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Encausan por supuestos abusos sexuales infantiles a alcalde

En el Juzgado de Garantía de Castro se realizó la audiencia contra el jefe comunal de Puqueldón, quien declinó referirse a la indagatoria que se realiza en su contra. Quedó con cautelares en el medio libre y sin prohibición de ejercer.
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Pedro Bárcena González

Con más de 40 minutos de antelación y acompañado de su abogado particular, llegó ayer hasta el Juzgado de Garantía de Castro el alcalde de Puqueldón, Pedro Montecinos Montiel (ind. pro UDI), para enfrentar el inicio de la investigación formalizada en su contra por un caso de delito sexual infantil. Una indagatoria que se encausó, quedando con cautelares en el medio libre.

A las 8.56 horas ingresó el edil a la sala dos del tribunal de calle Galvarino Riveros para conocer los antecedentes de los organismos acusadores, quienes lo vinculan a una serie de supuestos ultrajes contra una menor en la misma isla Lemuy. Un hecho que remeció a la provincia y cuyos alcances se multiplicaron por un audio filtrado en las redes sociales, de una supuesta conversación entre la madre de la víctima y la autoridad.

Por casi una hora se extendió la audiencia encabezada por la magistrada Jesica Yáñez, en la que presentó los antecedentes del caso el fiscal adjunto de Castro, Fernando Metzner, en reemplazo de su símil de Quellón Karyn Alegría -se encuentra con licencia médica-, quien tiene la causa y que instruyó el grueso de las pesquisas desjudicializadas que se extendieron desde enero de este año, cuando se materializó la denuncia en Carabineros de Puqueldón.

El defensor particular, Humberto Águila, confirmó a la salida del tribunal que su cliente fue formalizado por abuso sexual de menor de 14 años y de mayor de 14 años. Se trataría de al menos dos hechos y la misma afectada, quien actualmente reside en la capital regional.

Prohibición

Asimismo, el fiscal Metzner explicó que en la audiencia la jueza decretó la prohibición de informar, "lo que involucra que no me puedo referir a lo que se realizó -en la sesión judicial-, o bien solicitudes de la misma", por lo cual se excusó de entregar detalles de lo sucedido.

Al concluir la audiencia, el alcalde abandonó la sala bajo el aplauso de más de una quincena de partidarios que llegó al tribunal y que buscó conocer detalles de la sesión. Sin embargo, por resolución de la sentenciadora, la formalización se desarrolló sin público.

Raudamente salió del juzgado el edil sin referirse al procedimiento judicial que se inicia en su contra. Solamente escuetos "estamos tranquilos" y negativas a contestar preguntas se esbozaron hasta que ingresó a un vehículo para retirarse del lugar.

Por su parte, Águila, quien asumió el patrocinio en esta causa en las últimas horas, ratificó que se impusieron precautorias de menor intensidad que no restringirán el ejercicio de su labor.

"Se decretaron 120 días para investigar y dictaron como cautelares la prohibición de acercarse a la víctima, el arraigo nacional, como también la firma mensual (ante la autoridad)", expresó el jurista, sumando que no se discutieron mayormente los presupuestos materiales de la causa.

Junto con destacar que el alcalde se encuentra tranquilo y agradecido del respaldo de la comunidad que se apersonó en la sala judicial, el defensor aseveró que solicitarán numerosas diligencias para sustentar su teoría del caso, la cual no adelantó pero que estaría referida en la inexistencia de los ilícitos y de la participación del isleño en los mismos.

"Se pedirán muchas pericias, como sicológicas, más testigos que comparezcan. Hay harta prueba que entregar", apuntó el profesional a la salida del tribunal.

Querella

En tanto, Karen Gómez, abogada del Programa de Reparación y Justicia dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), quien representa a la escolar en el plano jurídico, luego de presentar querella recién este jueves, analizó los alcances de la cobertura integral que se está prestando a la niña.

"La causa ingresó derivada del Juzgado de Familia de Puerto Montt que entregó la curaduría de la causa que faculta para representar a la víctima en todas las aristas que se abran por esta indagatoria", sostuvo la fuente.

En Puerto Montt, especialistas del mismo programa se encuentran desarrollando la terapia reparatoria de la adolescente, quien tiene vigente una medida de protección legal.

Asimismo, la profesional resaltó que el Sename realizaba el seguimiento del caso después que se divulgaran datos por las redes sociales y que se formalizó la intervención judicial con la querella. Como agregó, con este requerimiento "esperamos contar con mayor cantidad de antecedentes para poder fundar nuestra pretensión de forma más clara y objetiva".

Dentro de este despliegue, se espera tener contacto con la menor, el cual se encuentra restringido dentro del proceso de reserva y resguardo que tiene por los alcances de la causa.

"La parte proteccional está a cargo del programa pero en Puerto Montt que tiene contacto fluido con la madre y la niña, nosotros por radicación de la causa de materia penal la representamos desde acá (Chiloé). En instancias más avanzadas tendremos contacto con ellas", manifestó Gómez.

"Se pedirán muchas pericias, como sicológicas, más testigos. Hay harta prueba que entregar".

Humberto Águila,, defensor particular."

Recopilación de datos

Desde el 4 de enero, cuando se interpuso la denuncia en el Retén de Carabineros de Puqueldón, comenzaron las pericias desjudicializadas por esta causa que finalizaron a mediados de julio.

La fiscal de Quellón, Karyn Alegría, sustanció el grueso de las últimas diligencias, señalando en su oportunidad que las pesquisas testimoniales fueron las últimas en desarrollarse. Junto a ellas, se sumó el informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud. Ya antes emanaron tanto las conclusiones por la credibilidad del relato y daño de la menor, como también los resultados de las pericias de electroingeniería al audio filtrado de una presunta conversión entre el edil y la progenitora de la niña. Todas estas conclusiones ayudaron a sustentar la formalización de la indagatoria que da paso a nuevas acciones investigativas.

15 años tiene actualmente la menor víctima de los presuntos ataques.

2017 año en que se situaron los primeros hechos abusivos contra la escolar.