Redacción

El superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, anunció ayer que ya se abrió un expediente de caducidad a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) debido al corte de suministro de diez días que se registró en Osorno, entre otros incumplimientos.

Durante la entrega de resultados de la investigación por el vertimiento de petróleo en el sistema de producción de agua potable, ocurrido la madrugada del 11 de julio, Rivas confirmó el inicio de dos procesos en contra de la compañía.

A Essal se le acusa de incurrir en "hechos de mayor gravedad por su duración y repercusiones", como poner en riesgo la salud de la población, entregar información inexacta, no cumplir con las instrucciones de la SISS en cuanto a la atención de la emergencia, plazos y distribución alternativa. Ello, además, de incumplimiento en la calidad y continuidad del servicio.

Por estos cargos, la empresa arriesga multas que en total podrían superar los $2.500 millones, "monto que podrá ser definido una vez que termine el período de descargos de la empresa".

El superintendente añadió que la empresa tiene diez días para hacer sus descargos una vez que es notificada, mientras que desde el inicio del expediente corren veinte días hábiles.

El superintendente sumó: "El informe que se le podría entregar al Presidente de la República por supuesto que contempla toda la información que hemos recopilado hasta la fecha, pero podría tener más información (que el expediente de la SISS) dependiendo de lo que aporte la empresa sanitaria y de lo que nosotros pudiéramos seguir investigando".

Rivas acotó que este proceso no tiene relación con la compensación que debe hacer Essal a los usuarios de Osorno por los días sin agua potable, en lo que los vecinos no pagarán el servicio durante los primeros meses. "Las compensaciones corren por otro camino, eso lo está llevando a cabo el Sernac", afirmó.

Sin requisitos

Essal anunció que se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria para el proceso administrativo "buscando establecer con claridad que no ha existido intención de afectar a nuestros clientes y no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno", dijo en un comunicado.

A través de un comunicado, agregó que esta situación que afectó a los habitantes durante diez días "no es representativo de la labor que a diario realizan los trabajadores de nuestra empresa".

Además, manifestó su apego y respeto a la institucionalidad vigente, así como a la Ley General de Servicios Sanitarios que rige en Chile. "Independientemente del proceso abierto por parte de la Superintendencia, seguimos trabajando para robustecer la empresa y mejorar su gestión. El compromiso de Essal es continuar trabajando con esmero para entregar un servicio de calidad a nuestros clientes", concluyó.

Serios impactos psicológicos y la vulneración de 17 de sus derechos sufren los niños de Quintero y Puchuncaví debido a la contaminación por las actividades industriales que se desarrollan ahí, según concluyó un estudio elaborado por la Defensoría de la Niñez y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso.

En la investigación participaron 50 menores que fueron atendidos en la red asistencial. El informe establece que la cotidianeidad de ellos ha sido perjudicada por los cambios que han vivido por el miedo que sienten tras la crisis medioambiental de 2018.

"No existen garantías mínimas de derechos, al no poder resguardar espacios de esparcimiento. Se pierde la playa como un lugar de disfrute y los lugares de naturaleza se tornan ámbitos que se extinguirán y donde no pueden disfrutar sin temer por su salud", dice el texto.

También concluye que, en materia ambiental, "el derecho a ser escuchados" de los niños y adolescentes "no ha sido considerado de modo específico". Y añade que "el Estado ha generado condiciones de inequidad ambiental" para los menores de la bahía.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, acusó que el Estado no ha respondido en su rol garante de derecho, apuntando a los ministerios del Medio Ambiente y Educación. "Esperamos que existan medidas que mejoren las condiciones de salud y de vida de los niños y niñas de ese lugar", aseveró.