Formalizan a dos abogados por cuantiosa estafa contra joven
El caso ya tenía a un oficial de la PDI encausado por falsedad de informe policial. Defensa acusa que el delito no está configurado.
Por el delito de estafa fueron formalizados dos abogados en Castro, después de ser sindicados como los responsables de defraudar en cerca de un millón 700 mil pesos a un cliente. Una indagatoria con ramificaciones procesales, ya que un oficial de la Policía de Investigaciones está encausado por falsificar un informe relativo a esta causa.
En el Juzgado de Garantía de la capital chilota se realizó la audiencia contra los juristas de iniciales I.A.H.C. (36) y J.A.C.C. (46), durante la cual la fiscal subrogante Carmen Paz Vargas presentó los antecedentes del caso que se remontan a marzo del 2017.
La víctima identificada como S.E.V.A. (34) habría contratado los servicios de los juristas, pero denunció "cobro de honorarios excesivos en circunstancias que no se efectuó gestión alguna en la misma causa", se informó.
En la reciente sesión judicial, junto con detallarse estos antecedentes, también se fijó una audiencia de sobreseimiento para el 6 de junio próximo.
Presupuestos
Así lo confirmó el defensor Nelson Troncoso, quien representó a sus colegas, justificando este escenario en que no existiría evidencia que configure la existencia del ilícito.
"No se dan los presupuestos materiales, ya que el dinero se devolvió mucho tiempo antes de cualquier denuncia, formalización o demanda civil, que se interpuso después por la víctima", aclaró.
La fuente explicó que uno de los requeridos retornó 300 mil pesos más de lo supuestamente defraudado. "No hay perjuicio o detrimento económico que es un requisito para establecer este delito", resaltó.
Sin embargo, como ocurrió en enero del 2018 en una instancia similar, la abogada querellante Marlys Castillo se opondrá a este sobreseimiento.
"Para nosotros está configurado el delito y por algo formalizaron a los dos imputados", acotó la profesional, reconociendo que "hay jurisprudencia que da cuenta que no solo se debe establecer el perjuicio patrimonial, además acá existe otro (agravio) sicológico y en la integridad física de mi cliente".
A su vez, la abogada esbozó que la defensa invoca la existencia de un primer informe policial que concluye la inexistencia de un delito. "Pero este trabajo está mal hecho porque falsificaron la firma de mi cliente, lo que llevó a encausar al efectivo de la PDI. Hay un segundo informe que sí establece la existencia del delito de estafa", acotó.
En definitiva, la querellante sostuvo que "vamos a deducir los recursos que sean procedentes para que no se declare el sobreseimiento definitivo, toda vez que concurren los requisitos que exige el legislador para configurar el delito de estafa".
30 días se decretaron como plazo para realizar la investigación de la causa.
3 de junio es el día en que el menor de los imputados declarará en la Fiscalía.