Nerlson Soto Asencio

20 personas desvinculadas definitivamente y otras 90 con permiso sin goce de sueldo, constituyen la realidad que viven por estos días los trabajadores de la Planta de Procesos de Bagasur, ubicada en Rivera Sur en Ancud.

Este complejo escenario laboral sería el resultado del cierre de los vertederos como el de Dicham, según lo explicó Cristian Castro, jefe de la planta emplazada en Pudeto Bajo.

"La realidad es que hoy no podemos operar desde el cierre de los vertederos porque no tenemos donde disponer los residuos. Por el lado de la empresa nosotros siempre hemos estado trabajando de acuerdo al marco legal", recalcó.

En este sentido, la fuente comentó que los desechos de la empresa son biodegradables, ya que son conchas de choritos, añadiendo que "esta decisión que tomaron, tan brutal de dejarnos sin vertedero, nos golpea crudamente en el tema del personal. Hoy tenemos 130 personas trabajando, de las cuales 20 terminaron contrato ayer (viernes) por vencimiento de contrato, pero si no hubiese pasado este evento yo las mantengo".

Aseveró el ejecutivo que los operarios están al tanto de la complicada situación y por lo mismo llegaron a un acuerdo con la empresa.

"De las 110 personas, hay 90 que están con permiso sin goce de sueldo para no tener que despedirlas, pero si esto se prolonga en el tiempo irá en perjuicio directamente de ellas", sentenció.

Una de las trabajadoras de la empresa Bagasur, Dina González, expresó su preocupación por la cesantía que se producirá si no logran una solución con el vertedero, para que la empresa deje sus residuos.

"En estos momentos estamos a la espera de saber la respuesta del día lunes en una reunión entre los empresarios y esperar qué va a resultar de eso, de lo contrario tendríamos que pasar a hacer protestas", reflexionó la ancuditana.

Agregó la isleña que ve poco apoyo de las autoridades. "Yo pienso que este problema pasa más por un tema político, que no se quiere ayudar entre ciudades. En la empresa trabajan dueñas de casa, mujeres que son las principales de la familia, personas que somos casadas, hay personas que pagan arriendo, deudas, hijos que están en la universidad y creo que nadie trabaja por hobby".

El presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadoras (CUT), Osvaldo Alarcón, aseveró que apoyarán a los trabajadores si deciden salir a las calles. Además criticó el alcalde Carlos Gómez por no asistir a la reunión con las autoridades por el tema de los vertederos.

"Entendemos que él se está desligando de una situación compleja y ahora más, por los despidos masivos en su comuna. Pero también nos reuniremos con las autoridades para analizar la causal de despidos que utilizarán las empresas para que se vaya la gente", dijo.

Una sentencia de primera instancia del Juzgado de Letras de Ancud determinó que la municipalidad local tenga que pagar cerca de 8 millones de pesos de indemnización por despido injustificado a la profesional Ana Cristina Alvarado Zapata, quien se desempeñaba como arquitecta en el Secplan, desde el 2012 y hasta el 2018, momento de su desvinculación.

Según explicó el abogado que representa a la exfuncionaria, Juan Pablo Sottolichio, el tribunal acogió parcialmente los argumentos presentados en favor de su representada.

"Doña Cristina fue desvinculada a fines del 2018 y como se le desvinculó sin pagarle ningún tipo de indemnización, nosotros presentamos una demanda en el tribunal de Ancud y después de una larga tramitación se dictó una sentencia que reconoce la relación laboral que ella tenía y era regulada a través del Código del Trabajo", recalcó.

Sumó el jurista que su clienta al margen del tema económico, "también busca reparar su integridad como persona y también en la defensa de quienes trabajan a honorarios en el municipio".

Otro de los argumentos que acogió el fallo fueron las continuas renovaciones de contrato que tuvo durante el período que trabajó en el consistorio ancuditano.

Desde la municipalidad local no fue posible obtener una versión por este dictamen.

Satisfechos se mostraron los vecinos del sector rural de Cocotué en la comuna de Ancud, luego que fuera inaugurada oficialmente la nueva sede social, infraestructura que esperaron por muchos años.

Fueron $59.487.192 del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) y del FNDR del Gobierno Regional los que permitieron levantar el edificio que cuenta con una sala multipropósito, cocina, baño universal, oficina de reuniones, rampla de acceso universal, fundaciones de hormigón, revestimientos exteriores de fibrocemento, revestimientos interiores y cielos con planchas de terciado y cerámicos.

El presidente de la junta de vecinos del sector, Mauricio Alvarado, dijo que "es un día de mucha satisfacción. Estamos muy contentos por tener hoy día esta hermosa sede" acotó.