Para las 9.30 horas de mañana está fijada en el Juzgado de Garantía de Castro la audiencia de formalización de la investigación en contra del alcalde de Puqueldón, Pedro Montecinos (independiente de Chile Vamos) por un delito sexual contra una menor de 14 años.

La oficialización de la indagatoria por parte del Ministerio Público se hará tras meses de pesquisas realizadas de forma desjudicializada por especialistas de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal (SML)

Entre las diligencias que se efectuaron se incluyen tomas de declaraciones de testigos para reconstruir la dinámica de los hechos, luego de que la madre de la presunta víctima interpuso la denuncia en Carabineros de Puqueldón.

Otra de las pericias desarrolladas fue el análisis de electroingeniería de una grabación de supuesta conversación telefónica entre el imputado y la madre de la menor de edad en la que se reclama el supuesto ultraje. Además, en ella la voz masculina amenaza con suicidarse si es denunciado.

Pese a la insistencia, el alcalde de Puqueldón pro UDI no respondió su teléfono a los llamados de este medio de comunicación.

Aunque los hechos por los que se formalizará a Montecinos corresponderían a marzo de 2017, la denuncia ante la policía fue en enero de este año, siempre en territorio lemuyano.

Eduardo Burgos Sepúlveda

El Tercer Tribunal Ambiental (3TA), emplazado en Valdivia y con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, escuchó ayer los alegatos de las partes involucradas en la reclamación efectuada por miembros de la Comunidad Williche Alto de Fundo Gamboa, la que persigue se declare ilegal una resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos (Coeva).

El origen del reclamo radica en que la Coeva Los Lagos rechazó la solicitud de invalidación interpuesta por los comuneros que buscaba dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental (RCA) que aprobó tras una declaración de impacto ambiental (DIA) el proyecto "Línea de transmisión 220 KV Chiloé Gamboa de la empresa Sistema de Transmisión Sur S.A. (STS)", el que es parte de una iniciativa mayor por 41 millones de dólares.

En este contexto, los chilotes piden al 3TA que acoja la solicitud de invalidación y que el proyecto sea evaluado a través de un estudio de impacto ambiental (EIA) y una consulta indígena, es decir, no solo por una declaración.

En los alegatos, el abogado representante de los comuneros, Jorge Marimán, expuso que "las viviendas de la comunidad se encuentran cercanas a la subestación Gamboa y que la comunidad hace uso del predio a intervenir, incluyendo los caminos de acceso".

distancias

Sumó el legista que "la nueva subestación, según expresaron (los reclamantes), se encontraría a más de 5 metros de las viviendas más cercanas, a 160 metros del Colegio San Francisco, sería colindante a la Junta de Vecinos de Gamboa Alto y a 3 metros de la infraestructura de dicha subestación se realizaría una feria costumbrista".

Marimán alegó además que dicha declaración ambiental no fue consultada con la comunidad.

Por parte de STS, perteneciente al Grupo Saesa, se desestimaron los cuestionamientos de los reclamantes, asegurando que la resolución que aprobó la DIA se ajustó a derecho y cumplió con todos los requisitos contemplados en la ley.

Juez

Iván Hunter, ministro del tribunal, señaló a la salida de la audiencia que "hemos escuchado a la parte reclamante, hemos escuchado también al Servicio de Evaluación ambiental y al tercero independiente, que en este caso es el titular del proyecto de actividad y se han planteado esencialmente tres tipos de argumentación".

Después de los alegatos se desarrolló la deliberación correspondiente, donde los jueces adoptaron un acuerdo que darán a conocer en sentencia en los próximos días.