
Políticos y movimiento de la zona reaccionan tras dichos de brasileño
El expresidente de la constructora OAS, la misma que integró el Consorcio Puente Chacao, afirmó, en el marco de un acuerdo de colaboración con la justicia, que el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intermedió entre la empresa y los gobiernos de Bolivia, Costa Rica y Chile, y pidió una donación de recursos para la última campaña de Miche-lle Bachelet.
La afirmación consta en la propuesta de cooperación judicial firmada por el empresario Léo Pinheiro, la que fue compartida por fiscales de la operación Lava Jato en un grupo de WhatsApp y a cuyo contenido accedieron el portal The Intercept Brasil y el diario Folha de São Paulo.
De acuerdo con el periódico, el hombre de negocios reveló a las autoridades que Lula, actualmente preso por corrupción, pidió recursos a OAS para la campaña de la entonces candidata presidencial en 2013.
Tras la solicitud, el empresario habría determinado el pago de 101,6 millones de pesos chilenos (hoy unos 143 mil dólares) para "el interés de la campaña de Bachelet". Este valor, afirmó, fue depositado a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Asociados, ya que OAS temía perder la adjudicación de una obra para la construcción de un puente al sur de Chile.
La constructora, de acuerdo a los medios brasileños, había hecho ver su temor a Lula, quien tenía previsto viajar a suelo chileno para dar una conferencia.
Según Pinheiro, el líder brasileño habló con el expresidente Ricardo Lagos, quien le garantizó que el consorcio de OAS conservaría el proyecto. Fue a continuación que Lula pidió dinero a OAS para la campaña de Bachelet, el que habría sido entregado una vez concluida.
Durante la tarde de ayer, la fiscal de alta complejidad Ximena Chong, a cargo de las indagatorias de los vínculos de OAS en el país, reconoció la existencia de un contrato por 100 millones de pesos entre OAS y una empresa del exrecaudador de campañas de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli. Esto, precisó, antes de la suscripción de un contrato en los primeros meses del segundo Gobierno de Bachelet.
Mientras, Cristián Arias, abogado de Martelli, descartó "categóricamente" aportes de OAS a la campaña de Bachelet.
lagos y abbott
Ricardo Lagos, consultado por La Tercera PM, se refirió al caso: "Yo nunca he hablado de platas con Lula (...). Y menos el 2013, cuando yo ya no era Presidente. Esto es lo más insólito que me ha pasado. Pero lo encuentro insólito, nada más".
Sobre Pinheiro, expuso: "Dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pregúntele al señor Lula si él ha hablado de platas conmigo. No le puedo decir más yo". Sobre si conoce al expresidente de OAS, sostuvo: "No recuerdo haber tenido -fui ministro del MOP de este país y después fui Presidente de Chile-, no recuerdo haber tenido relación. Tuve mucha relación con muchos empresarios de este ámbito. Con brasileños, ninguno. Así de claro".
Recordó que Odebrecht tenía oficinas en Chile, pero que no sabe si aún las mantiene esa firma, y planteó que este escándalo nunca había tocado a Chile como a los otros países "porque en Chile no hay ese nivel de corrupción".
El fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que desde Brasil se comunicó que "no es posible enviarnos las declaraciones de don Léo Pinheiro", pues el Tribunal Supremo aún no ratifica el acuerdo de delación con la Fiscalía. "Una vez que ese acuerdo tenga la aprobación respectiva, se nos dará la información. Para nosotros, hasta ahora, esta información es un trascendido de prensa", añadió.
Recalcó que hay que seguir con la investigación "para establecer la efectividad de ese financiamiento y hacer los reproches penales que corresponden a las personas que se vean involucradas, sean estas quienes sean, porque nadie está por sobre la ley".
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Pinheiro está detenido desde 2016 y acusó a Lula de recibir un departamento a cambio de favores políticos a OAS, proceso por el cual el expresidente fue condenado y está preso en Curitiba.
Por ese caso, el exmandatario cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión, aunque enfrenta otra condena de 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar.
Sobre las informaciones divulgadas por Folha de Sao Paulo, la defensa de "Lula" afirmó que "la mentira negociada es la estrategia de Lava Jato" para perseguirlo políticamente.