Pedro Bárcena González

Lejos de calmarse las aguas por la acusación contra reclusos de planear hace casi un mes una fuga desde la cárcel de Castro, nuevas aristas se han sumado al caso. Un tercer recurso de amparo rechazado en su favor, el apoyo de una diputada para que sean retornados a la Isla y el abandono de su huelga de hambre constituyen los más recientes alcances.

11 condenados y tres imputados son los involucrados en este intento de evasión, descubierto el 29 de mayo pasado. Un forado en el techo del taller laboral del Centro de Detención Preventiva (CDP) castreño alertó sobre el hecho y gatilló el traslado de todos estos internos al Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

Desde el lunes 3 de junio se mantenían los sentenciados en protesta por su derivación de penal, la que calificaban como "una decisión ilegal y arbitraria". Primero, permanecieron sin ingerir alimentos ni agua, para luego seguir en huelga líquida. 22 días estuvieron en esta condición. Más de 10 kilos bajaron por esta drástica movilización en espera de una respuesta de la justicia.

Los internos acudieron a varias instancias para regresar a la unidad penitenciaria castreña. La última se analizó ayer en audiencia de cautela de garantías en el Juzgado de Garantía de la capital regional, donde nuevamente se rechazó el amparo que buscaba esta medida de fondo.

No obstante, como aclaró la abogada particular Daniela Bustos, quien representa a ocho de los condenados que sustentaron este requerimiento, el fallo sí acogió parcialmente algunos de sus postulados.

"Se determinó que Gendarmería debe responder en un plazo de cinco días sobre el traslado de módulo de los internos", acotó la jurista, en espera que sus clientes salgan del área de alta seguridad en que actualmente se encuentran.

Asimismo, la profesional resaltó que "se abrirá una causa penal por el presunto delito de falso testimonio". Justamente, la declaración del reo que supuestamente actuó como "informante" para delatar el accionar de los "evasores" fue una de las pruebas incorporadas en este nuevo recurso.

La fuente aseguró que el testimonio inicial de esta persona no tendría sustento, siendo entregado como evidencia en un documento electrónico. "Nosotros tenemos su versión, dando cuenta que todo lo esgrimido anteriormente es falso, con su puño y letra", sostuvo.

Con esta investigación penal y sus conclusiones, la abogada espera interponer un nuevo amparo, esta vez en la Corte de Apelaciones puertomontina.

Por su parte, el alcaide del CDP castreño, Carlos Olavarría, valoró la confirmación de la legalidad en los procedimientos realizados. "El traslado es una facultad privativa de la institución con internos condenados. Así lo estipula la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile", manifestó.

Oficios

En tanto, la diputada Jenny Álvarez (PS) se reunió con parientes de los reclusos para conocer el caso, oficiando la entrega de información a instancias de Gendarmería, Ministerio de Justicia y Gobierno.

"He solicitado que se realice una investigación al respecto y que en ese período de tiempo los reos involucrados sean trasladados a la cárcel de Castro y que se les permita estar más cerca de sus familiares, ya que según los antecedentes que manejamos nada justificaría su traslado", apuntó la legisladora.

Además, la parlamentaria no descartó solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja que reciba a los familiares para exponer la situación humanitaria en que se encuentran los trasladados.