Luis Contreras Villarroel

Una querella criminal por la figura de apremios ilegítimos se hizo efectiva ayer tras el desalojo por parte de la fuerza pública en el fundo Los Millanes, en el sector San Antonio de Huelden, al noreste de la ciudad de Ancud y comuna de este mismo nombre, y que terminó con cuatro mujeres detenidas.

El recurso legal fue ingresado al Juzgado de Garantía local con el patrocinio de la abogada de las comunidades huilliches, Orieta Llauca, a partir de los acontecimientos gatillados durante el retiro de este domingo de quienes ocuparon el predio la tarde del sábado último. Una toma con la que los comuneros volvieron a rechazar la posibilidad de la instalación de un vertedero sanitario en el lugar.

La profesional explicó que la acción de carácter legal va dirigida hacia los representantes de las instituciones estales involucradas en el desalojo: el gobernador provincial Fernando Bórquez; el jefe de la Prefectura de Carabineros de Chiloé y Palena, coronel Antonio Alonso, y el seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos, Jorge Moreno.

La abogada esgrimió que este recurso busca que se instruya una investigación dentro de la cual "podamos demostrar que la violencia que se aplicó es innecesaria; se busca, por un lado, que se condene este tipo de conductas. Hay que tener claro que por más que un funcionario policial esté participando de un procedimiento policial, no lo faculta la ley para cometer delito".

La jurista enfatizó que este trámite apunta directamente a los tres representantes de las instituciones que ordenaron o ejecutaron el desalojo. "Van en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos. ¿Por qué? Ya que consta en un audio de prensa que el seremi de Bienes Nacionales fue el que llamó al gobernador y le pidió que emita la orden de lanzamiento; el gobernador procedió a dictar la orden, y el coronel a ejecutarla", resumió Llauca.

En este mismo escenario, la querellante precisó que la expulsión desde el potrero de San Antonio de Huelden dejó finalmente a nueve personas lesionadas. El domingo se habían reportado solo siete personas heridas por parte de los mismos comuneros, con un diagnóstico de carácter leve, mientras la policía reconocía lesiones "propias de la detención" en las cuatro aprehendidas. La mayoría de los casos fueron vistos en el Cecosf de Chacao, mientras que una dirigenta debió ser llevada al Hospital San Carlos de Ancud.

A su vez, durante la mañana de este lunes personal de Fuerzas Especiales de Carabineros detuvo a tres comuneros por ocultación de identidad. La propia jurista aseguró que en la acción los vecinos habrían sido "golpeados" por los funcionarios, siendo llevados más tarde hasta la Tenencia en Chacao. Por este nuevo suceso Orieta Llauca adelantó que sumará una nueva querella criminal.

Tanto los aprehendidos del domingo como los de ayer fueron liberados.

Durante la tensa jornada, siempre en San Antonio de Huelden, se hizo presente el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Mauricio Maya.

REACCIONes

La acción legal en representación del pueblo huilliche de la zona norte de Ancud encontró una rápida respuesta por parte de las autoridades ejecutantes del desalojo desde el predio del Ministerio de Bienes Nacionales y que las etnias ahora reclaman su tenencia legal.

Uno de los aludidos es el jefe de la Prefectura de Carabineros N°26 Chiloé, coronel Antonio Alonso, quien se defendió de las imputaciones argumentando que los funcionarios actuaron de acuerdo a la ley.

"No podemos interpretar la norma y tampoco podemos entrar a negociar porque no es el trabajo nuestro, si se produce un delito flagrante por ley estamos obligados a reestablecer el imperio del derecho; si interponen querellas nuestros abogados tendrán que contestarlas y se verá en tribunales", esgrimió el prefecto.

Por su parte, el representante del Presidente de la República en la provincia, Fernando Bórquez, igual se defendió frente a la toma de decisión adoptada y que terminó con el desalojo del predio Los Millanes.

El político respaldó que "hay una ley que tengo que resguardar como gobernador de la provincia, no soy nadie para decir que alguien no presente una querella, lo que hemos hecho es que en un sitio fiscal hubo una ocupación, una flagrancia, y en ese sentido tengo que cumplir con la ley".

La autoridad sintetizó que cumplió con un mandato por corresponder el recinto a "un bien de uso público".

Mientras tanto, el seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, expuso que aún no ha sido notificado por la vía correspondiente de esta acción legal.

"Lo único que ha trascendido o recibido es una llamada telefónica de la abogada Orieta Llauca señalándome que se iba a querellar en mi contra, pero no tengo mayor información al respecto; hay que esperar que si esto fue así, sea notificado en conformidad a la ley", subrayó el secretario regional ministerial.

SONDAJE

En tanto, una máquina de sondaje de la Dirección Regional de Vialidad ingresó ayer al terreno en discusión para realizar los sondajes que determinarían la factibilidad para instalar un depósito comunal provisorio.

El gobernador Bórquez denunció la existencia de problemas en un puente que lleva hacia el predio, dificultades atribuidas a la acción de terceros. "Tenemos un puente que no está en condiciones, los camiones aljibes tienen que pasar con agua, hay seis vigas cortadas", detalló.

Sobre lo mismo el jefe de planificación del Gobierno Regional, Heinz Kusch, agregó que "fueron cortadas algunas vigas, vamos a tener que entrar a reparar y llamamos a la comunidad a que nos ayuden a preparar estos estudios".

El hecho fue denunciado a la Fiscalía Local de Ancud.

A su vez, la zona del predio en discusión se mantenía al cierre con presencia policial. De hecho, ayer se vio el ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros en Chacao.

"Queremos demostrar que la violencia que se aplicó es innecesaria".

Orieta Llauca,, abogada querellante."

Cristina Soto, dirigenta huillicha

"Están las imágenes claras contra las mujeres, contra las personas adultas, mi mamá es una adulto mayor y fue la primera mujer a la que maltrataron y de allí el resto de las lamien que también hicieron resistencia, pero también las golpearon , todo esto tiene un peso legal (...) usaron la fuerza desmedida", acotó.

Fernando Bórquez, gobernador provincial de Chiloé

"Estamos cooperando al alcalde para sacar un tema de salud pública y pido que ojalá no tengamos que utilizar la fuerza pública para hacer un sondaje, para llevar un camión aljibe o para hacer alguna intervención, lo que queremos es solucionar un problema que compete a toda la comuna", dijo.

"En un sitio fiscal hubo una ocupación, una flagrancia y, en ese sentido, tengo que cumplir con la ley".

Fernando Bórquez,, gobernador de Chiloé."

Carlos Gómez, alcalde de la comuna de Ancud

"Quiero ser categórico con toda la comunidad que aquí hubo diálogo, aquí se informó y escuchó a las comunidades, sus dirigentes, juntas de vecinos, caciques; todos ellos estuvieron en esta mesa en reunión con el gobernador y equipos técnicos donde se les informó lo que se iba a realizar", subrayó.

3 personas más fueron detenidas la jornada de ayer en el norte de la Isla.