Tras la toma del Ministerio de Justicia y la posterior detención de 19 dirigentes nacionales del Frente de Trabajadores Penitenciarios, durante la noche del jueves se activó un estado de alerta general en todas las unidades carcelarias del país. Y la provincia no fue la excepción.

Tal como indicó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de Chiloé, Cristian Rubilar, reaccionaron ante el fracaso de las reuniones con autoridades en pos de un pronunciamiento del Gobierno por el proyecto de modernización de la carrera funcionaria y por el desalojo de las bases.

"Todas las unidades del país se encuentran movilizadas y en espera de las directrices del directorio del gremio", acotó el dirigente, detallando que en centros carcelarios de Ancud y Castro "se han instalado carteles en alusión a este movimiento".

Por su parte, el secretario provincial de esta agrupación, Ronald Inostroza, añadió que "estamos con jornadas de reflexión por la molestia de los trabajadores penitenciarios", ante la falta de interacción con el Ejecutivo.

Los dirigentes no descartan llegar a un paro nacional.

Pedro Bárcena González

Al constituir un peligro para la seguridad de la víctima, un isleño quedó en prisión preventiva después de protagonizar un nuevo episodio de violencia intrafamiliar (VIF) en su contra. Una tercera causa se abrió para indagar su responsabilidad en los feroces ataques contra esta mujer de 42 años, quien no puede escapar de esta espiral de agresividad.

En esta ocasión, los ataques se produjeron en el sector rural de Ñiucho, comuna de Dalcahue. Pese a existir una orden judicial de prohibición de acercamiento, el sujeto de iniciales N.C.G.A. (46) convivía con la afectada. Y en esa dinámica, mientras compartían dentro del domicilio se produjeron los hechos.

Como explicó el teniente Edgar Reyes, jefe de la unidad de Carabineros dalcahuina, con los antecedentes recopilados en el sitio del suceso, se logró confirmar que alrededor de las 3.40 horas del jueves el imputado procedió a doblarle la muñeca izquierda a la vecina.

"Junto con provocarle lesiones por esta acción, el hombre amenazó a la víctima con un cuchillo indicando que la iba a matar", acotó el oficial.

Por instrucción del Ministerio Público se procedió a la aprehensión del oriundo de Quemchi. "Además, se remitió el arma blanca a la Fiscalía en cadena de custodia, junto con el set fotográfico levantado en el lugar", aclaró el jefe policial.

Audiencia

Durante esa misma jornada, en el Juzgado de Garantía de Castro se acreditó la legalidad del procedimiento que llevó a la captura del sujeto, como también se encausó una indagatoria por tres delitos.

Así lo especificó el fiscal Fabián Fernández, recalcando que el encartado fue formalizado por lesiones menos graves y amenazas en contexto de VIF. Igual será indagado por desacato.

El abogado invocó la cautelar más gravosa en la audiencia, en base "a la gravedad del hecho y para resguardar la seguridad de la víctima, como se ha instruido de parte del fiscal regional Marcos Emilfork en cuanto al máximo rigor en la persecución de estos ilícitos".

Unos de los argumentos esgrimidos para sustentar aún más esta petición fueron los antecedentes judiciales que posee el imputado, teniendo siempre a la misma afectada: un caso de lesiones menos graves en VIF del 5 de marzo del 2017 del cual fue sobreseído, como también otro por la misma figura, del 9 de noviembre del 2018, ambos perpetrados en Chonchi.

Por este segundo ilícito el isleño fue condenado a una pena de multa y a una prohibición de acercarse a la víctima por un año. Una condición que habría quebrantado con los nuevos hechos registrados en Dalcahue.

"Hay una conducta reiterativa y denuncias previas por estas agresiones", explicó el fiscal, sumando que otro elemento invocado para pedir la prisión preventiva fue "la progresión en el riesgo que está viviendo la víctima. Todo fue aumentando al punto que la pauta (unificada de evaluación) de riesgo arrojó alto vital".

Con el peso de esta información, la magistrada Alejandra Varas dictó esta precautoria, determinando un plazo de 90 días para el desarrollo de la indagatoria.