Gracias a la rápida denuncia de la víctima, efectivos de Carabineros lograron dar con el paradero de un sujeto sindicado como el autor de un asalto a un guardia de los tribunales penales de Castro. Una detención ampliada hasta hoy, cuando se formalice la indagatoria.

Tras salir de turno, pasada la medianoche de ayer, y mientras el vigilante retornaba a su vivienda fue interceptado por un sujeto en calle Piloto Samuel Ulloa.

Como indicó el mayor Miguel Aguilar, jefe de la unidad base castreña, "se dispusieron los operativos correspondientes ubicando a la persona que respondía a la descripción y nombre entregados por el denunciante, quien mantenía la especie (un celular) sustraída".

El encartado fue aprehendido por robo con intimidación, ya que el afectado indicó que lo amenazaron con un cuchillo. Sin embargo, la figura legal está siendo analizada, ampliándose en 24 horas la detención de V.S.V. (34).

El fiscal Luis Barría recalcó que "tomaremos declaración a la víctima e imputado, mientras que la SIP revisa las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector".

A su vez, el defensor Rodrigo Zamorano aclaró que "los hechos se tratarían de un robo por sorpresa, no hubo intimidación según lo que reconoció mi representado".

Pedro Bárcena González

Con cautelares en el medio libre, tras descartarse una medida privativa de libertad que invocó el Ministerio Público, quedó el oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) de Castro formalizado por falsedad de un informe dentro de una indagatoria por un delito de estafa. Una causa que se sobreseyó como consecuencia de la documentación que presentó este funcionario.

En audiencia realizada ayer en el Juzgado de Garantía de Castro, el subcomisario de iniciales L.D.B. fue encausado por este ilícito especial contenido en la Ley Orgánica de la PDI, después de una exhaustiva indagatoria desjudicializada desde mediados del año pasado.

Justamente, el trabajo efectuado por el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la institución policial en Puerto Montt sustentó los antecedentes para la formalización.

Así lo explicó el fiscal Luis Barría, enfatizando que estas diligencias "permitieron concluir que el informe policial confeccionado por el imputado, que envió a la Fiscalía y que llevó a la determinación del sobreseimiento definitivo era falso".

La cronología de este caso da cuenta que el 11 de agosto del 2017 la víctima interpuso una denuncia por el delito de estafa y otras defraudaciones, por un monto de un millón 300 mil pesos, contra un abogado. El jueves 17 de ese mes llegó una orden de indagar a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro, siendo remitido el 22 de diciembre del 2017 al ente persecutor local un informe por el actual encartado.

Dicho documento concluyó que no era posible acreditar los hechos notificados, incluyendo entre varias diligencias la declaración del afectado. Por ello, el 3 de marzo del 2018 la Fiscalía solicitó el sobreseimiento.

Sin embargo, el propio denunciante prendió la alerta ante este cierre y, como reprodujo el fiscal Barría en la audiencia, señaló que nunca concurrió a prestar declaración el 24 de agosto del 2017.

Ante esta grave acusación, dentro de las pesquisas que se instruyeron estuvo la revisión del control de guardia de la Bicrim como el análisis del tráfico de llamadas y georreferenciación del teléfono de la víctima. Y esta pericia fue clave: se determinó que el hombre estaba en Chonchi y no declarando en la PDI.

Igualmente, se realizó un peritaje documental que habría concluido que la firma del afectado estampada en el informe que hizo el imputado era falsa.

Bajo este contexto, el persecutor invocó la cautelar de arresto domiciliario total contra el policía, la prohibición de acercarse al cuartel y a la víctima, como también el arraigo nacional.

El defensor particular Carlos Barahona se opuso a estas precautorias, enfatizando que "a estas alturas de la causa no está suficientemente acreditada la existencia del delito".

El jurista señaló que su representado sí tomó testimonio al afectado y hasta concurrió a las oficinas del abogado acusado de estafa, quien incluso habría reconocido los hechos y asegurado la devolución de los montos.

La fuente aclaró que el detective "llamó a la víctima que le reconoció que le regresaron la plata, ante lo cual no existiría afectación patrimonial. Por eso, todo esto se trataría de una falta administrativa, sin alcances penales". Agregó que solo existiría un error en la fecha de la declaración.

Desproporcionada

A su vez, el profesional recalcó que la supuesta firma falsa del denunciante "no se puede atribuir a mi representado", añadiendo que "no es un delincuente" como para invocarse la privación de su libertad, medida que calificó como "desproporcionada".

En definitiva, la magistrada Jesica Yáñez descartó el arresto y acogió las prohibiciones de acercamiento, decretando un plazo de 120 días para el desarrollo de la indagatoria.

5 meses suspendido de su cargo se encuentra el subcomisario de Castro.

120 días se decretaron para el desarrollo de las pesquisas formales por esta causa.