Pedro Bárcena González
Lo que parecía un rutinario procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en Quellón -ilícito más frecuente en la comuna- terminó en los últimos días con amplios alcances penales y administrativos. Incluso, desde el mismo tribunal se ofició indagar la actuación policial.
Una denuncia por un altercado al interior de una casa en calle Independencia, en el ingreso norte de la ciudad, movilizó a personal de la Sexta Comisaría de Carabineros local. La dueña de casa de origen colombiano acusaba a su pareja, de la misma nacionalidad, de una serie de destrozos. Un incidente que implicó la intervención de al menos cuatro uniformados.
Ante la compleja reducción del imputado se pidieron refuerzos que finalmente lograron controlar al joven, quien fue puesto a disposición de la justicia.
Como explicó el fiscal subrogante Piero Buscaglione, se acreditó la legalidad de la aprehensión y en la misma audiencia "se formalizó una investigación por daños simples en VIF, un delito de maltrato de obra y otro de amenazas a Carabineros".
Todo ello, puesto que en el complejo operativo uno de los funcionarios resultó con un corte de 3 centímetros en su oreja izquierda que fue atribuido al accionar del encartado.
El persecutor invocó las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los efectivos policiales. Sin embargo, el magistrado Pablo Farfán no decretó medidas precautorias. Una resolución que se basó en la intervención de la propia pareja del imputado.
La joven compareció en la audiencia prestando declaración sobre cómo sucedieron los hechos, denunciando una seria de irregularidades en el proceso de detención.
Es más, como detalló el defensor Mauricio Díaz, quien representó al extranjero, su conviviente "señaló que todo fue producto de un estado nervioso de ella, puesto que pensó que el imputado había destruido su pasaporte".
Además, la mujer expuso que el actuar de los carabineros habría sido excesivo. Esta denuncia fue ratificada por el detenido, lo que activó las nuevas aristas en este caso.
"Dentro de la información presentada se da cuenta que mi propio representado fue el que llamó a Carabineros. Además, indicó que lo golpearon", enfatizó el jurista. Incluso, la jefa de hogar acusó el extravío de dinero desde el interior del inmueble.
Apremios
Bajo este escenario, el sentenciador ordenó remitir los antecedentes a la Prefectura de Carabineros Chiloé y Palena, "a fin de que se inicie la investigación administrativa por la responsabilidad que le pueda corresponder a los funcionarios a cargo del procedimiento, en cuanto a configuración inadecuada de una causal o hipótesis de flagrancia; uso de fuerza excesiva en el proceso de detención, y apremios ilegítimos durante la detención del imputado".
Por 90 días se extenderá la indagatoria y, como explicó el fiscal Buscaglione, "con estos nuevos antecedentes se encomendó a la PDI investigar los hechos", con el objeto de transparentar las pericias por esta causa cuyos ribetes pueden extenderse a la formulación de otros y más severos cargos.
Prefecto
El prefecto de Carabineros de Chiloé y Palena, Antonio Alonso, confirmó que "está en curso una investigación administrativa que busca esclarecer los hechos, tomar declaraciones, levantar medios de prueba, ver registros gráficos, imágenes de comisaría (Quellón)", aseveró. 10 días hábiles hay para desarrollar estas pericias.
Además, explicó los alcances que se generan cuando las víctimas por VIF se retractan. "Hay que partir de la base que Carabineros no llega por arte de magia ante la petición de la persona que está siendo agredida, tienen la obligación de ingresar al domicilio", apuntó, sumando que en este caso el dispositivo fue complejo. "El imputado es muy violento, dejó a un carabinero con lesiones en una de sus orejas y provocó daños en el cuartel policial, rompió una reja, golpeó el vehículo policial. Hubo que reducirlo entre varios carabineros", concluyó.