Pedro Bárcena González
Por constituir un peligro para la seguridad de la víctima, un obrero quedó preso tras ser formalizado por violación, desacato y hurto. Los tres delitos tienen una víctima en común: su expareja. Incluso, al interior de la vivienda de la mujer de 54 años, en Quellón, se habrían cometido los ilícitos.
Los antecedentes entregados por la propia vecina, en la guardia de la Sexta Comisaría de Carabineros local, activó el procedimiento que permitió dar con la captura del sujeto de iniciales J.C.A.C. (46).
Tal como explicó el teniente Fernando Silva de esta unidad base, la afectada dio cuenta que las agresiones de connotación sexual sufridas en su hogar y la sustracción de un monedero con 130 mil pesos. Junto con entregar la identidad del sospechoso, reveló sus características físicas, lo cual fue clave para dar con su ubicación.
"Personal de la población y efectivos de la SIP (Secciones de Investigaciones Policiales) se encargaron del dispositivo, encontrando al imputado en calle Balmaceda con Pinto Lagarrigue, donde fue sometido a un control de identidad", aclaró el oficial.
Durante la fiscalización el isleño habría arrojado el monedero y en su poder se incautaron 121 mil pesos, que correspondería al dinero de la víctima. Con esta evidencia fue detenido y puesto a disposición de la justicia.
La legalidad de la aprehensión fue acreditada en audiencia realizada en el Juzgado Mixto de Quellón, donde la fiscal Karyn Alegría encausó al encartado por el delito sexual, el quebrantamiento de la prohibición de acercarse a la vivienda de la ofendida y la apropiación del dinero.
Argumentos
A su vez, la persecutora solicitó la cautelar más gravosa, no solo por el riesgo que constituye la libertad del imputado para la mujer, sino también porque tiene antecedentes delictivos anteriores. La gravedad y naturaleza del delito de violación fue otro argumento para que se decretara esta precautoria.
En tanto, el defensor Israel Yamaguchi reveló dentro de la dinámica del caso, que los intervinientes presentaban varios episodios de agresiones mutuas y que el delito sexual no estaría acreditado.
"No existe una prueba de ADN u otro antecedente que complemente la única declaración de la víctima", apuntó el abogado, sumando que su representado desconocía la persecución por esta supuesta violación.
Igualmente, el profesional está analizando la opción de apelar ante el tribunal de alzada para modificar la prisión preventiva, "ya que no hay datos suficientes sobre la existencia del delito y la participación de mi representado", insistió Yamaguchi.
60 días se extenderá la indagatoria por esta causa formalizada en Quellón.