Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet e imputado por la arista estafa del llamado caso Caval, criticó la actuación del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y planteó que el Ministerio Público no ha sido objetivo en las indagatorias que lo involucran.

"Emiliano Arias tenía un trato distinto, y eso quedó demostrado en la denuncia del fiscal (Sergio) Moya. Al parecer, recibía instrucciones del Ministerio del Interior y le daba un trato preferencial al abogado Luis Hermosilla, que al final todos sabemos que es Andrés Chadwick. Es exactamente lo mismo", comentó el hijo de Michelle Bachelet ayer en Rancagua, al concurrir a tribunales para una audiencia de preparación del juicio oral por estafa ligada al caso Caval.

Dávalos se refirió así a la disputa que tiene enfrentados a Moya con Arias, quien es su superior jerárquico, debido a las acusaciones que el primero, el fiscal de Alta Complejidad de O'Hggins, hizo contra el segundo.

Si bien Dávalos aseguró sentirse "absolutamente" perjudicado por el cometido del ente persecutor, dijo que aquí "hay un problema más severo": "Uno se pregunta '¿es objetiva la investigación de la Fiscalía?' Yo creo que no".

En esa línea, opinó que la situación en Rancagua corresponde a "una pelea de fiscales (a los) que les gusta las cámaras (...), que tienen egos muy inflados y que se están sacando todos los trapos al sol".

Hasta hoy la Fundación Coanil realiza su colecta nacional con el objetivo de potenciar el trabajo que desde hace más de 12 años viene realizando en materia de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad intelectual. La meta es recaudar 100 millones de pesos, los que serán empleados para potenciar los diversos programas y proyectos que la entidad mantiene a nivel nacional con este fin.

Álvaro Chacón, gerente general, recalcó que la colecta "es una oportunidad para visibilizar el trabajo que Coanil realiza en beneficio de personas en situación de discapacidad intelectual".

El eje central de la campaña "Dona mil a Coanil" es potenciar las iniciativas de inclusión laboral que la institución impulsa, justo cuando se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral.

También se puede aportar en www.coanil.cl.

Redacción - Medios Regionales

La Fiscalía Regional de Los Lagos pidió siete años de cárcel para Connie Fritz y Thiare Oyarce, las dos educadoras de trato directo a quienes acusa por la muerte de la niña de 11 años Lissette Villa, ocurrida en custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), el 11 de abril de 2016.

El Ministerio Público, en la acusación que presentó ayer, sostiene que ambas participaron directamente en el fallecimiento de la niña, por lo que, a su juicio, tienen calidad de autoras del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de muerte.

La Fiscalía, además, solicitó tres años y un día de presidio para la coordinadora de turno, Jessica Figueroa, y la directora del centro dependiente del Sename donde se hallaba la menor, Mónica Monje.

El caso de Lissette Villa ocurrió en 2016 cuando falleció en un centro del Sename en la Región Metropolitana. Terminó siendo el hecho que dio origen al llamado caso Sename, en que se investigan las muertes de menores dentro de los centros dependientes del Estado.

Derechos humanos

Según el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien se encuentra a cargo del caso, la acusación resulta un hito en la investigación del caso Sename.

Manifestó que "después de una investigación profunda, con centenares de diligencias, un sinnúmero de pericias, después de haber investigado toda las líneas investigativas posibles, nos formamos la convicción de que el delito que se cometió en este caso es un delito de apremios ilegítimos donde resultó fallecida una niña vulnerable que se encontraba bajo custodia del Estado en el Centro Galvarino".

"Es por ello que hemos deducido acusación por un ilícito que está directamente vinculado a los derechos humanos. De tal manera que se sigue avanzando y lo que esperamos próximamente es que continúen los trámites procesales, las audiencias respectivas, para poder llegar a un estadio de juicio oral", cerró Emilfork.

Desde la defensa de dos de las imputadas -Thiare Oyarce y Jessica Figueroa-, la abogada Jacqueline Stubing, explicó que pedirá la absolución en el próximo juicio oral y que se descarte la responsabilidad que imputa la Fiscalía.

"Nos formamos la convicción de que el delito que se cometió en este caso es un delito de apremios ilegítimos".

Marcos Emilfork, fiscal."

3 años y un día pidió la Fiscalía para la coordinadora de turno y la directora del centro.