En prisión preventiva quedó este sábado el empresario argentino Hugo Larrosa, dueño de la firma de alimentos Don Hugo, luego de ser reformalizado por delitos de abuso sexual agravado, en carácter reiterado.
Ello, luego que el Juzgado de Garantía de Colina acogiera la cautelar más gravosa solicitada por el Ministerio Público -representado por el fiscal Andrés Pastoriza- que argumentó que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.
La jueza Carmen Gloria Troncoso rechazó la petición de los defensores Felipe Moraga y Rodrigo Hermosilla, quienes apuntaron a que no existe peligro de fuga, pues su representado ya se encontraba formalizado hace un año por el delito de abuso sexual y solo estaba sujeto a firma mensual, lo que le permitió salir al extranjero en varias ocasiones, regresando siempre al país y cumpliendo con todos los requisitos del proceso.
Asimismo, la defensa aludió a que el encartado ha comparecido a todas las audiencias realizadas en la causa -un total de 10- recalcando que fue el propio Hugo Larrosa quien, tras conocer la presentación de la querella en su contra, solicitó su formalización.
En la misma línea, Felipe Moraga basó sus fundamentos en la historia judicial del caso, detallando que fue el día 12 de agosto de 2017 cuando el imputado solicitó que se formalizaran los hechos materia de la investigación, programándose una audiencia para el 12 de septiembre del mismo año, instancia en la que la fiscalía no lo hizo y el tribunal le fijó un plazo de 90 días para hacerlo.
Transcurrido ese periodo, continuó el abogado, Larrosa volvió a pedir su formalización, la que finalmente se concretó el 6 de marzo de 2018, quedando el imputado sujeto a firma mensual y con prohibición de acercarse a la víctima.
Por último, la defensa dio a conocer que, al momento de la difusión de los videos por un noticiero de televisión, el Ministerio Público se encontraba explorando una salida alternativa al juicio oral para el imputado.
Hechos
De acuerdo a los hechos relatados por el fiscal Andrés Pastoriza, la víctima de iniciales R.C.L., denunció ante la fiscalía de Chacabuco el 11 de mayo de 2017, haber recibido diversos hostigamientos de carácter sexual por parte del imputado, quien abusó de su condición de dueño de la empresa Don Hugo, a la cual ingresó a trabajar en 2012, para cometer estos hechos.
Asimismo, de acuerdo a la reformalización, el empresario argentino lo obligaba a trabajar durante extensas jornadas bajo amenazas de despido, agregando que en varias ocasiones los episodios en cuestión fueron registrados en video.
Legitimación
Previo a la reformalización de cargos, la defensa cuestionó la legitimación activa del Ministerio del Interior pues -a su juicio- no es posible que pueda participar como querellante en la causa.
Según explicó Moraga, el organismo no tendría la facultad para ser parte en este proceso legal pues, de acuerdo a la Ley Orgánica, el organismo solo puede querellarse cuando él o los delitos que se persiguen, hayan impedido o limitado a un grupo de personas en sus libertades o garantías constitucionales.
Por ello, agregó, en este caso la querella solo se trata de una acción judicial nominativa de una persona contra otra persona y, por lo tanto, no puede intervenir en la causa. Ello, sin embargo, fue rechazado por el tribunal, que estableció que -en esta etapa procesal- podrían aparecer presuntas nuevas víctimas.
