Pedro Bárcena González
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó en las últimas horas dos inéditos recursos de amparo interpuestos por reclusos de la cárcel de Castro. Unas acciones legales que llegaron después de los graves incidentes registrados dentro del penal, donde decenas de reos se amotinaron para impedir un procedimiento.
El allanamiento al dormitorio 6 de condenados, en el segundo piso del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la capital chilota, desató los altercados. En el operativo se incautaron dos teléfonos celulares a igual número de presos y cuando eran remitidos a la enfermería estos sujetos se produjo la reacción de sus compañeros.
Carlos Esparza, sentenciado a 10 años y un día de reclusión por un robo en lugar habitado, habría gritado que el dispositivo de Gendarmería se originó a causa de "internos informantes", lo que gatilló la alteración en el recinto.
"Uno de esos internos motivó a la población penal para generar desórdenes. Personal de servicio intentó mitigar la situación, pero sube una turba de unos 40 internos a impedir el procedimiento de traslado. Eran seis funcionarios contra los 40 que hicieron una pared humana para impedir el operativo", explicó el alcaide de la unidad, Carlos Olavarría.
Bajo esta agitación, los uniformados se vieron en la obligación de activar la alarma general del penal para solicitar refuerzos. "Todo ello con el objetivo de controlar la turba, lo que históricamente nunca se había registrado", acotó el capitán.
Se pasó a un segundo nivel de seguridad, con lo cual los funcionarios penitenciarios usaron gas pimienta para disolver al grupo y restablecer el control. Los involucrados fueron remitidos al gimnasio del establecimiento donde fueron fiscalizados, sin que se hallaran armas artesanales o elementos contundentes.
Posteriormente, los gendarmes identificaron a cuatro reclusos a quienes denunciaron por amenazas de muerte. Todos estos sujetos fueron condenados por robos.
Tras la calma aparente, el defensor penitenciario, Carlos Barahona, se constituyó en la cárcel tomando conocimiento de los hechos. Se entrevistó con dos de los involucrados, lo cual abrió paso a las acciones legales.
"Ellos me comentan lo que sucede y en vista a lo que narran está en la línea de vulneración de derechos. Ejercimos el amparo ante la Corte (de Apelaciones de Puerto Montt), para corregir las situaciones que afectarían la seguridad de los internos", recalcó el abogado.
En definitiva, dos recursos de este tipo se interpusieron en favor de tres reos. En los requerimientos reclamaron el uso de fuerza desproporcionada, destrucción de muebles en el dormitorio, conductas abusivas de los gendarmes, golpizas y traslados arbitrarios de unidad penal.
Dictamen
Mientras Carlos Esparza desistió de la acción reparatoria, los ministros analizaron los requerimientos de Héctor Muñoz y Manuel Sierra, rechazando ambos. Por el primero resolvieron que "no ha existido un obrar ilegal lesivo de la garantía constitucional" por parte de Gendarmería, y por el segundo determinaron que "la acción cautelar perdió oportunidad", al egresar este condenado del CDP.
Este dictamen fue valorado por el capitán Olavarría, quien señaló que el fallo "resuelve que Gendarmería actuó en los parámetros legales sin vulneración de derechos y garantías de las personas que están a nuestro resguardo. Esto habla de un proceder limpio".
A su vez, el oficial confirmó que los operativos seguirán, tal como se han desarrollado los últimos seis meses, tiempo en que se han incautado más de 100 gramos de drogas y medio centenar de celulares.
