Desechando de plano la sindicación de un conductor de colectivos como perteneciente a la línea 3 de Castro, quien está siendo indagado por un presunto abuso sexual a una adolescente, dirigentes de este trazado como del gremio salieron al paso de las primeras informaciones por este caso.

El imputado, J.C.C.V. (53), fue encausado el lunes pasado por este delito y desde entonces, como afirmaron José Miguel Quiroz, presidente de la Línea 3, y Lucy Gómez, titular de la Federación de Taxis Colectivos de Castro, los alcances de la situación han afectado el normal desempeño de estos transportistas.

"Descartamos tener a alguna persona con esas iniciales, ni dueño ni chofer en nuestra línea", aclaró el directivo, sumando que "no tuvimos antecedentes con Carabineros por este caso".

Es más, la fuente aclaró que "conocemos al imputado y podemos señalar que no pertenece a nuestra línea".

Confianza

Por su parte, Gómez enfatizó que el objetivo es aclarar los antecedentes para recuperar las confianzas de los usuarios.

"Los dirigentes se preocuparon de revisar uno a uno los socios y conductores y no corresponde a esta línea. Que la gente esté tranquila, puesto que los dirigentes están revisando a todos los conductores", explicó.

Asimismo, la líder gremial recalcó que están tomando todas las medidas "para que tanto los usuarios como los conductores estén más resguardados". La investigación de la causa se encuentra abierta y se suma a otras denuncias realizadas por pasajeras a otros pilotos por este mismo tipo de tocaciones al interior de los móviles.

Pedro Bárcena González

Lo que parecía un rutinario procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en Quellón -ilícito más frecuente en la comuna- terminó en los últimos días con amplios alcances penales y administrativos. Incluso, desde el mismo tribunal se ofició indagar la actuación policial.

Una denuncia por un altercado al interior de una casa en calle Independencia, en el ingreso norte de la ciudad, movilizó a personal de la Sexta Comisaría de Carabineros local. La dueña de casa de origen colombiano acusaba a su pareja, de la misma nacionalidad, de una serie de destrozos. Un incidente que implicó la intervención de al menos cuatro uniformados.

Ante la compleja reducción del imputado se pidieron refuerzos que finalmente lograron controlar al joven, quien fue puesto a disposición de la justicia.

Como explicó el fiscal subrogante Piero Buscaglione, se acreditó la legalidad de la aprehensión y en la misma audiencia "se formalizó una investigación por daños simples en VIF, un delito de maltrato de obra y otro de amenazas a Carabineros".

Todo ello, puesto que en el complejo operativo uno de los funcionarios resultó con un corte de 3 centímetros en su oreja izquierda que fue atribuido al accionar del encartado.

El persecutor invocó las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los efectivos policiales. Sin embargo, el magistrado Pablo Farfán no decretó medidas precautorias. Una resolución que se basó en la intervención de la propia pareja del imputado.

La joven compareció en la audiencia prestando declaración sobre cómo sucedieron los hechos, denunciando una seria de irregularidades en el proceso de detención.

Es más, como detalló el defensor Mauricio Díaz, quien representó al extranjero, su conviviente "señaló que todo fue producto de un estado nervioso de ella, puesto que pensó que el imputado había destruido su pasaporte".

Además, la mujer expuso que el actuar de los carabineros habría sido excesivo. Esta denuncia fue ratificada por el detenido, lo que activó las nuevas aristas en este caso.

"Dentro de la información presentada se da cuenta que mi propio representado fue el que llamó a Carabineros. Además, indicó que lo golpearon", enfatizó el jurista. Incluso, la jefa de hogar acusó el extravío de dinero desde el interior del inmueble.

Apremios

Bajo este escenario, el sentenciador ordenó remitir los antecedentes a la Prefectura de Carabineros Chiloé y Palena, "a fin de que se inicie la investigación administrativa por la responsabilidad que le pueda corresponder a los funcionarios a cargo del procedimiento, en cuanto a configuración inadecuada de una causal o hipótesis de flagrancia; uso de fuerza excesiva en el proceso de detención, y apremios ilegítimos durante la detención del imputado".

Por 90 días se extenderá la indagatoria y, como explicó el fiscal Buscaglione, "con estos nuevos antecedentes se encomendó a la PDI investigar los hechos", con el objeto de transparentar las pericias por esta causa cuyos ribetes pueden extenderse a la formulación de otros y más severos cargos.