César Cárdenas Ruiz

En el Teatro Municipal Mauricio de la Parra se llevó a cabo un encuentro de diálogo en el marco de la denominada Consulta Indígena, organizada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), instancia en la que participaron diferentes comunidades huilliches de Ancud y Quemchi, finalizando de este modo la primera etapa del proceso realizado en el Archipiélago.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador provincial, las seremis de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en calidad de observador.

Este procedimiento busca conocer la opinión de los nueve pueblos originarios que existen a lo largo de Chile, para introducir cambios a la Ley Indígena (19.253), normativa que fue diseñada en el primer Gobierno de la ex Concertación, en la década de los '90.

Son en total 11 las medidas propuestas que fueron compartidas con los presentes y que, en el caso de Ancud, contaron con un rechazo total de parte de los comuneros que fueron partícipes de esta jornada.

Betty Comicheo, representante de la comunidad de Caipulli, consideró que tales puntos deberían apuntar a las reales necesidades del mundo indígena. "Todos los pueblos originarios de Chile están rechazando la consulta, diciéndole al Gobierno que no queremos esta consulta porque no nos preguntaron, porque no hubo un proceso antes de", esgrimió.

Similar opinión es la de Santos González, coordinador de distintas organizaciones indígenas del norte del Archipiélago. "El rechazo pasa porque no supieron enfocar esta consulta, porque para mí, primero tendrían que habernos preguntado a nosotros 'dónde nos apretaba el zapato', no como se hace todo el tiempo en Santiago, dentro de cuatro paredes y de ahí lo traen a la ciudadanía, en este caso a los huilliches, y eso ya no sirve", comentó.

Entre los medidas más cuestionadas por los dirigentes están, por ejemplo, la número 5, la cual permitiría la venta de tierras indígenas entre indígenas a partir de los 5 años contados desde su entrega. Otro punto que genera suspicacias es el 10, el que aprobaría que las asociaciones indígenas puedan ser constituidas por un mínimo de dos integrantes.

más asociaciones

Al respecto, Orlando Ayancán, cacique mayor de comunidades indígenas del territorio de Ancud, expuso que "constituir asociaciones con dos integrantes no corresponde; imagínese, aquí en Ancud podemos sembrar de asociaciones, más encima se dice que podrían participar de proyectos, imagínese, ni siquiera las que están hoy día alcanzan algunos proyectos que salen".

Sumó el líder de Coñimó-Lamecura que "lo otro es también del tema de las tierras, donde hay un resguardo de que un peñi (hermano) que saque subsidio de tierra no lo puede vender en 25 años que es lo que está, aquí se está proponiendo que sean 5 años desde la entrega del subsidio, y eso tampoco es posible".

En representación del Ejecutivo estuvo en la cita la seremi de Gobierno, Ingrid Schettino, quien manifestó que "es importante que la gente se informe sobre propuestas que el Gobierno ha presentado desde un trabajo intersectorial, y ellos van a tener la oportunidad de escuchar, de hacer consultas y eso va a quedar todo reflejado en un acta, este es el primer paso".

9 pueblos originarios reconoce la legislación en nuestro país.

Un castigo de cinco años y un día tras las rejas arriesga un delincuente que fue capturado por la policía luego de perpetrar el un robo con intimidación a un vecino en dependencias de una institución financiera.

Según explicó el fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, los hechos ocurrieron el último fin de semana cuando una persona realizaba un giro en un cajero automático de BancoEstado de esta misma ciudad.

"Un sujeto que ingresó a dicho lugar lo intimó con un arma, un elemento cortante, señalándole que le entregue plata del cajero. La persona le entrega un dinero, 150 mil pesos, y huye del lugar", relató el profesional.

Añadió la fuente que el delincuente fue seguido por la víctima, visualizando hacia donde huyó junto a Carabineros lograron capturarlo luego de esconderse al exterior de unas cabañas, a unos tres cuadras del lugar del atraco.

Además, al imputado se le encontró el dinero y el elemento utilizado para la comisión del hecho, un cortapapeles, quedando en prisión preventiva con un tiempo de investigación de 60 días.

"Este delito tiene un pena de crimen que va de los cinco años hacia arriba. De hecho, en algunos casos podría llegar hasta los 20 años. Claro, acá no hubo lesiones, tal vez no hubo extensión del mal causado porque el dinero fue recuperado, pero es un delito grave", justificó el persecutor.

El imputado es proveniente de Viña del Mar y tiene antecedentes penales por diversos delitos.