Caso Karadima: Arzobispado de Santiago deberá pagar $300 millones
Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, víctimas del exsacerdote, acusaron encubrimiento. La arquidiócesis no apelará.
Redacción - Medios Regionales
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda indemnizatoria interpuesta por los tres denunciantes de Fernando Karadima en contra del Arzobispado de Santiago.
El tribunal de alzada ordenó el pago total de $300 millones a los afectados que acusaron encubrimiento de los abusos cometidos por el expárroco de El Bosque, los cuales tendrán que ser distribuidos en partes iguales.
La demanda civil fue presentada en 2013 por el abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.
En ella se pedía el monto total de $450 millones. Sin embargo, la acción fue rechazada en marzo de 2017 por el ministro en visita Juan Muñoz Pardo, al considerar que la prueba rendida no permitía "tomarse convicción acerca de la existencia de la coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago en desmedro y sufrimiento de los actores por insuficiencia probatoria".
Tanto los denunciantes como Hermosilla acusaron una estrategia dilatoria por parte de la arquidiócesis basada en la constante presentación de recursos. El año pasado estuvo marcado por críticas hacia la Iglesia Católica chilena debido a las constantes suspensiones de alegatos.
Ya en octubre se llevaron a cabo los alegatos y la defensa de Murillo, Cruz y Hamilton dio a conocer una carta escrita por el cardenal Francisco Javier Errázuriz en la que se admitía el cierre de la investigación y que no se le había consultado a Karadima por los hechos denunciados.
El Arzobispado de Santiago informó que no apelará a la decisión del tribunal y manifestó, en un comunicado, su conformidad con ella. "Confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima", continúa la declaración.
aspectos del fallo
Una de las conclusiones del fallo de la Corte de Apelaciones dice que "la Iglesia conocía de las denuncias, al menos, desde el año 2003", y que "decidió mantener el libre ejercicio sacerdotal de Karadima" y no prestar "amparo y auxilio alguno a los demandantes, sino una vez que los hechos se hicieron públicos y notorios".
En tal sentido, menciona al cardenal Francisco Javier Errázuriz y expone que, siendo él arzobispo de Santiago, la Iglesia Católica "tomó conocimiento de los abusos denunciados por el señor Murillo el año 2003", sin realizar ninguna acción "tendiente a la investigación de los mismos".
Entre 2004 y 2006, la Iglesia, a través de Errázuriz, recibió cuatro denuncias sobre los mismos hechos por parte de Murillo, Hamilton y Cruz, además de la madre y esposa de este último. El cardenal, se agrega, "negó" tramitarlas en base al relato de un obispo "y en su pensamiento íntimo respecto a tópicos sobre la fama de Karadima, lo calumnioso y alucinatorio de este tipo de denuncias en casos anteriores".
En 2005, Murillo envió una segunda misiva tras no recibir respuesta a la denuncia que hizo en 2003. La carta llegó a Ricardo Ezzati, quien se la remitió a Errázuriz con este mensaje: "Le mando la información adjunta, no sabía que el Sr. Murillo le había enviado una carta tiempo atrás. Mi humilde sugerencia es que entreguemos el material al promotor de justicia, también para evitar posible interpretaciones de encubrimiento".