En reclusión nocturna domiciliaria quedó la imputada del fatal accidente ocurrido la noche del 24 de junio de 2018 en Ñiucho, comuna de Dalcahue, donde perdió la vida Bárbara Gallardo Barría (25).

La semana pasada se reformalizó a la mujer por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones leves, discutiéndose ayer las medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitaba la prisión preventiva de la imputada.

El fiscal Luis Baría indicó que además de debatir la precautoria, se expusieron otros antecedentes que hay que revisar en la causa, entre ellos eventuales hechos que podrían constituir obstrucción a la investigación.

Procedimiento

"Hay situaciones que hay que revisar en el procedimiento. Concurrió personal de Carabineros que no se había señalado en el parte policial, hay diferencias en si existía o no alcohol en el sitio del suceso", enfatizó el persecutor.

"Concurrió personal de la SIP, estuvo personal de Sipolcar (Sección de Inteligencia Policial de Carabineros), estuvo el capitán de Carabineros, en el lugar en esa época y debemos establecer qué fue lo que ocurrió, por qué fue que no se informó esa situación al fiscal de turno, vamos a ver si es que hay algún otro tipo de delito en ese hecho", agregó Barría, reiterando que "puede configurarse obstrucción a la investigación".

Agregó el abogado que "se pidió la prisión preventiva, pero la magistrado estimó que en atención a las características de la víctima, las circunstancias de la gravedad de sus lesiones -perdió la visión del ojo derecho- y que no tiene antecedentes penales, no correspondería la prisión preventiva, pero sí reclusión nocturna, arraigo nacional y retención de licencia de conducir".

Eduardo Burgos Sepúlveda eduardo.burgos@laestrellachiloe.cl

A casi seis meses desde que se hiciera pública una denuncia por abuso sexual en contra del alcalde de Puqueldón, Pedro Montecinos, y cuya indagatoria está en fase desformalizada, nuevos alcances emergen del caso.

Esta vez fue el Partido Socialista de Chile el que criticó el escenario institucional que enfrenta el político. A través de una declaración el partido volvió a condenar hechos asociados a delitos de connotación sexual.

A ello, agrega el documento, se suma la calidad de funcionario público que ostenta el imputado, ante lo cual "nos encontramos ante un hecho absolutamente condenable, por ser las personas que ostentan estos cargos depositarios de la confianza de la ciudadanía".

Igualmente, lanzaron que "lamentamos el silencio cómplice del Sename y en especial de las autoridades de Gobierno de la región, que a la fecha no se han pronunciado ante esta grave y vergonzosa acusación en contra de un alcalde de sus filas".

Respondiendo a estos dardos, la directora regional del Servicio Nacional de Menores, Lilian Peña, enfatizó que "esas acusaciones no son efectivas, de hecho el Ministerio Público es quien lleva este tipo de investigación, no es el Sename quien investiga".

La personera dijo que a partir de la denuncia el servicio activó su programa de apoyo jurídico y familiar a favor de la víctima.

La representante de este organismo protector del menor en la región sentenció que este tipo de procesos indagatorios "son complejos y muy serios que no se pueden ventilar ni exponer públicamente con el propósito de proteger, tanto a los niños que están involucrados como otras víctimas".

Peña recalcó que el Sename actúa de forma diligente ante las denuncias de abuso sexual infantil.

Personal marítimo se perfecciona en procedimientos delictuales en Chiloé

Con el objetivo de potenciar sus conocimientos y colocarse a la par con la labor de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile es que una treintena de funcionarios navales se capacitó en procedimientos de carácter delictual.

El perfeccionamiento realizado en dependencias de la Gobernación Marítima de Castro abordó materias vinculadas al trabajo en el sitio del suceso y las primeras diligencias investigativas.

Responsabilidad

Daniel Ramírez, teniente de la máxima sede naval en la provincia e instructor, expuso que la policía marítima tiene la responsabilidad de actuar sin previa orden judicial en diligencias en temas como levantamiento de evidencias, entre otras pesquisas.

"Fueron 43 horas teóricas y prácticas y el resultado es satisfactorio, los policías tuvieron herramientas que les permiten fortalecer sus fiscalizaciones, interactuar con los fiscalizados, vieron materias de seguridad pública y cómo abarcar las investigaciones policiales", apuntó el oficial naval.

La fuente mencionó que con la entrega de las herramientas los funcionarios "podrán trabajar los sitios del suceso a través de la criminalística. Se le entregaron kits".

La capacitación consideró materias administrativas judiciales, funciones investigativas en accidentes portuarios, partes policiales, prevención del delito y fiscalización del recurso salmón.

El programa contó además con la presentación del fiscal del Ministerio Público de Castro, Enrique Canales y el jefe del OS-7 de Carabineros, capitán Javier Krause.