Un desembolso cercano a los 70 millones de pesos debió pagar la Corporación para la Educación, Salud y Atención al Menor de Castro a la exencargada de finanzas de la entidad, Adriana Olivares, quien demandó a su exempleador por tutela Laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de su despido, nulidad del despido, cobro de prestaciones laborales e indemnización de perjuicios.
Si bien la entidad municipal recurrió a la Corte Suprema, apelando por los fallos en contra en primera y segunda instancias, la parte no pidió fianza por la cifra demandada, por lo que ya debió desembolsar la suma exigida por la parte demandante.
Así lo detalló el abogado patrocinante de la contadora auditora, Pablo Lehnebach, quien advirtió que este litigio laboral se dio en paralelo a la defensa efectuada en el Juzgado de Garantía de Castro por una querella interpuesta por el alcalde Juan Eduardo Vera en contra de la extrabajadora por malversación de caudales públicos, otros delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones, infidelidad en la custodia de documentos, exacciones ilegales cometidas por funcionario públicos y fraudes al fisco y organismos del Estado.
"Ese mismo día que ingresan la querella, le notifican de su despido, o sea, en el fondo no fue 'te despido y te acuso', sino que se le acusó siendo trabajadora, siendo funcionaria", relató el jurista, explicando que "la diferencia es el rol que tiene que ejercer el empleador, que es el principal garante de los derechos fundamentales y la salud de sus trabajadores".
tratamiento
Sin perjuicio de lo anterior, Olivares desde esa fecha está en tratamiento siquiátrico en la Asociación Chilena de Seguridad. "Eso fue declarado por la ACHS y luego el Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) resolvió que esto fue causa del maltrato que ella sufrió, se le declaró una enfermedad profesional que está vigente", agregó.
La acusación de la actual administración municipal y de la corporación hacia la contadora, a quien se le imputó haber sustraído sin permiso documentación para supuestamente ocultar supuestos malos manejos financieros, habría gatillado la enfermedad de la exfuncionaria y su despido, por el cual recurrió a los tribunales.
"Eso se ganó ya en la Corte de apelaciones y está en la Corte Suprema, no obstante, por un error de la corporación, nosotros pudimos cobrar de manera anticipada; o sea, ya está pagado, no obstante que el juicio está pendiente en la Suprema", precisó Fabián Quiroz, abogado del mismo bufete que representa a Olivares.
El legista agregó que cuando un fallo de este tipo pasa de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a la Suprema de Santiago se tiene que presentar una oposición a que se ejecute de inmediato. "Pedir fianza", aclaró, detallando que "ese trámite no lo cumplió la corporación y solamente puso su recurso, y como no lo hicieron, la corte tiene la obligación de remitir los antecedentes acá y nosotros pedimos la ejecución inmediata", con lo que se desembolsó lo sancionado en segunda instancia: cerca de 70 millones.
eventuales querellas
En el plano penal, Olivares fue sobreseída de las imputaciones efectuadas por la corporación y, al igual que el exalcalde Nelson Águila, su defensa anunció que están analizando interponer ahora querellas contra quienes le acusaron, a lo cual la justicia en primera instancia determinó que no existían méritos ni antecedentes que indicaran que habría cometido algún delito, todo esto avalado por peritajes de la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y la Unidad de Delitos Económicos de la PDI.
Al cierre de la edición, no hubo respuesta a llamados telefónicos de este medio al secretario general de la corporación y a abogado de la entidad municipal a cargo de la educación pública y la salud primaria.
"El empleador es el principal garante de los derechos fundamentales y la salud de sus trabajadores".
Pablo Lehnebach,, abogado patrocinante."
