El expresidente peruano Alejandro Toledo fue detenido ayer en Estados Unidos a raíz de una solicitud de extradición ligada a la corrupción desplegada por la constructora brasileña Odebrecht, informaron las autoridades estadounidenses y peruanas.

El Servicio de Alguaciles Federales arrestó a Toledo (2001-2006), quien fue presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la portavoz de la entidad, Nicole Navas, el magistrado ordenó que se le mantuviera bajo custodia hasta que se celebrara una audiencia el viernes. La fiscalía peruana informó en su cuenta de Twitter que el arresto se logró a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional "como parte del proceso orientado a lograr su retorno".

Un juez peruano ordenó en 2017 capturar a Toledo por 18 meses en una investigación preliminar por cargos de lavado de activos y corrupción ligados a Odebrecht.

La investigación de un equipo de élite del persecutor peruano afirma que Toledo habría recibido hasta 20 millones de dólares para que durante su gobierno la constructora brasileña obtuviera jugosos contratos para construir una vía que conecta Brasil con Perú, cuyo costo aumentó de forma desproporcionada con el paso del tiempo.

Heriberto Benítez, el abogado en Lima de Toledo, dijo a la radio local RPP que la detención del expresidente "no significa que haya sido aprobada su extradición".

El jurista indicó que la defensa intentará probar que en Perú existe una persecución política y una politización de la justicia contra Toledo, un argumento que también usó el exmandatario Alan García (2006-2011), quien se suicidó en abril antes de ser detenido por la policía en otra investigación ligada a la corrupción de Odebrecht.

James Rodríguez, un experto en Perú en temas de extradición, expuso al canal de TV peruano N que con la detención preliminar de Toledo con fines de extradición en Estados Unidos se ha iniciado el proceso para traer de retorno a Lima.

"El juez en Estados Unidos puede ordenar una fianza económica considerable o si encuentra peligro procesal, podría ordenar el ingreso de Toledo en una cárcel", resaltó el experto. Sumó que la defensa peruana debe probar "la actividad criminal" de Toledo en los delitos de lavado de activos y corrupción.

Redacción - La Estrella

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticó duramente al segundo Gobierno de Michelle Bachelet por la estrategia que siguió frente al contagio con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el país. Ello, tras conocerse un informe de ONU Sida que revela que el país lidera la tasa de nuevos contagios.

"Me parece que no hubo una sintonía con los tiempos. A pesar de que toda la evidencia decía claramente que la estrategia fundamental, como lo había dicho ONU Sida, era lograr que la gente supiera que vivía con el virus, se siguió insistiendo en campañas añejas, anticuadas, que no apuntaban a lo fundamental, cosa que recién empezó a pasar hace un año y medio", sostuvo el jefe del Minsal, quien ayer dio cuenta de las cifras para Chile del reporte mundial del VIH 2019 del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONU Sida). El informe contiene datos reportados por los países en 2018.

El ministro sostuvo que "lo fundamental es lograr que la gente que vive con VIH lo sepa" y en este sentido agregó que "perdimos cuatro años".

"Hablo del Gobierno anterior, que siguió con el fetiche del condón y no en una estrategia firme de ofrecer más diagnósticos para avanzar en que la gente que es seropositiva lo sepa", precisó Mañalich.

El informe de la ONU indica que 71 mil personas viven con el VIH en Chile, lo que implica un aumento de cuatro mil respecto de 2017, cuando había 67 mil. Para el período 2010-2018, Chile es el país de América Latina cuya tasa de nuevos contagios anuales más creció: un 34%.

Del universo de personas que viven con el VIH, 61.660 han sido diagnosticadas. Además, 45.140 de quienes viven con el VIH reciben tratamiento, es decir, 6.140 más que el año anterior, pasando de 39 mil en 2017 a 45.140 en 2018. Mientras, las personas seropositivas con carga viral suprimida o indetectable son 39.690. Según el informe, el 13% de las personas con el virus ignora su situación.

Evaluación

Para el ministro de Salud, los resultados igualmente son positivos, porque dan cuenta de que las acciones emprendidas para aumentar la pesquisa de casos van en la dirección correcta.

Añadió que el informe sostiene que la velocidad con la que surgen nuevos casos está disminuyendo. Además, dio a conocer el compromiso de la cartera en relación al VIH/Sida. "Nosotros queremos que esta epidemia esté erradicada en Chile para el año 2030 y para eso tenemos que lograr que el 1 de diciembre del año 2020 hayamos cumplido con 90-90-90, que es el compromiso que tomamos".

"Necesitamos toda la colaboración para permitir a esas personas que viven con el virus lo sepan, para que accedan al tratamiento gratuito mediante el AUGE, y una vez que estén en tratamiento, todos tengan una supresión viral. Esto significa que no solo se previene que desarrollen sida, sino también que no transmitan el VIH".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó el objetivo de llegar al 90-90-90: "Esto quiere decir que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado. De estas, que el 90% estén en tratamiento, y que del 90% de estas personas tengan una carga viral indetectable, que son personas que tienen una enfermedad crónica y que no van a transmitir el virus".

Para cumplir esta meta, el Minsal impulsa estrategias en tres ejes.

4.000 casos más hubo en 2018 respecto de 2017, llegando así a 71 mil personas que viven con VIH en Chile.

61.660 personas han sido diagnosticadas entre quienes viven con el VIH en Chile. Reciben tratamiento 45.140.