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Alcalde presenta denuncia por antiguo vertedero industrial

Hijerra asegura que empresa no realizó planes de mitigación y que el espacio elimina residuos peligrosos.
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Redacción La Estrella

El alcalde de Dalcahue, Juan Hijerra (UDI), se trasladó hasta la ciudad de Puerto Montt con su equipo jurídico para presentar una denuncia en las oficinas de la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la empresa Agrícola Corcovado, por presunta contaminación ambiental que estaría afectando a los pobladores.

Se trataría de un espacio que elimina residuos peligrosos y lodos a un curso de agua. Fue un vertedero industrial que cerró faenas hace siete años en Mocopulli.

Al respecto, el jefe comunal indicó que "la empresa Corcovado cerró sus puertas en el año 2012, pero lamentablemente solo puso un candado, no se preocupó de hacer un plan de cierre ni mucho menos acciones de mitigación".

Sumó el edil que "se puede ver claramente que hoy día hay líquidos lixiviados que están evacuando a un río cercano, hay lodos, también hay gases que se están emanando de todo este tipo de basura, y creemos nosotros que este daño ambiental debe ser reparado".

Hijerra añadió que "lo más lamentable es que habían dos resoluciones medioambientales de calificación ambiental, más una tercera que le permitía recibir productos peligrosos. Las preguntas son: ¿Por qué no se cumplió esto que en algún momento se autorizó? ¿Qué se hizo posteriormente desde el año 2012 a la fecha?".

Abogado

Por su parte, el abogado de la Municipalidad de Dalcahue, Marcos Velásquez, comentó que "la empresa Corcovado tuvo dos resoluciones de calificación ambiental que le autorizaban los sistemas de tratamientos de lodos, y además tenían una resolución que los autorizaba para una disposición transitoria de residuos peligrosos. El año 2012 fue la última fiscalización que tuvieron y aplicación de multas por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), después de eso ellos abandonaron el vertedero sin hacerse cargo de los vacíos ambientales".

Respecto a los objetivos que persigue la acción interpuesta por el consistorio dalcahuino, el jurista explica que "el año pasado en alguna otra región aplicaron multas de 1.500 millones de pesos. Nosotros estamos pidiendo que, uno, se fiscalice lo más pronto posible; dos, que se apliquen multas y que, tercero, se exija al titular hacerse responsable del vacío ambiental en Mocopulli".

En tanto, la SMA comunicó que "el artículo 47 de la Ley Orgánica de la SMA indica que la denuncia formulada, que cumpla los requisitos establecidos, originará un procedimiento sancionatorio cuando, a juicio de la Superintendencia del Medio Ambiente, esté revestida de seriedad y tenga el mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer de oficio la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y, si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al interesado".

Intendente llamó a participar en consulta

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Como parte del inicio de la primera etapa de la Consulta Indígena, que ya consideró actividades en la provincia, el intendente Harry Jürgensen llamó a las comunidades indígenas de la región a participar.

"Cualquier norma que se pretenda modificar o aplicar obliga a la autoridad a consultar a los pueblos indígenas cuando les afecta esta norma y aquí se trata de evaluar una norma que está en vigencia hace más de 26 años. Naturalmente, lo que se hace es un análisis ciudadano de los efectos que ha tenido y es por eso que se inicia el proceso de Consulta Indígena en todo el país", señaló

Asimismo, enfatizó que "se han instalado mentiras en la opinión pública. Lo que se pretende con la Consulta Indígena es conocer la opinión de las personas que llevan apellidos indígenas, respecto a un tema muy importante que es la propiedad de la tierra. Por ejemplo, si esta propiedad puede ser a nombre de las personas o solamente a nombre de comunidades o títulos colectivos".

Añadió que también se quiere saber "si es preferible que estos títulos de propiedades puedan ser arrendados en beneficio de las rentas de las personas que componen la comunidad, o las personas que tienen esos títulos de dominio correspondiente. Además, incluye la consulta si es positivo que estas propiedades sean transables, pero dentro de la misma comunidad, de tal manera que estas personas no pierdan nunca el terreno".