Un fallo en primera instancia dictó el Juzgado de Letras de Castro en contra del Servicio de Salud Chiloé al condenarlo a pagar más de $15 millones por un acto de negligencia médica.

La sentencia del organismo de justicia respondió a una demanda indemnizatoria por daño moral presentada en mayo de 2017 por una mujer, quien denunció un cuestionable procedimiento en el Hospital San Carlos de Ancud. Una compresa quedó alojada en su abdomen, siendo el inicio de un verdadero calvario por más de tres años.

El caso se remonta al 6 de diciembre de 2012, cuando la mujer acudió a dar a luz al recinto del norte de la Isla. Una cesárea fue la vía empleada para el parto de su hijo, el cual nació sin problemas.

El fallo determinó que "luego de la cesárea, sufrió diversas dolencias en su parte abdominal y que presentaba náuseas, vómitos y malestares similares en forma periódica en esa parte de su cuerpo. Señala que el año 2014, se le produjo una vaginitis aguda, donde su útero se encontraba inflamado y con abundante flujo".

Añadió el escrito que el 29 de julio de 2016 "se le practicó una cirugía denominada 'laparotomía exploratoria en el Hospital de Castro, oportunidad en que se le extrajo un cuerpo extraño, que correspondía a una compresa alojada en su cuerpo. Relata que, luego de la operación, la evolución fue de manera positiva".

Demandante

Para el abogado demandante, Julio Álvarez, los sucesos expuestos y establecidos durante el proceso investigativo arribaron a la conclusión "que olvidar una compresa o gasa durante una cesárea a la que fue sometida en el Hospital de Ancud implica una negligencia médica".

"Entendimos lo que había allí era una falta de servicio, es decir, el órgano estatal no actuó, debiendo hacerlo, o el órgano estatal actuó de forma deficiente o indebida, o actuó de forma tardía; en este caso el tribunal dijo que el Hospital de Ancud había actuado de forma deficiente o indebida", subrayó el jurista.

Desde el Servicio de Salud Chiloé se respondió escuetamente que su área jurídica no ha sido notificada a partir del fallo dictado por el tribunal de la capital provincial.

Luis Contreras Villarroel

El conflicto social por un eventual vertedero transitorio para la comuna de Ancud en San Antonio de Huelden hizo que diputados de la zona de distintas bancadas llevaran a solicitar explicaciones y acercamiento de posiciones ante el Congreso Nacional.

La detención de cuatro mujeres durante el cuestionado desalojo de este domingo desde el predio Los Millanes por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros incidió en las reacciones de legisladores de oposición.

Fue así que la diputada socialista Jenny Álvarez exigió explicaciones claras de distintas autoridades, tanto de Gobierno como de la policía y el municipio.

La exgobernadora expuso la importancia de que diversos organismos del Estado expliquen bajo qué parámetros se ha estudiado la opción de concretar este proyecto sanitario que por mantiene enfrentados a comuneros y entidades públicas.

"A esto me refería con que se trataba de un conflicto que no solo podía ser abordado desde el enfrentamiento entre municipalidad y comunidad. Hay otros factores en juego y, por lo mismo, desde el Congreso Nacional he presentado un oficio con el fin de que las autoridades nacionales y regionales den cuenta de la documentación y antecedentes que dieron razón a que se pensara en este lugar como para la instalación del 'relleno' sanitario", afirmó la parlamentaria.

Tal documento menciona a la titular del Ministerio del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; al ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward; al propio director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Meleg; al alcalde de Ancud, Carlos Gómez, y el gobernador provincial de Chiloé, Fernando Bórquez.

En cuanto al alto mando de Carabineros la parlamentaria subrayó que el general director Mario Rozas "debe proporcionarnos una explicación, porque a la luz de las imágenes que circulan por redes sociales y las propias denuncias de los comuneros huilliche, hubo uso desmedido de la fuerza y muy especialmente contra mujeres, lo que me parece gravísimo".

DIÁLOGO

En tanto, crear una mesa de diálogo con la participación de indígenas, otros vecinos y autoridades es la propuesta que el diputado decé Gabriel Ascencio llevó al hemiciclo.

De acuerdo al falangista, él hizo eco de la preocupación que le expresó el obispo emérito de Ancud, Juan Luis Ysern, a partir de los violentos acontecimientos registrados el domingo último en San Antonio de Huelden y la necesidad de salvaguardar los intereses sociales y medioambientales de las comunidades indígenas.

"Me preocupa que la autoridad actúe de esta forma haciendo oídos sordos a las quejas de los vecinos de Ancud y en su lugar se les reprima", calificó Ascencio en su intervención.

El político agregó que "por estos motivos solicito a la Cámara de Diputados oficiar al gobernador de Chiloé, a los seremis de Salud y Medio Ambiente y al alcalde de Ancud, Carlos Gómez, con el objeto de solicitar, de acuerdo a la petición de monseñor Juan Luis Ysern, la creación de una mesa de diálogo en conjunto con vecinos, pueblos originarios y expertos en materia medioambiental".

A su vez, el diputado por la zona del Partido Liberal, Alejandro Bernales, igual apeló a conversar para zanjar el conflicto social por la vía pacífica.

"Llamo al intendente, a los alcaldes a que se pueda armar una gran mesa de diálogo para que sean escuchados los vecinos y sean parte de las soluciones", lanzó.

El político frenteamplista criticó el discurso del nivel regional del Gobierno sobre participación ciudadana, comparando situaciones del continente y de la Isla Grande.

"Se hace participación ciudadana para ver si una escultura ('Sentados frente al mar', en Puerto Montt) va a salir, pero no se hace para algo tan relevante como es el tema de la basura en Chiloé", cerró Bernales.