Una querella criminal en contra de la funcionaria de iniciales Y.R.M.B. y contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, presentó Yessica Avendaño, abogada de la empresa estatal CorreosChile.

La acción judicial obedece luego que se descubriera en junio, en una auditoria en la oficina de Ancud de la firma, una diferencia de dinero entre las ventas efectuadas por la sucursal chilota y las ingresadas a las arcas de la compañía por un monto de cinco millones 959 mil 153 pesos que no están en caja. Tal fiscalización la realizó Paola Emhardt, jefa regional de sucursales de CorreosChile.

Según explicó la abogada en su acción judicial, se configurarían características típicas de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude cometido por empleados públicos y apropiación indebida, sin perjuicio de otros ilícitos que pudieran comprobarse durante la investigación que ya está en curso en la comuna del Pudeto.

"Se solicitó al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Código Procesal Penal, la práctica de las siguientes diligencias: orden amplia de investigar para ser tramitada e informada por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, además de citar a prestar declaración al tenor de los hechos referidos en el cuerpo de esta presentación", estipuló.

En este sentido, Avendaño exhortó que la empresa cuenta con diversas sucursales a nivel nacional, a las cuales se realizan periódicamente auditorías a fin de verificar los niveles de ventas, de personal, entre otros temas.

Además, CorreosChile cuenta con un sistema de ventas de los servicios postales.

"Al momento de efectuar auditoría anteriormente señalada, (Emhardt) detectó una diferencia entre las ventas efectuadas por la sucursal y las ingresadas a las arcas de la empresa de CorreosChile, arrojando un faltante de $5.959.153", se indicó en la querella.

El escrito añadió que "dado lo anterior, se procede a consultar a doña Y. R. B., jefa de sucursal de Ancud, quien procede a señalar que la razón de esta diferencia es debido a que sustraje dinero de caja mayor, el cual fue realizado de forma paulatina y en reiterados meses".

En la misma querella se inscribió que en el artículo 239 del Código Penal que quien comete este delito y es empleado público y que en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, será sancionado.

"Incurrirá en las penas de presidio menor en su grado medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del 10 al 50% del perjuicio causado", se especificó.

Empresa y fiscalía

En este sentido, CorreosChile ratificó a través de un comunicado que está desarrollando las acciones legales correspondientes para a esclarecer la pérdida de estos millonarios recursos desde la sucursal del norte de la Isla Grande.

"CorreosChile presentó la querella pertinente tras conocer el hecho ocurrido en la sucursal Ancud, ubicada en Pudeto 210. Junto con la acción judicial interpuesta, la empresa entregó a las autoridades todos los antecedentes que permitan esclarecer los hechos a la brevedad", recalcaron desde la administración central.

En tanto, el fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, aseveró que se está desarrollando las diligencias pertinentes por este caso, luego que se concretara la denuncia correspondiente.

"Se presentó en estos días una querella al respecto y se están instruyendo las diligencias y se hace con la Brigada de Delitos Económicos, y no se pueden entregar muchos antecedentes porque se está investigando", sentenció el abogado del organismo persecutor.

"Se presentó en estos días una querella al respecto y se están instruyendo las diligencias".

Javier Calisto,, fiscal jefe de Ancud."

$5 millones 959 mil son los recursos que se habrían sustraído.

La factibilidad de explorar algunas alternativas o herramientas de financiamiento para abordar la crisis financiera de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud comprometió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Lo anterior surgió durante un encuentro realizado la tarde de ayer tras recibir el secretario de Estado al alcalde Carlos Gómez (indep.), al diputado Gabriel Ascencio (DC), la concejala María Luisa Rojas (DC) y al jefe de finanzas de la entidad sostenedora, Onorino Ojeda.

Gómez planteó a Larraín la compleja situación económica de la administración comunal que se ha agudizado por la crisis de la basura y los traspasos de fondos al plano de la Educación.

El edil ancuditano precisó que "esta situación quedó en manos del ministro para estudiar alguna factibilidad, algún mecanismo que nos permita ayudarnos como municipalidad a través de esta situación tan difícil que estamos viviendo".

Mientras tanto, la concejala María Luisa Rojas valoró la gestión del diputado Ascencio que "permitió exponer al ministro de Hacienda la crisis financiera por la que cruza la corporación y eso se agradece".

Por su parte, el parlamentario por el distrito 26 hizo ver el riesgo que implica este problema económico que afecta a la entidad municipalizada a cargo de la educación pública y la atención primaria en salud.

"Si esta situación no se arregla, me temo de que vayamos camino al colapso financiero del municipio por una deuda que tiene que ver con la corporación", advirtió el congresista.