más allá de lo técnico y contable, de lo financiero, creo que pretendían una campaña en mi contra de parte de los directivos de la corporación y del alcalde, Marcelo Fuentes y Juan Eduardo Vera, además del abogado que creo que se pasó de la línea al opinar, porque anduvo en la línea de la calumnia, de prejuzgar algo que la justicia determinó que no era verdad".

Águila recalcó que dentro de la investigación la Fiscalía ofició a la Contraloría y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, además del Consejo de Defensa del Estado (CDE). "Hicieron una serie de diligencias y creo que los elementos que teníamos nosotros de pruebas fueron más contundentes y demostraron que nunca hubo ningún delito", acotó el ingeniero agrónomo.

Fabián Quiroz, abogado defensor del hoy consejero regional, fundamentó que "acá nosotros solicitamos que se abriera debate sobre un sobreseimiento definitivo total respecto de todos los delitos y respecto de todos los intervinientes, porque la decisión de no perseverar es del fiscal, y él decide no seguir con la investigación porque no tiene más antecedentes, que no produce muchos efectos a nivel jurídico; en cambio, el sobreseimiento es una decisión de un tribunal, que dice que en base a los antecedentes que existen acá nunca estuvimos en presencia de delito alguno y, por lo tanto, quedan libres de polvo y paja todos los intervinientes".

Agregó el jurista que la Contraloría General de la República y el CDE establecieron en la investigación que tampoco existieron faltas administrativas. "A lo más podría haber algún tema con las rendiciones de cuentas de algunos fondos que se ejecutaban a más de un año calendario, en un tema de administración interna de la corporación y todos esos millones que decía Marcelo Fuentes son mentira", esgrimió el jurista.

Olivares

Quiroz ahondó en el caso de Adriana Olivares, quien perdió su trabajo en la corporación. "Además, ella tiene problemas de salud y actualmente sigue en tratamiento siquiátrico en la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) desde hace 2 años, así que el caso más complejo es ella", apuntó.

El actual secretario general de la Corporación Municipal de Castro, Marcelo Fuentes, manifestó en una declaración que "no se ha dicho la última palabra, porque estamos en una primera instancia judicial e insistiremos en defender la verdad de los hechos, presentando las apelaciones en los plazos que corresponden, ya que existen los antecedentes suficientes que demuestran la desviación de recursos por parte de la administración anterior".

Insistió el directivo, pese a la investigación, que "financieramente en Educación (de Castro) se utilizaron entre los años 2012 y 2016 más de 400 millones en otros fines que no eran precisamente en Programas de Integración (Escolar) donde se atienden más de mil estudiantes con problemas de aprendizaje y vulnerabilidad social, lo que fue corroborado por la misma Superintendencia de Educación y más de 230 millones de pesos en el área de Salud, que también fueron destinados a otros fines, no cumpliéndose los programas destinados a resolver problemas de salud de la población más necesitada de la comuna".

De acuerdo al también exalcalde castreño, "esto ha motivado que en reiteradas oportunidades el Servicio de Salud (Chiloé) y el Ministerio de Educación hayan solicitado su devolución por no ejecutarse dichos programas, no estando además acreditados esos dineros en las cuentas corrientes que la corporación posee".

Cerró Fuentes: "Efectuadas las auditorías internas y externas, más la revisión de los ministerios de Salud y Educación, se demostró que realizaron, entre otras gestiones, una 'bicicleta contable', específicamente desde el año 2012 al 2016 se utilizaron recursos de programas PIE (Programa de Integración Escolar), SEP (Subvención Especial Preferencial) y de Salud para lograr equilibrar los presupuestos anuales, llegando a más de 600 millones que no se pudieron acreditar en las cuentas corrientes, como tampoco rendir a los ministerios correspondientes, lo que nos obligó a presentar una querella por malversación de fondos públicos".

"La justicia ha determinado que nunca hubo ningún delito, ni en la corporación ni en ninguna parte".

Nelson Águila,, exalcalde de Castro."