Pedro Bárcena González

Impactado por la realidad que exhibe el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro se mostró el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, en su inspección al recinto en el marco de una breve visita a la capital chilota. No dudó en señalar que tras recorrer el lugar "uno se va con el corazón roto".

El personero recorrió talleres, cierres periféricos, dormitorios, el gimnasio y otras instalaciones, ratificando la necesidad de reponer este establecimiento, que además se encuentra enclavado en pleno centro de la ciudad.

"Es una realidad muy compleja -la del penal isleño-, con hacinamiento innegable y que hay que abordar, aunque no es el único recinto de Chile con estas características", esgrimió el abogado, agregando que esta unidad puede ser considerada en el plan de reposición penal que se estudia para el país.

"El Presidente anunciará un plan de infraestructura carcelaria al 2030, con distintas prioridades. Castro es una de las cárceles que preocupa y la opción de construir una nueva está en análisis. No me puedo comprometer con que será incluida, pero es una cárcel que nos preocupa y podría ocurrir", recalcó la fuente.

Dentro de los planes que se están barajando para disminuir la sobrepoblación del penal -actualmente alberga 146 internos y el límite es 106- está destinar el CDP para su fin primario, recibir imputados; o bien, el proyecto anhelado hace décadas: la construcción de un complejo provincial.

Eso sí, esta última iniciativa no alcanza más allá que un "sueño", que solo incluye por ahora gestiones administrativas sin tener avances materiales concretos. Es más, el propio subsecretario reconoció que desde Gendarmería a nivel regional existen "planes que se están analizando", aunque todo sería a largo plazo.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, quien también estuvo dentro de la comitiva que recorrió la cárcel castreña, aseveró que Ossa aceptó su invitación. "Vio la realidad carcelaria en Castro y tuvo conocimiento de las iniciativas que se están barajando, todo para que las peticiones tengan sustento, imagen, y no sean solo letras en un papel", dijo. Todo ello en el marco de sus esfuerzos por construir un nuevo centro penitenciario.

En tanto, el alcaide del CDP de Castro, Carlos Olavarría, reconoció las falencias existentes, advirtiendo que estas afectan tanto a los internos como a los funcionarios, siendo estructurales como de insumos.

"Buscamos alternativas de solución y ya fue presentado por la autoridad este anhelo y esperamos que se concrete la construcción de una nueva unidad", acotó el capitán.

El oficial manifestó que por años se han explorado las opciones para mejorar las condiciones de los infractores de ley. "Acá la solución macro es pensar a futuro en un establecimiento que se proyecte de 50 a 80 años por la cantidad de internos que debe albergar, como adolescentes, mujeres y con segregación de condiciones sexuales diversas", puntualizó.

Mejoras

Bajo estas condiciones, los avances que puede tener el penal están más que acotados. Como explicó el alcaide, dentro de las iniciativas se encuentran la ampliación de la escuela penal, para luego mejorar la oficina de estadísticas.

"También viene un proyecto para levantar un lugar de almacenamiento de víveres, como mejorías a las dependencias de los funcionarios que cumplen turnos de 24 horas", detalló el gendarme.

Aprovechando la fugaz estadía en la capital chilota del subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, familiares del bombero Jorge Mancilla, cuya muerte no se aclara hace más de una década, concretaron una reunión con el personero en la Gobernación de Chiloé.

Los parientes del quellonino, quien desapareció el 20 de mayo del 2006 en el sector Díaz Lira de Queilen y cuyos restos óseos fueron hallados en noviembre del 2008 a 5 kilómetros de ese lugar (Quemay), están buscando las formas de agilizar las diligencias de la causa. Con manifestaciones y gestiones a nivel de autoridades han metido presión para encontrar respuestas.

Como explicó Yuri Mancilla, hermano de la víctima, en el encuentro solicitaron que el abogado pueda mediar para que las pericias que restan y las que se soliciten a futuro en el Servicio Médico Legal de Santiago, donde se hallan las osamentas, puedan ser aceleradas.

"Podemos esperar hasta unos seis meses más la entrega del cuerpo, pero siempre y cuando se hagan todas las pesquisas. Jorge ya está 11 años en el SML, por lo cual pedimos que se agoten todas las instancias para que definitivamente la causa sea caratulada como homicidio", explicó el vocero.

Para los cercanos del transportista, su deceso está relacionado a un asesinato. Unas diligencias habrían determinado indiciariamente la intervención de terceros (análisis mecánico de vestimentas que presentaban ocho cortes que explicarían una muerte violenta), pero no a modo de conclusión. Por ello, aguardan que todo el trabajo que resta apunte a ratificar esta hipótesis.

"Queremos que nos asesoren para ver qué otro peritaje se puede hacer", aclaró el vecino, apuntando a las eventuales pericias que pueda solicitar Vivian Bustos, la especialista forense del Labocar y el SML que está elaborando el informe criminodinámico.

Coordinación

Por su parte, el subsecretario Ossa reconoció haber tenido contacto con el fiscal de la causa, Enrique Canales, añadiendo que como "jefes" del SML, "estamos en la total disposición de cualquier diligencia que la Fiscalía ordene. La haremos lo más rápido posible y de la mejor manera para que se avancen en estos plazos que es casi un escándalo que se haya demorado tanto".

El jurista recalcó que la familia del bombero "quiere perseverar en algunas diligencias y como Ministerio de Justicia, el SML hará todo lo posible para que se llegue a la verdad".

Incluso, la fuente sostuvo que el Servicio Médico Legal "tiene que asumir todo lo que ha demorado", para que ahora se puedan encontrar respuestas.

11 años han permanecido los restos del bombero en el SML de Santiago.